Casi doscientas personas asaltaron y quemaron maquinaria y dos campamentos de la empresa Hanrine Exploration & Mining del Ecuador que realiza actividades en el sector conocido como Santa Lucía, en la parroquia de La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí en la provincia de Imbabura.
Del grupo humano que realizó el ataque, algunos dicen defender al agua, la naturaleza y la vida mientras otros reclaman que las zonas mineralizadas sean explotadas por ellos.
Eso pasó el martes 25 de agosto. El primer ataque ocurrió al promediar las nueve de la mañana y el otro fue por la tarde. Ambas acciones fueron difundidas en una serie de videos por las redes sociales. La emisora Ecos Culturales de Urcuquí fue de las primeras en dar a conocer el hecho.
Casi diez días antes, el alcalde del GAD del Cantón San Miguel De Urcuquí, Tyrone Oscar Vega Gaybor, quien se encuentra al frente del COE cantonal, había dispuesto la paralización de las actividades de SolGold y Hanrine en las parroquias La Merced de Buenos Aires y Cahuasqui “hasta la verificación de los documentos habilitantes de autorización a las empresas”.
Lo hacía por razones sanitarias. A los dos días le respondió el Coordinador de la Zonal Norte del MERNNR, Alfredo Mauricio Almeida Navarro; una carta extensa y rica en referencias legales, citas y concordancias con dispositivos que remarcan la competencia exclusiva del gobierno central respecto del manejo de los recursos naturales.
Pero una vez más las leyes se quedaron en el papel. La dinámica que genera la necesidad de aprovechar las riquezas mineras y la ausencia de una visión compartida sobre el sector extractivo y su rol en el desarrollo sostenible es la madre de los conflictos.
Nada pudieron hacer las fuerzas policiales. Según medios de la región, Pablo Vinicio Dávila, comandante de la Subzona Imbabura informó que resultó difícil controlar a una tromba de personas que llegó hasta este apartado lugar.
Entre ellas la policía ha identificado a personajes que en algún momento contactaron con la empresa minera para pedir un espacio en las áreas concesionadas. Esas mismas personas después pidieron a la autoridad que reviertan las concesiones otorgadas a las mineras y se las entreguen.
