La rendición de cuentas del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) correspondiente al año 2025, arrojó datos actualizados que recogemos aquí a manera de contribución al conocimiento de la estadística institucional ya que pocos fueron los resultados de la gestión netamente institucional revelados en el evento realizado el 9 de abril.
La única data de gestión arrojada fueron US$ 1.649.770 que se han invertido en equipos especializados para la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, y los US$ 770 926 en equipamiento tecnológico para la gestión de fiscalización y el tan esperado sistema de manejo integral de gestión minera (Sigmin) anunciado hace 7 años con financiamiento de un préstamo del BID por 2,6 millones de dólares, que por fin el año pasado se puso en ejecución.
Además, 210 mil dólares usados para beneficiar a 120 mujeres del Ministerio, de la Arcom, del IIGE y de la Empresa Nacional Minera, en liderazgo de mujeres en el sector minero, sea lo que sea que entienden por liderazgo.
Todas las inversiones, fuera del préstamo no reembolsable, suman US$ 1.859.770, lo que equivale a un 1,5% del presupuesto ejecutado del MAE, US$ 123,87 millones. Esta cifra, a su vez, corresponde a un 86,5% de porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para el 2025 de 143,62 millones. Sí, US$ 143,6 millones para la cartera de Estado que gestiona siete sectores estratégicos del país.
Los datos en derechos mineros se presentaron en forma global, no los datos de las concesiones otorgadas con catastro cerrado durante el año 2025, en el cual se abrió el sistema de petición de concesiones, después de 8 años, y tras una parcial recepción de solicitudes para minería no metálica, que crearon nuevos derechos de petición, este se volvió a cerrar sin fecha definida de reapertura. Tampoco se presentaron datos sobre la prolongada ya por 7 años «depuración» del catastro ni la fecha de entrada en operación de la nueva plataforma tecnológica para el Sigmin.
El acuerdo 0012-AM tiene como principal novedad la obligación de transportar el concentrado de cobre en contenedores herméticos. El Acuerdo 0013-AM tiene que ser nuevamente reformado según establece el Decreto 273. El Acuerdo 0007-AM se ha demorado tanto en ser de utilidad, que la Enami EP no logra todavía la titularidad de ninguna de las concesiones prometidas a Barrick, Hanrine y Solaris.
Lo más importante del año: el nuevo reglamento a la ley de minería
En la parte que trató sobre la modificación de normativa minera durante el 2025, vagamente se habló de la más importante reforma que firmó el Presidente de la República el 31 de diciembre, el Decreto 273. El subsecretario Guillermo Flores apenas mencionó la simplificación de las fases de operación, la nueva distribución de regalías y la obligación de autosuficiencia energética.
Pero, como todo lo relacionado con los temas sensibles, prefirió omitir el tema de fondo y sus detalles: la nueva metodología en la fórmula de cálculo de las regalías para todos los regímenes. No es de extrañar, el trabajo no se hizo en el MAE, sino en Finanzas y vino como obsequio de Navidad directamente del FMI, sí, del mismísimo Fondo Monetario Internacional. No podemos probarlo pero les aseguramos, pues, sorprendió a todos: gremios, mineros y estudios de abogados expertos en lobby y en redactar normativa minera, aunque la primera que regía en el Ecuador la hizo un reputado consultor chileno.
Datos que son producto de la dinámica iniciada en gestiones anteriores y a la compra de energía propia por las minas. En relación a los años 2023: US$ 3.324 millones y 2024: US$ 3.075 millones, se observa el incremento luego de que en el 2024 el país sufrió una grave crisis de energía. Las cifras de la pequeña minería son engañosas puesto que la exportación de minerales de origen ilegal se infiltra en la producción legal y el estado todavía carece de una trazabilidad efectiva.
En general, el reflejo de la misma dinámica iniciada en gestiones anteriores, con una novedad: la cifra «otros impuestos» ¿corresponde a la tasa de fiscalización minera impuesta en el año 2025? Como el gobierno dijo que la tasa no es un impuesto, no puede ser. Pero el tema sigue en demandas en la Corte Constitucional y ni en esta rendición de cuentas se ha dado la cifra de recaudación.
