Mineros de toda escala, régimen legal y categoría productiva, han reaccionado de diversas formas, a la imposición de una nueva tasa denominada “de fiscalización” a las empresas del sector, cuyos montos son cuestionados así como el destino de los recursos a recaudarse que irían a la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, entidad reiteradamente señalada por organismos internacionales como un foco de corrupción.
Además, del intenso reclamo de mineros irregulares de la provincia de Zamora Chinchipe cuyas demandas publicamos esta semana, el gremio que representa a la minería industrial de mediana y gran escala, la Cámara de Minería del Ecuador (CME), se ha pronunciado públicamente. En ambos casos, solicitaron un diálogo con el gobierno, pero hasta el cierre de esta edición únicamente se produjo una reunión informativa.
La tasa ha sido recibida como un nuevo impuesto minero para reducir la brecha fiscal, que podría suponer un duro golpe para el sector de exploración.
Se espera que la propuesta tasa de fiscalización minera genere US$ 229 millones en ingresos fiscales anuales para Ecuador, con el objetivo de fortalecer la supervisión técnica y ambiental de la industria, impuesto que se aplica a todos los niveles de la actividad minera, excepto a la minería artesanal.
La compañía de exploración Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (FSE: 20Q) informó en un boletín de prensa que, de acuerdo al cálculo del monto que se espera que pague cada empresa minera de exploración según el tipo de régimen, el tamaño de las concesiones y la etapa de exploración, la empresa tendrá que pagar aproximadamente US$ 24 millones, lo que representa aproximadamente diez veces el monto que la empresa paga por sus derechos anuales de concesión en Ecuador. Para la empresa esta cifra, que tendría que cancelar hasta el 31 de julio, es insostenible.
Sin que la empresa haya considerado que tendría que afrontar otra cifra similar hasta del 31 de enero del 2026, según el texto de la resolución ARCOM 003/25, en su artículo 3 “Modalidad de pago”, que entró en vigencia aunque no se haya publicado en el Registro Oficial.
Aurania es una empresa de exploración minera con derechos sobre áreas concesionadas en Ecuador y avecinadas en el Perú. Su activo insignia en Ecuador, el proyecto Cutucú-Ciudades Perdidas, se ubica en el Cinturón Metalogénico Jurásico, en las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes, al sureste de Ecuador. La titularidad de un conjunto de concesiones mineras al otro lado de la frontera está en proceso de activación porque los permisos se encuentran algo trabados.
La CME criticó cautamente la medida, afirmando: «Este asunto nunca fue consultado con la industria y consideramos que representa un obstáculo técnico significativo para el desarrollo responsable y sostenible del sector minero». Criticó la estructura del impuesto afirmado que «Para proyectos mineros de mediana y gran escala, especialmente aquellos en fase de exploración, este enfoque no es viable».
Hay unos 70 proyectos en diferentes fases de exploración, ya que en Ecuador se establecen plazos para la inicial, inicial con perforación de prueba, avanzada y para estudios de prefactibilidad y factibilidad. Los proyectos mineros más grandes de Ecuador incluyen las ampliaciones de las minas de oro Fruta del Norte de Lundin Gold y la mina de cobre y oro Mirador de EcuaCorriente.
Las condiciones geológicas, sociales o la tramitología no han sido favorables para que permanezcan en el país empresas de categoría major, operadoras multinacionales como Fortescue, Angloamerican y Southern (Grupo México), que pasaron la posta de sus áreas a otras y dejaron el país.
El CME también ha criticado el nuevo impuesto por imponer cargas financieras adicionales a las empresas de exploración que no generan ingresos, las cuales se encuentran en la fase de crecimiento más vulnerable.
«Si bien entendemos que, como tasa administrativa, no requiere autorización legal formal, debe adherirse a los principios constitucionales de idoneidad, razonabilidad e igualdad. Desde su diseño, esta tasa no está relacionada con el costo de los servicios que presta ni con la capacidad económica de los contribuyentes, y podría tener un impacto extraordinario en las actividades de exploración», declaró el CME.
El análisis del CME indica que esta tarifa restará competitividad a Ecuador en exploración en comparación con otros países latinoamericanos. La tarifa en Ecuador es de 11,5 dólares por hectárea, mientras que en Colombia es de 6,7 dólares, en Chile de 4,5 dólares y en Perú de 3 dólares, afirmó.
La falta de información oficial sobre el desempeño del sector genera diversos datos sobre la inversión en exploración. Por ejemplo, según la CME, En 2024, la inversión en exploración en Ecuador fue de 67 millones de dólares, mientras que S&P Global Market Intelligence exhibió recién en el congreso ProExplo en Perú, que el presupuesto de las compañías presentes en Ecuador para exploración de 2024 era de 192 millones de dólares.
La comparación con los 493 millones de dólares de Argentina, los 568 millones de dólares de Perú y los 637 millones de dólares de Chile, es reveladora.
En otros aspectos, afirma la analista internacional de datos de la minería, SMM, el costo de la construcción de minas en Ecuador es relativamente alto.
“Si bien el país ofrece a los inversores mineros la posibilidad de firmar acuerdos de protección de la inversión, lo que estabiliza su situación financiera, su ley minera adopta una tasa de regalía flotante que varía entre el 3 % y el 8 % según las fluctuaciones en los precios de los metales. Con los precios actuales del oro y el cobre, las empresas mineras se enfrentan a la situación de la tasa de regalía más alta”.
