La Cámara de Minería (CME) y diversos gremios empresariales empezaron -con retraso- una cruzada para evitar que se deteriore la imagen del Ecuador como país destino de inversiones después de que la Corte Constitucional dictara una sentencia que suspende las actividades del proyecto Río Magdalena, a cargo de una sociedad formada por Cornerstone y la estatal Enami EP.
Para empezar, Enami EP presentó un recurso de aclaración en el que se cuestiona los supuestos de la sentencia, su calidad de creadora de jurisprudencia vinculante, se califica de confuso el estándar seguido por los jueces para determinar la “certidumbre científica” y se advierte sobre los efectos que podría tener en la marcha económica del país.
La Procuraduría General del Estado y los pobladores de la zona en que se desarrollaba el proyecto minero, también han acudido a la Corte Constitucional para expresar su desacuerdo con la resolución.
Los CME dice que la sentencia es “un precedente peligroso que desborda las facultades de la Corte, reforma tácitamente el contenido de la Carta Magna, afecta al principio universal a la seguridad jurídica y expone al Estado a serias contingencias internacionales”.
En rueda de prensa convocada para fijar posición sobre el tema, la presidenta ejecutiva de la CME, María Eulalia Silva, no descartó que Cornerstone haga uso de su derecho a solicitar un arbitraje internacional.
“Con esta decisión la Corte desconoce los derechos que el mismo Estado otorgó a los concesionarios, quienes -confiando en la seguridad jurídica y en las legítimas expectativas que genera un estado de derecho- eligieron realizar ingentes inversiones en el Ecuador, un país que se mostraba como un sitio serio y seguro para invertir”, señaló la CME en un boletín de prensa.
“Los jueces de la Corte Constitucional no pueden atribuirse los roles de los otros poderes del Estado so pretexto de interpretar la Constitución. En especial, no pueden reemplazar a la autoridad ambiental regentada por el Ejecutivo y peor aún asumir el rol de legisladores universales”, afirmó.
Desde el punto de vista del gremio empresarial, “la minería es hoy el cuarto rubro de exportaciones, genera cientos de miles de empleos, contribuye con cientos de millones de dólares en impuestos y -sobre todo- constituye una alternativa de desarrollo para zonas remotas del país, en armonía con el ambiente y como aliado estratégico de la conservación”.
Destaca que después de la sentencia constitucional, la minería “está ahora seriamente amenazada por la inseguridad jurídica emanada de la mencionada sentencia de la Corte, en la que se violentan los derechos adquiridos de los concesionarios”.
