En una acción que tiene el respaldo de la Asociación de Mineros Artesanales 12 de Octubre de Ponce Enríquez, el pasado 8 de diciembre el gerente general subrogante de la Empresa Nacional Minera Enami EP, Reinaldo Reyes, advirtió a las autoridades nacionales sobre contratos ilegales firmados por su antecesor con nuevos operadores para las concesiones del proyecto Muyuyacu 3622.
Alertó también sobre posibles nuevas paralizaciones de vías en la ciudad minera Ponce Enríquez y pidió programar reuniones para encontrar soluciones al inconveniente social.
El oficio ENAMI-ENAMI-2022-0416-OFC, firmado por Reyes, está dirigido al ministro Fernando Santos, al viceministro Álvaro Ordóñez, al presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Púbicas, Hernán Luque, al asesor jurídico de la presidencia, Fabían Pozo, y al director de la Arcernn, Luis Maingon.
Tres días antes del fin de la anterior administración, dice Reyes, fueron entregados contratos sobre los que empresa nacional carecía de toda información, tal como se dio cuenta el 29 de noviembre último en el oficio ENAMI-ENAMI-2022-0407-OFC, señalando que tales convenios no cuentan con informes favorables de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr).
Se avizora, entonces, un nuevo capítulo en el conflicto desatado por la aplicación de una resolución judicial sobre la titularidad de las concesiones Muyuyacu 3622 y otras ubicadas entre las provincias Azuay y El Oro.
Según el escrito ARCERNNR-CZA-2022-1667-OF del 8 de noviembre, con los contratos suscritos y enlistados en ese oficio, “se está dejando sin trabajo a la mayoría de operadores que han venido realizando labores mineras desde hace muchos años atrás”. En dichas actividades se emplean a unos mil trabajadores.
En el afán de inscribir los contratos que son ilegales, los beneficiarios han interpuesto dos medidas cautelares y la segunda les ha sido aceptada por un juez del cantón Huaquillas. Esta acción ha provocado a los pobladores de Ponce Enríquez y los operadores marginados, que en anteriores ocasiones han realizado protestas masivas tanto en “la Ponce” -como llaman los mineros al sector- y en Quito.
El drama comenzó cuando en un acelerado proceso de acción constitucional, la jueza Nancy Parrales, no solo que revirtió las concesiones de Muyuyacu 3622 a cargo de Enami EP a los empresarios colombianos dueños de una empresa minera creada en Panamá, Carlos Huerta y Carlos Florez. Ella también extendió el beneficio de la sentencia a otra empresa que no era parte de la acción, pero sí es de los mismos dueños.
Por su parte, las autoridades se apresuraron a cumplir la orden de la jueza de revertir la concesión y el 25 de enero del 2021, en el viceministerio de Minas a cargo del ingeniero Juan Carlos Ochoa, se resolvió proceder a la restitución del 55% de los derechos mineros de la concesión Muyuyacu en favor de Gaby Panamá Corporation y del 100% de los derechos de las concesiones mineras Guadalupe, Fermín Bajo, Río Villa, Villa Sur, Río Tenguel Este; y, Río Negro a favor de Guadalupe Mining Corporation.
En mayo de este año, el anterior gerente de Enami, Julián Agurto, dio por terminadas las expectativas de renovación de los contratos con los operadores que trabajaron con la Enami EP por unos 15 años, produciendo ingresos que financiaron a la empresa nacional.
Agurto firmó un convenio de administración conjunta con la figura de “cotitulares”, para Enami Ep y Oromining S.A. y convocó a asambleas de interesados, entre ellos el alcalde de Ponce Enríquez, quien gerenció una de las empresas operadoras, para explicar las condiciones que debían cumplir las aspirantes (Vía Minera del 18 de septiembre ).
Reyes sustituyó a Agurto y mantuvo el 8 de octubre una reunión con los representantes de la Asociación 12 de Octubre y la empresa de pequeña minería Minervilla, conglomerados mineros que se han colocado al frente de la lucha por condiciones justas sin la mediación de terceros, en la cual “se avanzó en la consecución de acuerdos”.
