El reportaje denuncia la profunda corrupción, violencia y colusión entre actores estatales y privados en torno a la actividad minera informal en Pataz, La Libertad, Perú, donde fueron hallados 13 cuerpos de mineros asesinados en un socavón. Testimonios revelan que los responsables serían integrantes de bandas criminales que operan con conocimiento, tolerancia o complicidad de la Policía Nacional y personal vinculado a la empresa minera Poderosa, que subcontrata y terceriza la explotación minera.
Se señala que Poderosa, a través de empresas como R&R, habría permitido o ignorado el ingreso de delincuentes para controlar socavones, negociando con mineros informales el acceso a los túneles, generando disputas por el control del mineral. Además, dos policías en actividad (suboficiales Bastidas Rodríguez y Pérez Vargas) están vinculados con estas operaciones ilegales, manejando desde las sombras la seguridad en el área.
Una fuente clave, quien trabajó para R&R, sostiene que la violencia es parte de un sistema diseñado para garantizar el negocio: las bandas pactaban con la empresa y, luego de desalojar a los antiguos mineros con métodos violentos, quedaban como «nuevos socios» de la explotación. El modelo ha terminado en un “baño de sangre”, típico del crecimiento descontrolado de la minería informal y la falta de Estado.
Responsabilidad de la empresa Minera Poderosa:
1. Tercerización irresponsable: Se denuncia que Poderosa permite que terceros, como la empresa R&R, operen en su zona de concesión sin fiscalización efectiva, facilitando el ingreso de bandas armadas.
2. Falta de control y supervisión: Hay evidencia de que la empresa conoce lo que ocurre en sus bocaminas, pero no actúa, lo que la hace cómplice por omisión.
3. Negociación con informales: La empresa habría promovido acuerdos extralegales con mineros informales para asegurar exclusividad del mineral extraído, lo que incentivó la violencia y el despojo.
4. Colusión con fuerzas del orden: El uso de policías activos como operadores encubiertos del sistema de seguridad minera revela connivencia entre Poderosa y sectores corruptos de la Policía Nacional del Perú.
En síntesis, la empresa Poderosa no solo es responsable por acción u omisión de permitir un sistema corrupto y violento en su entorno operativo, sino que también ha contribuido a normalizar un modelo de «seguridad privada armada» donde confluyen intereses ilegales, violencia estructural y una alarmante ausencia de Estado.
La empresa Minera Poderosa podría ser objeto de diversas acusaciones legales en función de los hechos expuestos en el reportaje. A continuación se enumeran los posibles delitos o infracciones administrativas por los que podría ser investigada o denunciada:
1. Omisión de deberes de supervisión y control
Fundamento: Poderosa permitió que empresas contratistas y subcontratistas (como R&R) operen sin vigilancia adecuada en zonas sensibles, como sus bocaminas.
Posible delito/infracción: Responsabilidad administrativa por incumplimiento de obligaciones de supervisión de contratistas (según Ley N.º 30424 y su Reglamento sobre responsabilidad de personas jurídicas).
2. Complicidad en homicidio calificado (por omisión dolosa)
Fundamento: Si se prueba que altos mandos de la empresa conocían la situación de violencia y permitieron su continuidad por conveniencia económica, podrían ser considerados cómplices o coautores por omisión.
Norma aplicable: Art. 106 y 107 del Código Penal peruano.
3. Promoción o encubrimiento de minería ilegal
Fundamento: Al negociar con mineros informales y permitir el acceso a sus socavones fuera de la legalidad, se puede interpretar como una forma de fomento o encubrimiento de la minería ilegal.
Delito: Promoción de la minería ilegal (Ley N.º 1100 – modifica el Código Penal, art. 307-A y siguientes).
4. Colusión con agentes del Estado (policías)
Fundamento: La participación de policías en retiro o en actividad en funciones de seguridad privada o paralela, operando con tolerancia de la empresa.
Delito: Colusión simple o agravada, tráfico de influencias, o patrocinio ilegal si se prueba que hubo beneficios indebidos mutuos.
5. Violaciones a derechos humanos
Fundamento: Si las muertes y violencia ocurren dentro de sus áreas operativas con conocimiento de la empresa, podría ser acusada de vulnerar el deber de diligencia en materia de derechos humanos empresariales.
Base jurídica: Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, además de estándares OCDE.
6. Lavado de activos (eventual)
Fundamento: Si se prueba que parte del oro extraído por bandas criminales fue ingresado al circuito formal a través de canales de la empresa, podría abrirse una investigación por lavado de activos. (Norma: Art. 1 de la Ley N.º 27765)
7. Responsabilidad penal de la persona jurídica
Fundamento: Según la Ley N.º 30424, modificada por la Ley N.º 30835, las empresas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su beneficio o interés, como corrupción, colusión, encubrimiento o lavado de activos.
* Publicado en Hildebrant en sus Trece, el 9 de mayo de 2025.
Colofón: «Ya el lunes, con el país impactado por el hallazgo de los cuerpos, la presidenta, Dina Boluarte, ofreció un mensaje televisado al país en el que defendió que «desde el primer momento que se rumoreaba que había personas secuestradas, el Ejecutivo tomaba las acciones debidas». Boluarte declaró la imposición de un toque de queda en el distrito de Pataz entre las 06.00 am y las 06.00 pm, y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la mina y establecerán una base militar. La presidenta anunció también que se suspenderán todas las actividades mineras en Pataz por un periodo inicial de 30 días para «facilitar la instalación» de militares y policías en la zona». BBC Mundo.
