Se suma la empresa minera Sultana del Cóndor a la batalla legal de 30 años por el área conocida como el polígono de Cumbaratza, de 36000 hectáreas, muy rico en oro y cobre, ubicado en Zamora Chinchipe.
Sultana del Cóndor adquirió predios en la superficie del área de concesiones Nanguipa, que queda al interior del polígono, para plantearle a la Empresa Nacional Minera, Enami EP, realizar exploración ahí, por un monto de US$ 7,5 millones, lo que llevó a cabo en 2023. La empresa estatal tiene preponderancia en el caso por su presencia en 5070 hectáreas del polígono Cumbaratza.
Sultana, como se la conoce coloquialmente, tiene su concesión en explotación con el mismo nombre cerca de los nuevos predios. Un oficio de la Enami EP, del 20 de septiembre de 2023, le informó que las concesiones de nombre Nanguipa (código 501410), están siendo parte de la mediación “bajo la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas”, proceso que tiene como objetivo “facilitar la resolución de conflictos y búsqueda de consenso entre las partes involucradas, garantizando un marco adecuado para el desarrollo de proyectos…”.
Enami EP le dijo también a Sultana, representada por el abogado Hernán Pérez Loose, que mientras estén en proceso de mediación, las concesiones “no se encuentran disponibles para la suscripción de ningún instrumento de carácter asociativo”. Enami EP y Sultana no firmaron contrato alguno.
La codiciada área y su manoseada sentencia
Cumbaratza es un área de explotación de oro ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, al sur oriente de Ecuador. Pero también contiene cobre. Vaya si el territorio es rico en oro y cobre.
Por su posesión, la empresa minera Cumbaratza (EC) ha avivado por 30 años un juicio contencioso administrativo No. 09801-1994-00037, en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM), de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y de la Procuraduría General del Estado (PGE). Discute en tribunales que la sentencia de casación, es decir, de última instancia dictada por la Justicia en 1996, le favoreció.
Los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Cantón Guayaquil, dictaron un auto de ejecución en octubre de 2017, que ordenó que se le otorgue un contrato a la empresa e incluso le señaló las coordenadas al MEM. Los jueces siguen emitiendo providencias como una última notificada el 18 de julio de 2025.
Con esas decisiones de los jueces, la empresa Cumbaratza ha hecho acuerdos con mineros de la Cooperativa de Producción Minera 11 de Julio, de Loja, con 540 miembros, para que se regularicen sus supuestos títulos mineros en el sector Nambija, parroquia San Carlos de las Minas, superpuestos dentro del polígono.
Incluso logró convencer al MEM de organizar una mediación con presencia de una serie de representantes de grupos de mineros artesanales y pequeños, delegados de Arcom y de Enami EP y, por supuesto la empresa. Con Fernando Santos Alvite como ministro inició la mediación en octubre de 2023. La Procuraduría del Estado fue involucrada para prestar el servicio de mediación.
En su ejercicio del cargo, la ex viceministra Rebeca Illescas informó a la ministra Inés Manzano que había que parar el procedimiento y así se hizo.
Pero Sultana había solicitado que se le invite a la mediación, advirtiendo que la pretensión de EC en el procedimiento afectaba a sus intereses y al de una decena de empresas mineras porque no pueden acceder a los convenios con la Enami EP.
La compañía Sultana es una minera formal de pequeña minería, con cierta alta tecnología en sus instalaciones, que lleva 30 años realizando exploración, explotación y exportación de oro, y hace parte del patrimonio empresarial de la familia Brown-Hidalgo. En su interés de invertir en las concesiones de Enami EP, solicitó que se convoque a la Contraloría General del Estado a constatar las actuales y eventuales regalías mineras que están en juego en este caso.
Y digamos que se cansó de lo que llamó “un rosario de abusos” jurídicos de EC y decidió que tiene que intervenir en el proceso judicial para lo cual presentó un “recurso horizontal” de revocatoria del auto de ejecución de octubre de 2017. Y también peticiones de revocatoria de otra decisión del tribunal contencioso, del 9 de abril de 2025. Entre sus peticiones, advirtió al tribunal que podría ser sancionado disciplinariamente por el Consejo de la Judicatura.
¿En qué punto está el legendario caso?
Yavar y Pérez son pesos pesados de los estudios jurídicos del país. El tribunal contencioso se mantiene con base en la Ley de lo Contencioso Administrativo para interpretar la sentencia de casación a favor de la empresa. Todos los abogados que han pasado por el MEM y la Procuraduría, afirman lo contrario, según la PGE, y dan como válida únicamente la sentencia de 1996.
Para legos como los tranquilos periodistas de este medio, si la casación es la última instancia, la empresa Cumbaratza debía haber acudido a instancias internacionales y no al mentado tribunal, como cualquier persona que sabe la situación de crisis de la Justicia en el Ecuador. Pero el dueño Juan Carlos Peña dice que nunca les pasó por la cabeza, que desde 2019 dialogan con las autoridades y con los titulares de la zona.
La defensa técnica de la Procuraduría respondió recientemente, al igual que el MEM, que el mentado “auto de ejecución” contraviene “de forma flagrante el ordenamiento jurídico vigente y, fundamentalmente, por pretender revivir una controversia que fue resuelta en última y definitiva instancia con la calidad de cosa juzgada hace casi tres décadas”.
Mientras tanto, está vigente la orden MEM-MEM-2025-0006-AM, a toda la institucionalidad del sector minero, de respetar irrestrictamente la sentencia de casación del 3 de abril de 1996 y dejar sin efecto todas las inscripciones de títulos mineros en esa área que la contradigan.
Allí, Manzano ordenó al Especialista de Registro Minero en Territorio de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe de la Arcom la desgraficación de las áreas de la empresa Cumbaratza, que se encontraban dentro del polígono, lo cual debería haberse cumplido. Y los únicos titulares mineros que mantienen vigentes sus derechos son los que operan en la zona de Nambija, San Carlos de las Minas, Cumbaratza y Zumbi, con los plazos de cada título minero.
EC califica, denuncia y amenaza a contradictores
La empresa EC denunció el interés de la compañía Sultana como ilegítimo por no ser parte procesal. Le advirtió de una presunta instigación al tribunal para cometer prevaricato y de muchos otros posibles delitos en que estaría incurriendo en su intervención.
En carta al gerente de la Enami EP del 9 de junio, acusó al MEM de actitud sorprendente y sospechosa por haber cancelado la mediación. Ha llegado a la conclusión de que el Ministerio copió en el 88% a Sultana su razonamiento jurídico para fundamentar el memo terminado en 0006-AM. Le pide una mesa de trabajo “urgente” para darle a conocer los pronunciamientos del tribunal contencioso, a fin de “prevenir cualquier actuación de la Enami Ep que provoque un incumplimiento”.
También amenaza a la ministra Manzano con una investigación penal por incumplir decisión legítima de autoridad competente.
A la ex viceministra Illescas le acusó de un comportamiento “déspota y agresivo” cuando asistió a la mediación.
Denunció en medios de información a la abogada María Emilia Limongi Izaguirre, del equipo de Sultana, porque el 27 de enero ingresó como asesora del MEM. Lo verificamos y es cosa de ella. Según el artículo 153 de la Constitución: «Las servidoras o servidores públicos, durante los dos años posteriores a la cesación de sus funciones, no podrán desempeñar cargos, representaciones, asesorías ni actividades remuneradas en instituciones privadas sujetas a la regulación o control del organismo en el que hayan ejercido sus funciones, cuando estas actividades estén vinculadas directamente con el ámbito de su gestión anterior».
Osea que, cuando salga, por ese lapso no podrá trabajar en Energía, Minas ni Ambiente…
El gerente general de la Cumbaratza está decidido a contradecir, denunciar y amenazar a todos los que no compartan los criterios jurídicos de su alta inversión en abogados. El ingeniero Peña todavía no responde a nuestro cuestionario enviado hace un mes. Pero nosotros no somos nadie, y este caso, al decir de otra abogada, es para una tesis de grado en la carrera judicial.
