La embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie Bédard, tiene 26 años en el servicio exterior de su país y trabajó varios años con pueblos indígenas -incluyendo cinco en el sector privado-, para desarrollar políticas de responsabilidad social corporativa y de consultas en Canadá y Estados Unidos.
Hace algunos años hizo un MBA con especialidad en relaciones interculturales y está dos años en Ecuador, país al que “realmente quería venir».
¿Qué importancia tiene el PDAC 2020 para el Ecuador?
El PDAC –que existe desde 1932-, empezó con el desarrollo del sector de la minería en Canadá. Es un evento que dura cuatro días siempre los primeros de marzo, el año pasado tuvo 1100 expositores, 2500 inversionistas y 25800 asistentes de 132 países. Así que para Ecuador es la oportunidad de hablar de dónde está el país con el desarrollo de la minería de gran escala, cómo está el marco legislativo y normativo que puede facilitar y regularizar la inversión responsable en el país.
Cada país también tiene la oportunidad de hacer su “Día del País”. En el “Día del Ecuador” siempre hay por lo menos 200 participantes que son empresas, inversionistas, ongs, periodistas, pueblos indígenas y estudiantes.
Además, hay oportunidades para que los participantes de Ecuador amplíen sus redes y conocimientos, porque hay sesiones temáticas como “mujeres en la minería”, para las asociaciones como IWIN Ecuador y otras que tienen interés se reúnan y vean qué funcionó bien en Chile y qué podríamos hacer para desarrollar esta dimensión aquí en el Ecuador.
Lo mismo en responsabilidad social corporativa (RSC). Siempre hay uno o dos días dedicados a este tema: cómo involucrar a las comunidades de manera significativa. Lundin Gold participó el año pasado con la Federación Shuar de Zamora Chinchipe para hablar de su historia positiva al trabajar juntos y avanzar los intereses de las comunidades locales. Pero hay historias de Colombia, de África y de Asia. Así que es el gran rendez vous de todos los que tienen un interés en el desarrollo responsable de la minería de gran escala.
¿Cuándo empezó el concepto RSC y qué peso tiene en la organización de los PDAC?
Yo me acuerdo cuando trabajaba en Chile al fin de los años noventa, el término responsabilidad social corporativa estaba en sus inicios. En esa época hablábamos de dar información o ayudar con proyectos puntuales en las comunidades. Ahora, con el desarrollo de las normas internacionales como el Pacto Global, las normas de la OECD en prácticas responsables, el concepto de los derechos colectivos indígenas con la adopción en 2013 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas y la definición de consulta previa, hay una evolución y para entender lo que eso quiere decir para el desarrollo minero, el PDAC ha sido muy importante, porque a medida que las normas y prácticas cambiaban, eventos como el PDAC permitían conversarlos, entenderlos, intercambiar interpretaciones e ideas.
Hace décadas que el PDAC ha integrado esta dimensión en sus conversaciones. Yo diría que al principio los inversionistas no seguían mucho esta dimensión de los proyectos, pero ahora saben que cuando un proyecto no llega a lo que llamo una licencia social de operar, ellos van a perder su inversión.
Así que los inversionistas demandan ver el plan de responsabilidad social de una empresa, necesitan entenderlo bien y hacen muchas preguntas y eso se ve en el PDAC.
Se ha incorporado el concepto de la inversión responsable…
Sí, es lo que quiero decir. Sean grandes o pequeños inversionistas, ahora la inversión social es una parte integrante de la inversión. No es algo optativo.
¿La sociedad civil tiene un espacio en el PDAC?
Comunidades indígenas, asociaciones de mujeres, pero también ongs o el sector académico tienen un día específico. Cuando uno entiende la complejidad de una problemática no la ve como blanco o negro. Siempre queremos que las ongs y la sociedad civil participen no solo para que ellos entiendan sino para que los inversionistas también entiendan.
José Luis Palacios, docente de la EPN: “Los metales
son la base para luchar contra el cambio climático”
Noviembre de 2019.- El ingeniero José Luis Palacios Encalada es uno de los jóvenes cuadros de la docencia en la Escuela Politécnica Nacional. Tiene un Máster en Ciencias en Energía Renovable de la Universidad Carl von Ossietzky de Oldenburg, Alemania; y es candidato a doctor por el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE) de la Universidad de Zaragoza, España, con el tema de la evaluación de los recursos minerales desde un enfoque novedoso de la termodinámica. Aquí nuestras preguntas y sus opiniones:
¿Las calamidades que se asocian al cambio climático son cosas que veremos en el futuro o ya son una realidad?
Definitivamente son una realidad. Es más, ahora ya no se habla de «mitigación del cambio climático», sino más bien de «adaptación al cambio climático». Aparte de la negativa de Estados Unidos en la COP 21, otros países, en particular los países miembros de la Unión Europea, han tomado muy en serio los efectos que traería el cambio climático. Se estima que para el 2050 existirían unos 250 millones de «refugiados climáticos» debido a las catástrofes ambientales que sucederán, especialmente en lugares cercanos a las costas.
¿Las actividades extractivas contribuyen al cambio climático?
El uso de grandes camiones para el transporte de minerales, especialmente en minas de cielo abierto, contribuye; sin embargo su contribución es menor en comparación con otros sectores a nivel mundial como el transporte.
Al ser la actividad minera una actividad en la que intervienen diversos actores con intereses diferentes, considero que existen otros tipos de impactos más considerables como impactos ambientales y sociales, en particular en los sitios de actividad minera. Por tanto, aquí la legislación ambiental es vital para garantizar un impacto mínimo sobre el ambiente.
¿Los metales pueden contribuir a mitigar el cambio climático?
Por supuesto. Los metales son fundamentales para la mitigación del cambio climático. Las «tecnologías verdes» como aerogeneradores, los paneles fotovoltaicos, los autos híbridos y los eléctricos requieren de una serie de minerales, muchos de ellos irremplazables, para su fabricación y correcto funcionamiento. Es por ello que la Unión Europea, por ejemplo, anualmente publica un informe acerca de las «materias primas críticas» para su economía.
Debemos recordar que en el 2002 la Asamblea de la Naciones Unidas llevada a cabo en Johannesburgo declaró la importancia de los metales en la vida moderna. Este año 2019, las mismas Naciones Unidas han declarado el año de la tabla periódica. Ello da cuenta de la importancia de los metales en la vida moderna…
Arturo Éguez Delgado: “Pequeños mineros
deben garantizar operaciones con sus bienes personales”
Éguez habla con libertad desde la experiencia de unos 35 años haciendo no solo academia, sino práctica viva en la geología y minería en el Ecuador; y porque cree que es necesario dar a conocer permanentemente los proyectos.
Éguez es ecuatoriano y tiene una hoja de vida poco usual en el país, de esas que son difíciles de resumir. Doctor en geología por la Universidad de Paris 6, diplomado en Materias Primas Minerales por el Instituto Politécnico de Lorraine, ingeniero geólogo por la Escuela Politécnica Nacional, en donde es docente desde 1980, es autor y coautor de decenas publicaciones científicas nacionales e internacionales.
Superintendente de la empresa Sultana del Cóndor Minera S.A. desde 2008, jefe de exploraciones de Minera Cachabi y Sierra Minera, desde 1997. Consultor para supervisión de cartografía geológica del INIGEMM. Asesora al actual IIGE y es autor y coautor de los mapas geológicos nacionales y autor del Mapa Nacional de Fallas Activas y Sismotectónico.
Arturo Éguez responde porque quiere contribuir a un debate propositivo y lo hace explicando cada idea detalladamente, con estilo didáctico, como el profesor que le gusta ser. Aquí la primera parte de la entrevista.
¿Es realista afirmar que las condiciones geológicas del Ecuador son ideales para la minería de cualquier escala?
Cualitativamente el potencial minero del Ecuador es similar a todos los países andinos Chile, Perú, Bolivia y Colombia. Cuantitativamente, pese al tamaño del país, es apto para albergar yacimientos importantes como los que ya se han ido encontrado durante la última década. También varían las condiciones físicas que existen para poder encontrar los yacimientos, pero el potencial minero es válido para todo el país.
Hasta hace pocos años pensábamos que la parte sur del Ecuador era más prospectiva, pero eso es básicamente debido a las condiciones de cobertura vegetal. La parte norte tiene una cobertura de productos volcánicos muy jóvenes que cubren las rocas antiguas, que son las que sí pueden tener yacimientos minerales. Por ejemplo, el descubrimiento de la zona del proyecto Cascabel, nos demuestra lo contrario, un yacimiento muy grande en el norte del país.
Describa, por favor, el tipo de desarrollo y los factores que han permitido a la pequeña minería aportar hasta el 1,25 % del PIB.
Estas operaciones surgieron de seguir zonas mineras ancestrales en las que se encontró yacimientos, no con grandes búsquedas hechas con perforaciones y trabajos sistemáticos. Portovelo fue explotado antes de los incas, por los incas y hasta el presente. El yacimiento de Nambija se redescubrió en el año 1981 pero ya había sido explotado en la época colonial. La zona de Bella Rica se encontró casi por azar en los años 1981-1982 con el Fenómeno de El Niño, que produjo muchos deslizamientos que dejaron destapadas las vetas de Ponce Enríquez.
La pequeña minería es básicamente una minería no planificada. Al contrario de la minería grande, tiene la gran limitación de no conocer las reservas y, por supuesto, tampoco el tiempo de vida útil del yacimiento que está explotando.
Esto obviamente tiene un gran impacto sobre el riesgo de los que invierten y otro, el más terrible, es que así no puede prever financiamiento para mitigar los impactos ambientales. Decir, por ejemplo, “el 10% de lo que yo voy a sacar de esta mina voy a usarlo para mitigar los impactos ambientales que estoy causando”, porque no sabe siquiera si va a tener un ingreso para sí mismo. El rato menos pensado se le acabó su mineral y a cerrar las puertas.
Y en muchas de las operaciones como Nambija y Portovelo los impactos ambientales se han quedado ahí y seguirán quedando. Hay excepciones, por ejemplo, pequeñas operaciones formales como la de Corazón, en el noroccidente en la zona de Pacto, como la de Sultana del Cóndor, en la provincia de Zamora o como la mina de Bira en Zaruma, y una que otra más. Pero la gran mayoría de operaciones no tienen una planificación para manejar adecuadamente los temas ambientales.
La pequeña minería ha generado fuentes de ingreso, no puedo decir empleo formal, porque mucha de ella ha pasado fácilmente a la minería ilegal o a la artesanal que fácilmente no cumple los requisitos mínimos que exige el Estado en seguridad social y salarios. Cuando el gobierno anterior insistió mucho en esos temas, gran parte de lo que obtuvo fue más informalidad y solo en parte logró que ciertas empresas, las que sí podían, atiendan como debe ser a los trabajadores.
Refiérase a las condiciones adversas que ha tenido la pequeña minería para mantenerse y desarrollarse.
La pequeña minería se financia de los propios recursos que se extraen de la operación minera. Como se dice en el adagio: del propio cuero salen las correas. No hay mecanismos de financiamiento y los créditos bancarios se tienen que garantizar con los bienes personales.
Esto se debe a que el riesgo, que a toda escala es muy alto, en la pequeña minería se mantiene durante toda la vida porque no lo tiene cuantificado.
En cambio, en la gran minería el riesgo es de no encontrar nada pero una vez que encontró y planifica su explotación sabe cuánto recurso tiene y que eso puede aumentar pero no disminuir. El riesgo puede ser la baja en el precio del mercado mundial de los metales, pero no corre el riesgo de que su mineral se acabe en ocho días, que puede pasar.
Nuestros costos de explotación y exploración son muy altos por diferentes razones como la carencia de insumos, por ejemplo, todos los materiales y equipos básicos de minería, aceros y hierros duros vienen de Perú.
Algunas políticas, por otro lado, complican más la operación pequeña. El gobierno anterior, por ejemplo, le quitó a la minería el subsidio de los combustibles, uno de los rubros más caros. Los que operamos en una zona sin acceso a la red nacional de energía eléctrica, usamos generación propia con grupos electrógenos que necesitan de diésel. Al comprar el diésel al precio internacional, el costo se triplicó.
Ciertas normativas le van obligando a recurrir a lo ilegal. Por ejemplo, para transportar el cianuro se necesita un permiso especial del Ministerio del Ambiente, que es tan complicado y demora tanto, que la gente prefiere no transportarlo y hay muy pocos proveedores. Si una empresa pequeña necesita una tonelada al año es absurdo hacer el trámite de importación por ese volumen. Solo a una empresa muy grande, a una Lundin Gold que va a necesitar cianuro en grandes cantidades, le convendrá convertirse en importador para no depender del mercado.
El pequeño minero está limitado por ser pequeño y tener impedimentos legales que se aplican para los grandes.
¿Cómo describiría la normativa minera y qué tan compleja es su aplicación?
El problema de la normativa es crítico en el Ecuador. La Ley de Minería es, en muchos puntos, absurda. El gobierno anterior pretendió generar condiciones que no se aplican en ninguna parte del mundo. Algunas cosas se han ido corrigiendo con reformas.
Por ejemplo, el monto de las regalías. Para la gran minería se ha dejado un rango (entre el 3% y el 8%, antes era entre el 5% y el 8% de los beneficios netos. (NdelaR)) pero, hablando de gran minería una variación deluno por ciento es una cantidad inmensa de dinero, es un impacto enorme a nivel de producción. Que exista un rango así es una puerta abierta a la corrupción.
Otro ejemplo son las fases fijadas en la ley. Que usted tiene cuatro años para cambiarse de fase, cuando en realidad los yacimientos se han buscado durante décadas. Loma Larga, antes Quimsacocha, se comenzó a explorar a comienzos de los años 60 y recién se encontró hace 10 ó12 años.
La argumentación al respecto era una supuesta especulación con las concesiones, especulación en el mal sentido de la palabra. Pero eso se controla de otra manera, por ejemplo, con el SRI… Para citar otro ejemplo, el reglamento ambiental minero dice que los relaves son desechos peligrosos porque pueden contener elementos químicos que se han adicionado en el proceso, pero ¿qué pasa si uno no puso químicos en el proceso? La empresa Sultana del Cóndor no agrega ni un solo químico, porque aplica la recuperación gravimétrica con concentradores centrífugos. Sin embargo, los responsables del Ministerio del Ambiente dicen que se declaren como peligrosos y, después, que las empresas demuestren que no es peligroso.
El problema es que se trata de estandarizar los controles, crear formatos que se convierten en check list, que se tienen que cumplir hasta en los puntos que no se apliquen. “Si no cumple, viene la Contraloría”.
Otro ejemplo: en el sistema de gestión minera de Arcom se tienen que ingresar los datos de los equipos que usted utiliza, llámese, por ejemplo, un buldócer. Preguntan el modelo, número de serie, los detalles del tractor… Y si tengo un tractor tan viejo que ya están hasta borrados los números o el motor ha sido cambiado 50 veces, no puedo avanzar en el ingreso de los datos en el sistema, entonces, ¡yo tengo que inventarme un número!
Cuando usted va a una operación de pequeña minería, en general encuentra equipos que ni el color se puede ver, peor los números. Es difícil desmontar esas normativas. Ese tipo de controles son los que complican el accionar.
¿Qué le preocupa sobre la capacidad del Estado para aplicar la normativa en el caso de la gran minería?
No estamos preparados para ejercer un control eficiente y que no entorpezca el accionar del sector minero. Una normativa para la exportación se va a sacar de apuro…
Para conocer el contenido del producto que se va a exportar se necesita laboratorios químicos muy especializados. Aquí en el país no existen laboratorios con certificación internacional en el propio Ministerio, ni en Arcom ni en las universidades.
Entonces, lo primero que tendría que exigir si yo fuera el gobierno, es que el laboratorio esté certificado internacionalmente y, después, le pondría mis propios requerimientos adicionales. Pero no al revés.
Además, si hay posibilidades de discutir el resultado de los laboratorios y si no coinciden los resultados con lo declarado, el que exporta se hará acreedor a una multa de 20 salarios mínimos vitales. Eso viene a ser una ridiculez, una milésima parte del total, si estoy exportando 1000 toneladas de concentrado de cobre, pero si estoy exportando 2 barras de oro de 2 kilos, es casi el 10 por ciento de mi exportación.
Tampoco está claro cómo vanhacer el muestreo de los diferentes productos, cómo se van a tomar las muestras, por qué métodos se van a analizar. Que en las muestras sean analizados los contenidos de todos los metales presentes es bastante complejo, por ejemplo, una muestra representativa de una montaña de arena no es una palada.
Todo ese detalle no tiene que estar necesariamente en las normativas. Ahora es el concentrado de cobre pero, cuando tenga una barra de doré de oro ¿cómo aplico la normativa?
La experiencia enseña cómo hacer el muestreo dependiendo del producto y para eso también hay protocolos que hay que saber aplicar. Y esto no existe porque no los enseñamos en las universidades.
El Estado debió haber enviado desde hace más de un año a gente a capacitarse y darle estabilidad y no poner jóvenes recién graduados a que sean controladores de los procesos.
Las autoridades sí conocen lo que hay que hacer para controlar las exportaciones pero el detalle no es tan sencillo como el discurso. Y por supuesto no será con una normativa tipo check list, que se controlen procesos donde hay tantas variables.
Sobre la minería a gran escala que ha empezado a implementarse en el país, podría decirnos ¿en qué forma o formas podría aportar o perjudicar a la pequeña minería?
No hay una directa relación. Los perjuicios o beneficios son más bien indirectos.
Es decir, si una gran empresa está buscando un yacimiento, este tendrá que tener que ser de un tamaño y una concentración mínima, por el tema de escala. Si encuentra que el yacimiento es muy pequeño le cuesta más ponerse a explotar que dejarlo. Entonces, los indicios que queden pueden servir para que la pequeña minera se ocupe de eso. Ese sería un beneficio indirecto para el desarrollo de una pequeña minería.
En cambio, el perjuicio viene en el sentido de la generalización de la normativa y de los insumos. Por decir algo, la normativa para la gran minería se va a aplicar indiscriminadamente para la pequeña minería.
En el tema ambiental, por ejemplo, la ley dice que la pequeña minería tendrá unos requerimientos más acordes con el tamaño de la operación. Pero esto es letra muerta en la realidad. Al ser un proyecto planificado, la gran minería tiene los aspectos tributarios y ambientales totalmente financiados desde el inicio. Con todo esto, a los pequeños se les va haciendo imposible cumplir toda la normativa ambiental que se les exige a los grandes.
Tener a lado un vecino rico puede ser más bien negativo que positivo. Es el caso del campesino que vive en Cumbayá, en las afueras de Quito; y tiene su chacrita con una casita de adobe y tiene que pagar el mismo impuesto predial altísimo porque al lado suyo viven los señores dueños del Supermaxi.
Gran minería y transferencia tecnológica
Visita de campo a Lita. Asociación de Estudiantes de Ingeniería Geológica.
El decano de la Facultad de Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, Fausto Oviedo, señala que se precisa de una política pública explícita para hacer realidad la transferencia tecnológica que se espera venga de la mano de las empresas de la gran minería.
El tema se plantea como debate a raíz del inicio de las operaciones de la mina Mirador, a cargo de Ecuacorriente, que arrojará como producto final sólo concentrados para la exportación. Lo ideal en estos momentos sería la exportación de cobre fino, blíster o cátodos, si no se puede con los productos finales del cobre.
Sin embargo, señala el ingeniero Oviedo, “para el desarrollo de una ingeniería nacional que posibilite el cambio de la matriz productiva no basta la buena voluntad de un decano o del rector de la universidad.
Hay circunstancias que trascienden las realidades locales y requieren de la acción concertada de diversos estamentos comprometidos con los cambios sustanciales en la economía nacional”. En el caso del sector minero las jugadas ya están hechas y no habrá transferencia tecnológica importante.
“En realidad, debería firmarse otro contrato porque en el sector minero, desde los años en que se empezó a negociar el contrato de exploración inicial con los canadienses, se veía ya que los productos finales de la operación iban a ser los más simples, es decir, se llegaba a la trituración de la roca y su enriquecimiento y nada más. Era un trabajo elemental que no enseñaba nada a la ingeniería nacional”, afirma.
“Tiene que articularse la iniciativa privada y una política de Estado. En los convenios y en los contratos que se firman para explotar las concesiones mineras debe considerarse la contratación de mano de obra nacional y el uso temporal de la maquinaria importada, de manera que después de un tiempo racional dichos equipos pasen a mano del Estado”, propone.
El decano aclara que “en la Politécnica no formamos profesionales para lo que pueda pasar sino para atender las necesidades de la realidad”. Advierte que ello fue así desde la creación de ese centro de estudios. Claro que hay preocupación por la innovación y la investigación pero lo que más se ha hecho es formar profesionales para lo que está sucediendo.
Cuando allá por los setenta el país vivió el boom petrolero, por ejemplo, la Politécnica formó a los ingenieros que se requerían para la extracción del crudo y también para poner en marcha los planes de industrialización que acompañaron al crecimiento provocado por el oro negro. Ahora, es posible que nos quedemos rezagados…
No sería un caso extraño “y es lo que ha pasado con el vidrio. Aquí tenemos una de las reservas más grandes del mundo de sílice, materia prima para la fabricación de vidrio, pero no hay ni una sola fábrica de vidrio y tenemos que importarlo”, comenta.
Mientras se trabaja en la política pública de transferencia tecnológica en asuntos de minería, la Politécnica vive lo suyo. “Aquí nos esforzamos por romper la dependencia tecnológica y formar los profesionales que requiere el desarrollo nacional y el cambio de la matriz productiva”, finaliza el ingeniero Oviedo.
“Necesitamos un sistema regulatorio
expedito y fuerte en fiscalización”: Amparo Albán
“Tenemos muchas ventajas pero un sistema de gestión ambiental lento. En materia ambiental minera el país tiene estándares más altos de lo que exige la norma en Chile o Perú, y nuestra autoridad ambiental tiene más prerrogativas, en materia de control y de fiscalización”, dice María Amparo Albán.
Ella es abogada ambientalista, asesora de empresas, organismos, profesora universitaria y una de las personas que contribuyó desde la sociedad civil a construir la normativa ambiental en este país. Ella dice que el país tiene un sistema completo y con altos estándares de exigencia, que tenemos los técnicos y especialistas que serían suficientes para vigilar los impactos de las actividades productivas.
También que existen una serie de aspectos en el sistema de fiscalización y control ambiental del Ministerio del Ambiente (MAE) que se convierten en trabas en el sistema y que en un país con pocos recursos y mucha necesidad de vigilancia ambiental, los recursos se deberían enfocar en la fiscalización de campo y no en la papelería.
Sí, salir de la papelería, de la revisión exhaustiva de informes, de voluminosa documentación que es imposible que los técnicos puedan mantener al día. El MAE no solo tiene cada año una auditoría a los planes de impacto ambiental que aprobar a cada proyecto productivo. Tiene que revisar el cumplimiento de la normativa para que se conserve cada licencia, pero también informes trimestrales.
“En materia ambiental ocurre que nosotros tenemos pocos técnicos en el ministerio, no hay suficientes para todo lo que se tiene que revisar, no solo en materia minera. Ahí tenemos un problema de colapso de capacidades y de recursos”, dice.
“Ni los países desarrollados tienen sistemas con ese tipo de revisión exhaustiva. Bastaría con que los estudios tengan alta calidad, estén automatizados, suficiente número de muestreos, una línea base bien hecha, una serie de estándares que ya tenemos. Pero toda esa información no siempre alcanzan a verificar. Y por eso los estudios se demoran, cuando se demoran se sigue abultando y viene el represamiento y la sobrepoblación de trámites. Y la capacidad de control y fiscalización se vuelve meramente de papel, administrativa”, señala.
Ante esta situación, su propuesta consiste en introducir cambios de manera que el sistema descentralizado de gestión ambiental que está bajo la responsabilidad del MAE, traslade el acento de la fiscalización y el control al trabajo de campo de los técnicos.
“Tener un sistema eficiente depende de que los recursos se apunten en la fiscalización, es decir, que tengamos un sistema de registro de consultores calificado, formado y acreditado por el propio MAE. Que (las empresas) tengan claro qué deben tener los estudios y planes ambientales y cumplan los términos de referencia y que sean muy exigentes y que esos estudios sean revisados en lo esencial y que el sistema de aprobación no pase por 20 manos”, propone. Que el proceso de revisión sea simple, no cumple el estándar no pasa, sin ninguna subjetividad.
Sugiere un sistema más expedito aprobatorio pero fuerte en fiscalización, en donde los controles se hagan en la noche, los patrullajes y la toma de muestras, de manera aleatoria, que nadie sepa cuándo se realizan, pero si violan los estudios de impacto ambiental y los términos de referencia los involucrados se quedan sin licencia. “Ahí todo el mundo va a estar atento. O creemos y creamos una sociedad de honor, en donde las personas sepan qué deben cumplir y el que no cumple se queda afuera, o no progresamos. No podemos esperar que venga el papá Estado a buscarnos y darnos con el palo”. Y hasta que venga sigo haciendo las cosas a mi manera.
El diagnóstico de la doctora Albán, en todo caso, advierte que si la fiscalización y el control ambiental son de papel, en el terreno puede ocurrir otra cosa, a la vista de todos y sin que cause la acción oportuna de las entidades de control.
