Por Washington Benalcázar, para Vía Minera.- Los reiterados operativos de la fuerza pública de control de las minas ilegales de La Merced de Buenos Aires son superados por el regreso de los mineros, con su estela de actividades criminales y de violencia de grupos delincuenciales, al cantón Urcuquí. La población indefensa opta por mantenerse organizada y reiterar las denuncias con el único, y totalmente insuficiente, apoyo institucional de la Defensoría del Pueblo.
Mediante enfrentamientos armados, el grupo criminal vinculado al narcotráfico conocido como Los Lobos y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (disFARC) se disputan el control de las minas nombradas Nueva, Vieja y El Olivo, ubicadas en la cima de las montañas.
Hasta hace tres meses, rumores de campesinos esparcían la preocupación de choques entre estas bandas, que pelean por el control de esta parroquia del cantón Urcuquí. Pero el fenómeno cobró realidad el martes 29 de julio cuando fueron detenidos seis miembros del grupo dado a conocer por su extremo nivel de violencia a escala nacional, Los Lobos, en dos operativos, según la Policía Nacional.
Ni siquiera se trataba de un operativo, pero tres de los aprehendidos tenían en sus manos fusiles e intentaban huir del poblado en una camioneta cuyo conductor estaba secuestrado. Los otros tres sospechosos fueron capturados mientras se movilizaban en otro vehículo robado.
Si huían era porque horas antes tuvieron algún enfrentamiento a bala con un grupo de guerrilleros disidentes de las Farc, en la zona minera, cuentan los pobladores. Pero, esa no sería la única escaramuza ocurrida en esas montañas. Según denuncia el colectivo ciudadano Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema (Buproe), el enfrentamiento del 29 de julio fue el tercero suscitado este mes. Y solo trascendió porque agentes de la Policía interceptaron la camioneta que llegó al centro poblado con los hombres armados.
Sin embargo, tienen elementos para creer que en la mañana del día siguiente se produjo otra balacera, en la comunidad de El Triunfo. En esa ocasión tres camionetas habrían sido robadas por hombres armados, que trataban de escapar del sector. Según relatan, ese día el puesto de control policial, ubicado al ingreso del centro poblado, estaba vacío.
En las redes sociales circuló un video de la zona montañosa de Buenos Aires. En la grabación, que dura aproximadamente cinco minutos, se escuchan disparos y ráfagas. Los habitantes de la parroquia comentan que ahora el control de las minas estaría en manos de los disFarc. Los Lobos los habrían expulsado pero recién lograron recuperar el control.
¿Cómo operan? Los disFarc, se dice, no hacen la minería ilegal sino que controlan el paso de los mineros y les cobran por cada carga. Los delitos conexos a la actividad minera ilegal, con los que se vinculan los grupos son vacunación, extorsión, tráfico de drogas y armas, prostitución, trata de personas y explotación laboral.
Esa vez también se conoció de robos de vehículos y motocicletas que no todas las víctimas denuncian formalmente por miedo a represalias, según comenta Yuly Tenorio, abogada de la Corporación Ambiental Asociación de Propietarios de Tierras Rurales del Norte del Ecuador (APT-Norte). La contaminación ambiental es denunciada por los habitantes de la etnia awá que se encuentran en la cuenca del río Lita: “siempre el río Lita está contaminado viene de la parroquia de Buenos Aires y cruza por nuestra comunidad”, dice Hugo arias, de Palmira de Toctemi.
Comunidad Awá Palmira de Toctemi, en las riberas del río Lita.
La minería ilegal en Buenos Aires se remonta al año 2017, cuando se hizo de conocimiento público que había oro en las montañas y algún minero encontró las primeras vetas de oro. La temporada coincide con la llegada de la concesionaria Hanrine Ecuadorian Exploration & Mining que se hizo con las concesiones en el sitio del proyecto minero de exploración llamado Imba y al que accedieron mediante el proceso de subasta y remate realizado por el Gobierno.
Bastó para atraer la multitud de buscadores de sur del Ecuador, Colombia y Venezuela. Dos años después se calculaba que la parroquia, que tenía 2.000 personas, acogió a alrededor de 10 000 ciudadanos, entre mineros, proveedores de productos, jornaleros y delincuentes.
El recuento de operativos y megaoperativos de la fuerza pública es amplio y los resultados sirven más como propaganda de los gobiernos que para dejar efectos permanentes.
¿Qué propone el pueblo de la parroquia?
Lucia Chicaiza, presidente de la Junta Parroquial, gobierno autónomo descentralizado de elección popular en Ecuador, ha solicitado reiteradamente la intervención de las diversas entidades del Estado para poner fin a esta dinámica que golpea a Buenos Aires.
Uno de los planteamientos que se han hecho es que se militarice la zona, al menos, por tres años. También que la fuerza pública realice por lo menos un operativo cada semana. Además, que ingresen las instituciones de control minero, ambiental y de uso del suelo para regularizar, entre otros algunos predios en esta zona, que está prácticamente abandonada y en la que se vive al margen de la ley.
Por su lado, el Buproe solicitó el 29 de julio el desalojo total e inmediato de los frentes mineros que según ellos se ubican en las concesiones mineras IMBA 01, IMBA 02 e IMBA 06 de Hanrine donde operan las minas ilegales Vieja, Nueva y El Olivo, de la ex cuidad de plástico, la comunidad El Triunfo, el centro poblado de la parroquia rural La Merced de Buenos Aires, así como de los sectores El Chispo y El Cristal y la Comunidad San Pedro.
La Defensoría del Pueblo de Imbabura ha tomado el caso en sus manos debido al esfuerzo de la población mediante reiteradas denuncias. En uno de los informes advierte que la minería ilegal ha atraído a grupos delincuenciales que buscan controlar y aprovecharse de esta actividad ilícita.
También exigen al Estado cumplir las disposiciones y ejecutar las recomendaciones de la Defensoría contenidas en la Alerta Temprana N.° DPE- SAT-2024-002-AT y el Informe Defensorial e Informe Intermedio Caso-DPE-1001-100101-204-2023-003508-Mg.
Los activistas que luchan por su cuenta contra la violencia y en defensa de la naturaleza advierten que si no se toman las medidas necesarias, la inseguridad puede salirse definitivamente de las manos del Estado. Tal como ha ocurrido ya en provincias como Esmeraldas.
