El gobierno retiró el apoyo a Dundee Precious Metals (DPM Metals) con el anuncio del Presidente Noboa de que el proyecto Loma larga no continuará, debido a la preocupación de la ciudadanía de Cuenca sobre el peligro de contaminación del agua del área de Quimsacocha.
Al referirse a la oposición de Cuenca al avance a la explotación aurífera en Loma Larga, el Presidente Noboa dejó sin apoyo estatal al mismo y explicó el pedido de informes técnicos a los gobiernos locales de la municipalidad de Cuenca y de la provincia del Azuay, para que sustenten el peligro de contaminación de las fuentes de agua.
Las declaraciones del Primer mandatario fueron dadas el viernes 12 de septiembre en una entrevista en el medio “La Suprema”, estación radial de Cuenca, en el marco del tratamiento de varios temas de interés sobre todo local.
En sus expresiones dejó claro que: considera que el proyecto ha cumplido con todos los requisitos y procesos legales para obtener la licencia ambiental y que al “tirar abajo el proyecto” se desacata una sentencia de la Corte Provincial azuaya y, por lo tanto, los gobiernos autónomos descentralizados, deben sustentarlo con informes. “El Estado está a favor de la decisión de los cuencanos, (pero) lo que tiene que comunicar también es que llega la cuenta en algún momento”.
En este sentido, acusó a gobiernos anteriores de haber sido irresponsables señalando el caso Chevron como causante de retraso en la negociación de aranceles con los Estados Unidos y haciendo un paralelo con el caso Loma Larga. “Perdimos en cortes internacionales 800 millones de dólares. Chevron es compañía americana… ¿De dónde es Dundee? Es una empresa canadiense. Se ha atrasado la firma del tratado de libre comercio, también por este tema, con Canadá”.
Además, sobre el costo de una posible contaminación del agua manifestó, “bueno yo no decido sobre eso. Yo estoy de acuerdo con los cuencanos que están convencidos con sus informes que esto va a contaminar. Perfecto. Solo estoy contando que en el caso que haya un problema futuro tienen que sustentar sus informes, nada más.
“Hay una altísima probabilidad de que no se dé el proyecto pero también existe una probabilidad de que haya problemas a futuro. Yo no voy a seguir con este proyecto. Es más, por eso está el comunicado. Señores del municipio y prefectura, háganse cargo. Enseñen sus informes pero si el día de mañana tienen que ir a la corte de Londres de Arbitraje a pelearse con Dundee y tienen que sustentar sus informes, capaz con un experto máximo de la Universidad de Cambridge…”.
Esas fueron sus expresiones sobre la postura que adoptara el día anterior el Gobierno publicada en el “comunicado”, al que se refirió en la entrevista. En este, pidió a la municipalidad de Cuenca y a la prefectura del Azuay que se pronuncien con celeridad y a través de informes técnicos, jurídicos y resoluciones motivadas que deberán “emitir” y adjuntar al expediente (judicial). Además, agregó que el Gobierno actuará “en consecuencia dentro del marco normativo” y “con base en la información sustentada”.
Cabe recalcar que todavía está vigente el artículo 422 de la Constitución que expresamente prohíbe ceder jurisdicción de la justicia nacional a instancias de arbitraje internacional, pero en la práctica se ha eliminado. El gobierno quiso reformar la Constitución con la eliminación del artículo para lo cual impulsó una pregunta en una consulta popular en abril de 2024. Pero la votación en esa pregunta le fue desfavorable, con una mayoritaria votación válida en contra de los arbitrajes.
Sin embargo, pese al comunicado, el pronunciamiento de Noboa generó más preguntas que certezas sobre cuál será el proceder de la institucionalidad minera y ambiental alrededor del proyecto al que le otorgó la licencia ambiental pese a varios cuestionamientos sobre la transparencia de la decisión y la legitimidad de la consulta ambiental y la consulta previa, libre e informada.
El 6 de agosto el proyecto fue suspendido por la flamante ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano (el proceso de fusión de ministerios está en marcha con ella al frente como vocera, por lo que se supone que seguirá como titular de la nueva cartera). El acto tuvo como motivo la orden al a empresa Dundee Precious Metals (ahora DPM Metals), de “subir” a una web el plan de manejo ambiental del proyecto y las medidas que este incluye para proteger los recursos hídricos, información que debe presentarse “de manera didáctica, de fácil entendimiento para la población en general…”.
La suspensión tuvo como fondo la multiplicación de las voces provenientes de la ciudad de Cuenca, en asambleas y convocatorias de la sociedad civil, universitarios, gremios productivos, en fin, al igual que el último pronunciamiento del Presidente, que se dio en el marco de los preparativos de las conocidas como “fuerzas vivas” de la ciudad, para una marcha en defensa del agua, este 16 de septiembre.
¿Quién defenderá al país ante un eventual arbitraje?
Es necesario establecer que conforme al Código Orgánico de Organización, autonomía y Desentralización (Cootad) los gobiernos locales tienen entre sus finalidades “la generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus habitantes”.
La ubicación del proyecto, en el área de Quimsacocha, a menos de 100 kilómetros de Cuenca hacia el oeste, de donde salió su nombre antes de llamarse Loma Larga, es de importancia ambiental para el Azuay y el Ecuador, por su función en la recarga hídrica y provisión de agua a los ríos que hacen parte de la identidad de la ciudad, pero además la proveen de agua que consume. Por lo que es de considerar que el manejo del área está en el ámbito de sus competencias, así como de las del gobierno provincial.
Por otro lado, es necesario ver con perspectiva el caso de que la compañía DPM configure un proceso de arbitraje internacional para cobrar por su pérdida de una inversión con carácter de “inversión de riesgo”, como casi toda inversión minera. En tal caso, por el ordenamiento jurídico del país, será la Procuraduría la que deba defender al Estado ecuatoriano, y el poder Ejecutivo mantener una posición de defensa de los intereses del país, que en tal caso estarían expresados en la voluntad de los cuencanos.
El Alcalde revocó el catastro del predio de la compañía
En medio de las tensiones, se produjo un revés administrativo adicional para la compañía, el 7 de septiembre, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, anunció la revocatoria total del catastro del predio de Dundee en el área del proyecto, argumentando «graves y serias inconsistencias» en los linderos, la ubicación geográfica y la falta de documentación para la ampliación de 120 a 260 hectáreas, ocurrida en 2020.
Zamora enfatizó que la «boca mina» (entrada principal de la mina) no coincide con los linderos registrados, y que la actualización de sistemas catastrales se realizará en los plazos legales.
