Por primera vez en 30 años, un juez de Guayaquil, doctor Fabián Roberto Cueva Monteros, del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Cantón Guayaquil, se negó a conocer un reclamo que ha hecho el propietario de la empresa minera Cumbaratza, Juan Carlos Peña Gonzáles, en el caso con el mismo nombre.
Peña Gonzáles es uno de los herederos más poderosos, y perseverantes del grupo Peña, que además de mina de pequeña escala, tiene un reputado laboratorio, planta de beneficio y exportación de oro y otros productos de los recursos minerales en el sur del país.
Los fundadores del grupo, los primos hermanos Peña Matheus, iniciaron y perdieron el juicio Nro. 09801-1994-0037 en contra del Estado ecuatoriano sobre los derechos mineros del área conocida como polígono Cumbaratza de 30 mil hectáreas, en la riquísima zona aurífera vecina a Nambija.
Dentro del contrato de exploración que llegaron a tener con el Estado los primos Peña Matheus, al verse obligados a reducir el área original de 50 000 a 30 000 hectáreas de concesión, dejaron fuera el área de Nambija en donde se realizó un nuevo descubrimiento en los años 80.
Cuando se dieron cuenta ya era tarde, pero entonces, optaron por el pataleo legal para que se les cambien los límites de sus extinguidos derechos mineros en el polígono.
Durante 30 años desde que se cerró el caso en 1994 con una sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia, los herederos han mantenido un proceso legal, por decir lo menos, asombroso.
En este, todos los procuradores de la nación, y patrocinadores legales del ministerio de energía y minas, y de la Empresa Nacional Minera EP, y una gran parte de los abogados mineros del país, coinciden en que al proceso le falta no solo legalidad sino desde sentido común, que la empresa Cumbaratza debe haber invertido una fortuna e incluso que, probablemente, los jueces han actuado, hasta ahora, encumbrados en el quimérico lema “Por un Guayaquil independiente”.
Todos ellos saben que la casación es la última de las últimas instancias y que no había como volver a un tribunal distrital un caso que fue casado y bendecido por el sistema de Justicia nacional. Osea que solo quedaba el pataleo internacional.
Entonces, hace noticia, que el doctor Cueva Monteros, se negara a conocer el reciente reclamo que Peña Gonzáles pretendía incluir en el proceso.
Se trata de la denuncia de la Cumbaratza al magister Ángel Wladimir Ortiz Torres, en su calidad de director distrital de Zamora Chinchipe de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom. Su supuesta transgresión: haber inscrito en el Registro Minero, el Acuerdo Ministerial MEM-MEM-2025-0006-AM, por medio del cual la ministra Inés Manzano declaró inejecutable acto un “mandamiento de ejecución” del 31 de octubre de 2017, del Tribunal Distrital de Guayaquil, por considerar que la sentencia del caso en 1994 es la que vale.
Tema aparte es que en anteriores autoridades de la Arcom, dieron por válida e inscribieron en el registro minero el tal mandamiento, lo cual colocó a las posteriores y, por tanto, a las actuales autoridades de Arcom, en posición de duda. Este tema, hasta donde conocemos de fuentes fidedignas y de manera verificada, causó el pedido de renuncia al anterior director de la Arcom, coronel Luis Bonilla, ya que dudó en aplicar el acuerdo ministerial 2025-006-AM.
Para que no quede duda, Peña incluye en su reclamo, la certificación emitida por el magister Gabriel Chiriboga Orellana, ex registrador minero de Zamora, en la que señala que el mandamiento está inscrito “bajo el Libro Repertorio Nro. 133, Folio Nro. 57, Partida Nro. 04, Tomo Nro. 01, de fecha 14 de agosto de 2018, el Auto de ejecución de sentencia de fecha 31 de octubre de 2017 dispuesto por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso de Guayaquil, dictado dentro del Juicio 09801-1994-0037”.
La opinión última de la Procuraduría General del Estado ha sido ingresada al proceso y reza así: “El hecho de que (…) el Ministerio haya realizado actuaciones previas (registro en Catastro Minero, desgraficación, informes) no otorga validez a un mandamiento ilegal e inejecutable. Dichas actuaciones, si se realizaron en contravención a la ley, no pueden subsanar la nulidad de origen del mandamiento”.
No obstante, el juez Cueva Monteros no necesariamente ha reaccionado con su negativa por asumir una posición legal distinta a sus predecesores, sino que se declara una víctima de una denuncia penal “maliciosa y temeraria” propuesta por el Director de Patrocinio Legal y delegado de la señora Ministra de Energía y Minas, el 21 de julio.
En efecto, el ahora Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), le ha advertido que si se hace cargo del caso caerá en prevaricato.
Así ha respondido la ministra Manzano a la amenaza que le hizo Cumbaratza, de solicitar a la Fiscalía General una investigación con denuncia penal en su contra por haber firmado el acuerdo ministerial 2025-0006-AM, que puso fin a sus aspiraciones.
Con este antecedente, es comprensible que el Ministerio le esté tomando el pulso a este caso. Sin embargo, cabe anotar también que otros intereses, como el del grupo minero Sultana del Cóndor (Sulcomi) están tras una parte del polígono. Con tanto énfasis que el gerente general de Sultana, Allan Brown Hidalgo, se ha contagiado de la perseverancia del obstinado Juan Carlos Peña y ha contratado al estudio jurídico Coronel y Ponce, abierto en Quito hace poco tiempo por el influyente y también guayaquileño Hernán Pérez Loose, para agregar sus criterios al proceso.
Pero hasta ahora, el juez a cargo les ha dicho que no son parte procesal y que mejor se abstengan.
