Nueva ley da plazo a Arcom hasta diciembre para verificar inversiones en proyectos mineros
El 26 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Transparencia Social, la norma es la cuarta iniciativa calificada como urgente en materia económica, por lo que fue aprobada en menos de 30 días. Una vez publicada en el Registro Oficial, esta normativa ha reformado, entre otros cuerpos legales, la Ley de Minería.
La Ley de Minería vigente establece parámetros relacionados con las etapas mineras, los derechos y obligaciones de los concesionarios, así como el régimen de caducidad y los pagos al Estado. Con la nueva reforma, se incorporan disposiciones que modifican estos aspectos, generando cambios sustanciales en el régimen jurídico minero porque podrían incidir directamente en el ejercicio de derechos concesionales previamente reconocidos.
Cabe destacar que en la disposición transitoria décima de la nueva Ley se establece que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), tiene el término de noventa (90) días, contados a partir de la entrada su vigencia -osea del 28 de agosto fecha de su publicación en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 112- que cumplir con un reporte técnico dedicado a un grupo específico de concesiones, para que la aplicación de esta reforma se pueda hacer realidad.
En ese plazo, la Arcom, debe verificar en las concesiones mineras que hubiesen sido obtenidas a través del proceso de subasta y remate, el cumplimiento de los montos mínimos de inversión y la inversión comprometida propuesta en su postura económica y reportarlo al Ministerio Sectorial para iniciar, de ser el caso, el trámite de Caducidad.
Enlistamos aquí las demás modificaciones a la Ley de Minería, todas endurecen las condiciones para aplicar la caducidad de las concesiones:
Para pasar a exploración avanzada: con obligación de renuncia parcial de superficie y acreditación de inversión mínima.
Caducidad de derechos mineros: plazos reducidos (15 días para descargos y para subsanar).
Caducidad automática si autoridad ambiental califica daño ambiental.
El concesionario no puede renunciar a la concesión si ya existe un procedimiento de caducidad.
Los recursos administrativos y judiciales no suspenden el trámite de caducidad.
Se introduce el silencio administrativo positivo en solicitudes de exploración avanzada, con responsabilidad de funcionarios en caso de omisión.
Cumplir la inversión como requisito para el cambio de fase de exploración
Las concesiones tienen inversiones comprometidas con temporalidad fija para sus fases de exploración inicial (4 años) y exploración avanzada (4 años prorrogables a 6). Las concesiones de pequeña minería también tienen una inversión comprometida en su plan de trabajo, con un mínimo previsto en la ley, pero este cambio solo se aplica como requisito para el cambio de fase de exploración inicial a exploración avanzada, fases que no corren para este régimen.
Las concesiones con etapas de exploración inicial tienen una inversión mínima anual y también una para todo el período de 4 años.
La reforma al artículo 37 de la ley hace que además de renunciar a una parte de la superficie total de la concesión, haya cumplido con las inversiones.
Plazos más cortos para subsanar incumplimiento y evitar incurrir en causales
En la reforma a la ley en su artículo 108, las obligaciones económicas y administrativas se vuelven nuevas causales de caducidad con plazos acortados.
El período de defensa o de subsanación de causales dentro de un proceso de caducidad se reduce a 15 días, en lugar de los 60 que se establecieron en una reforma última anterior en la ley.
Asimismo, en los casos en que existan obligaciones pendientes de cumplimiento, la autoridad competente podrá disponer, mediante resolución motivada, que el concesionario subsane el incumplimiento en un plazo de 15 días, en lugar de los 45 días que contemplaba la norma vigente.
Tasas de fiscalización obligatorias entran en la ley y como causales
La reforma al artículo 110 de la ley incorpora las “tasas” como obligación de los titulares. Es decir, que no solo la falta de pago de patentes y regalías será causal de caducidad, sino también la falta de pago de la tasa de fiscalización -que se encuentra con demandas de inconstitucionalidad- y de otros tributos y tasas establecidos en la ley y su reglamento.
Las concesiones vigentes se rigen por la ley reformada
La disposición transitoria décima establece la aplicación inmediata de nuevas condiciones a todas las concesiones mineras vigentes.
Excepto las solicitudes de cambio de período de exploración que fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley que causa los cambios, es decir la Ley de Transparencia, de acuerdo a la disposición general novena, aquellas solicitudes se sustanciarán conforme a la forma, términos y condiciones bajo las cuales iniciaron dicho trámite.
La caducidad inmediata por daño ambiental determinado por la autoridad
La caducidad por daño ambiental sí existía en la ley pero el cambio significativo además de la reducción de los plazos para subsanar supuestas responsabilidades, ahora, con la fusión de los ministerios, será el mismo ministerio el que realizará la evaluación, no una agencia independiente.
Sin una agencia independiente, la misma cartera de estado hace la parte técnica, pone la sanción, notifica y determinar quién es el responsable. Cuando previamente, en el ministerio del ambiente, se podía determinar en una sanción administrativa y no necesariamente la caducidad.
Ahora, se aplicará la figura de caducidad de “pleno derecho” si la autoridad ambiental califica y notifica daño ambiental.
La caducidad en trámite no se suspende con recursos legales:
Lo que significa que el concesionario podrá ejercer los recursos y acciones legales previstos en la normativa, sin que ello suspenda el trámite de caducidad iniciado por la autoridad competente.
Debate jurídico de algunos aspectos:
Con estas reformas, se configura un nuevo marco normativo que impactará directamente en los proyectos mineros, tanto en su avance de etapas como en la permanencia de los derechos concesionales.
Se retrocede en el plazo establecido para subsanar las causales de incumplimiento respecto a la reforma última anterior de la Ley de Minería, que logró extenderse por pedido de los titulares de derechos, lo que puede dificultar subsanar un supuesto incumplimiento.
La incorporación de las tasas como obligación genera un debate en torno a la distinción entre tasa e impuesto, categorías tributarias con efectos jurídicos diferenciados.
La aplicación inmediata de las nuevas disposiciones sobre concesiones ya otorgadas plantea interrogantes respecto al principio de irretroactividad de la ley y a la seguridad jurídica.
