“Que la Corte Constitucional aclare que la Enami se encuentra plenamente facultada a solicitar un nuevo registro ambiental, previa realización de la consulta ambiental determinada en la sentencia”, propone el recurso de aclaración presentado por la minera estatal a la Corte Constitucional.
Señala además que la sentencia que prohíbe actividades mineras en el bosque protector Los Cedros no es clara sobre el alcance de sus efectos y resuelve sobre los puntos controvertidos de la acción extraordinaria de protección, prejuzgándola y dejando a la Enami EP en indefensión.
En otro de sus párrafos dice que la Corte “no ha ponderado los derechos constitucionales en colisión… para justificar por qué los derechos de la naturaleza, específicamente del Bosque Protector Los Cedros deben prevalecer sobre los derechos de los concesionarios mineros que tienen concesiones legalmente otorgadas que intersecan con bosques protectores”.
El recurso de Enami EP, que recoge los puntos de vista de las empresas mineras, agrega que el estándar de la sentencia sobre la certidumbre científica es confuso y vuelve inaplicable al principio de prevención.
Señala que no se comprende por qué la corte constitucional asume que las actividades mineras causan daños cuando al mismo tiempo afirma que no existe certidumbre científica sobre tales daños.
Entre otros puntos, Enami EP sostiene que la corte realiza una interpretación extensiva del artículo 407 de la Constitución, reformándola tácitamente y que la consulta ambiental no cabe en todas las fases mineras y no puede ser aplicada retroactivamente.
Dice también que la Corte Constitucional no puede reemplazar al Poder Ejecutivo, en particular, al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en asuntos sobre los que no tiene “competencia ni conocimiento”.
“La fundamentación de la sentencia es obscura… prohíbe todas las actividades mineras en el Bosque Protector Los Cedros, cuando lo lógico hubiese sido, de acuerdo con las reglas de motivación, suspender las actividades mineras hasta que se cumpla con el requisito de consulta ambiental que la sentencia acabó de crear”, explica Enami EP.
Al referirse a la solidez de los planteamientos de la Corte en torno a la certidumbre científica, afirma que la actividad minera es una actividad de vieja data, altamente regulada y con un marco normativo extenso.
“Si bien es cierto que no existen estudios científicos sobre el efecto de la minería en el Bosque Protector Los Cedros, debido a que anteriormente no se ha desarrollado actividades mineras en esa zona, sí existe evidencia científica sobre los efectos, los riesgos y las medidas de mitigación que deben ser aplicables a las actividades mineras, en cada una de sus fases”.
Plantea que esta situación ha sido reconocida por varios de los jueces constitucionales en sus votos salvados y concurrentes y cita los argumentos de las juezas Andrade y Salazar quienes en sus respectivos votos, reconocen que la minería no “es una actividad nueva o sobre la que no exista extensos estudios sobre los daños que pueda generar a las personas o a la naturaleza”.
Otro de los temas cuestionados por Enami EP tiene que ver con los alcances del conocimiento científico. Para la minera, los estudios científicos son realizados por regla general a un asunto, una hipótesis, un hecho y no a su aproximación a cada actividad humana específica, en un lugar determinado.
Ponen como ejemplo la evidencia científica que existe respecto de los efectos y riesgos de las actividades de agricultura o ganadería, que son las que más deforestación causan, “pero sería imposible que el estándar de certidumbre científica para estas actividades se fije con la presentación de un estudio científico, con probabilidades específicas y certeras para cada proyecto de agricultura o ganadería en el país”, aducen.
