El anuncio del ministerio del sector dado a conocer dos días después de los hechos ocurridos en la parroquia Las Naves da una idea del camino escogido por el Ejecutivo para gestionar la conflictividad que provoca la actividad minera.
No es un anuncio nuevo, ciertamente. Desde hace por lo menos dos años las autoridades vienen diciendo que coordinan con diferentes ministerios para lograr un acuerdo que les permita militarizar las operaciones, tal como ha sucedido con algunas instalaciones y campos petroleros.
Hace unos días el Gobierno Nacional, a través de un boletín, difundió que trabaja en un plan de seguridad para fortalecer al sector minero.
“Frente a actos de conflictividad que se han visualizado en ciertas áreas del sector minero en Ecuador; en la ciudad de Quito, se desarrolló una reunión estratégica con diferentes actores estatales, en la cual se trató sobre la creación de un plan estratégico para apoyo a las empresas mineras asentadas en el país”, señala el boletín.
Da cuenta de que “el Ministerio de Energía y Minas, a través de su viceministro, Álvaro Ordóñez, la Secretaría de Alianzas Público Privadas, representada por Roberto Salas, y miembros de las Fuerzas Armadas trabajan en conjunto para brindar seguridad y sentido de oportunidad a las inversiones mineras en el país”.
Entre los ejes principales que se trataron se encuentran: ambiente, seguridad y desarrollo social, sobre la base de cooperación con los concesionarios mineros.
“El viceministro, Álvaro Ordóñez, invitó a todo el equipo a trabajar en conjunto, en apoyo al sector minero, área estratégica nacional, dentro del marco legal y jurídico, con sentido de urgencia y priorizando acciones”, añade.
El boletín concluye afirmando que “el Gobierno Nacional, a través de esta Cartera de Estado, seguirá trabajando por brindar seguridad y atraer inversión extranjera en el sector minero, generando empleos y recursos que aporten al desarrollo nacional”.
