Al pronunciarse sobre el proyecto Loma Larga, el presidente de la República, Daniel Noboa, advirtió a los gobiernos locales de Cuenca y Azuay sobre un posible reclamo legal en la corte internacional de arbitraje en Londres, lo que llamó la atención sobre la serie de contratos con el Estado que han acogido los arbitrajes internacionales como medio de solución de conflictos.
Aquí presentamos en orden cronológico los contratos de inversión minera firmados por el Gobierno de Ecuador se suceden desde 2023. Corresponden principalmente a acuerdos de inversión para el desarrollo de proyectos mineros a gran escala, que incluyen incentivos fiscales, estabilidad tributaria y compromisos de inversión mínima, según el Gobierno, acordes al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Copci).
Lista cronológica
El sector minero en Ecuador ha estado concentrado en la producción de minas existentes (como Fruta del Norte, de Lundin Gold, y Mirador, del consorcio CRCC -Tongguan, cuyos contratos se firmaron antes de 2020) y en negociaciones para nuevos proyectos a partir de 2023, además de más de un centenar de mineras en producción de pequeña escala que aportan en exportaciones aproximadamente un tercio de la gran escala.
La mayoría de los contratos se firmaron en 2023 y 2024, bajo los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa, como parte de una estrategia para atraer inversión extranjera y posicionar a la minería como motor económico.
En 2025, se reportaron 10 nuevos contratos de inversión en febrero, pero solo algunos están explícitamente relacionados con minería.
Además, estaba prevista la firma de un contrato para el proyecto Cangrejos en enero de 2025, pero hasta la fecha actual no se confirma su ejecución.
Los contratos de explotación (distintos de los de inversión) para proyectos como Cascabel (firmado en junio 2024) se incluyen solo si involucran compromisos de inversión, ya que a menudo se combinan.
El total de inversiones comprometidas en minería ha superado los US$ 4.800 millones en contratos firmados desde 2023.
Estos contratos buscan elevar las exportaciones mineras a US$ 4.000 millones en 2025, generando empleo (por ejemplo, 5.000 plazas directas en la construcción de nuevos proyectos) y contribuyendo al 5% de la recaudación fiscal.
Fruta del Norte es el proyecto emblemático que abrió la puerta a los contratos de inversión en minería, ya que el contrato de protección de inversiones con Lundin Gold, no con su subsidiaria local Aurelian Resources, fue clave para avanzar en la construcción (en julio de 2017) y producción comercial (febrero de 2020). Sin este contrato, el proyecto no habría procedido debido a la exigencia de seguridad jurídica para inversionistas extranjeros.
El contrato de protección de inversiones (también conocido como Acuerdo de Protección de Inversiones o IPA, por sus siglas en inglés) para el proyecto minero Warintza entre el Estado ecuatoriano y la empresa Solaris Resources (a través de su subsidiaria Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A.) fue firmado en diciembre de 2023 con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (Mpceip).
Este acuerdo proporciona un marco de estabilidad regulatoria, fiscal y legal, incluyendo incentivos como una tasa reducida de impuesto a la renta del 20% (en lugar del 25% anterior), exención de impuestos a la salida de capitales (5% anterior) y exención de derechos de importación (hasta 5% anterior), con vigencia hasta 2066 y posibilidad de renovación.
Respecto al monto específico asociado y protegido por el contrato, se anunció una inversión inicial de 42 millones de dólares, destinada a actividades de exploración avanzada y desarrollo inicial. No obstante, el proyecto en su totalidad contempla una inversión total estimada de hasta US$ 3.500 millones para su desarrollo completo, incluyendo construcción de la mina (prevista para iniciar en 2027) y operación (a partir de 2030).
