Por Paul Harris, CGS Intelligence. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó al Ministerio de Minería y al Banco Central que comiencen a comprar oro a los pequeños mineros a partir de noviembre. Además de brindar asistencia financiera a los mineros, el presidente busca desarticular a los grupos armados ilegales de la cadena de producción de oro.
Asimismo, Petro solicitó al Banco Central que envíe oro de las reservas colombianas a Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó la visa de Petro para viajar a Estados Unidos en septiembre, luego de que este instara a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump durante una manifestación pro-palestina en Nueva York, tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Colombia produjo aproximadamente 66 toneladas de oro en 2024, de las cuales se estima que hasta el 85% se produjo ilegalmente. Esas 55 toneladas tienen un valor aproximado de US$ 7 mil millones, con un precio del oro de alrededor de US$ 4.000 por onza. El alto precio del oro ha atraído a numerosos grupos armados ilegales a participar en la minería ilegal o criminal de oro; algunos de ellos figuran en listas de organizaciones terroristas internacionales, como el Clan del Golfo.
El desafío para el Ministerio de Minería y el Banco Central será determinar la procedencia del oro que adquieran para evitar financiar directamente a organizaciones terroristas. “Existen enormes problemas con la trazabilidad y con la capacidad del Banco Central para implementar procedimientos y mecanismos convincentes”, declaró Sergio Guzmán, de Colombia Risk Analysis, a CGS.
Esta medida revive un papel histórico del Banco Central, que fue el único comprador de la producción de oro del país hasta 1991. El expresidente Iván Duque (2018-2022) propuso una medida similar en 2021 para combatir la minería ilegal y el crimen organizado en Colombia. El Banco Central vendió dos tercios de las reservas de oro de Colombia a mediados de 2020 para optimizar sus reservas internacionales. “Para el Banco Central, poseer activos que se revalorizarán es una decisión inteligente. Petro quiere que el dinero público llegue a las manos de los mineros, no que se lo den a las corporaciones”, afirmó Guzmán.
El presidente Petro está al frente de una nación con la deuda más alta en la historia del país, que asciende a US$ 250 mil millones, aproximadamente el 61% del PIB. Esta deuda se ha incrementado en un 37,4% durante sus tres años de mandato, mientras buscaba frenar la producción de recursos naturales.
A pesar de esto, Petro ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso para reformar y reemplazar el código minero del país, con el objetivo de alinear a Colombia con la transición energética y los objetivos de sostenibilidad, haciendo mayor hincapié en la protección del agua y el medio ambiente, el apoyo a la minería artesanal y la industrialización de valor agregado.
La minería a gran escala queda relegada en los 255 artículos de la propuesta, que no contemplan la exploración ni la producción futura de carbón térmico, uno de los principales productos de exportación de Colombia. No otorgar nuevos contratos “sería un error, ya que habrá demanda al menos hasta 2050 y el país cuenta con recursos para 80 años”, declaró Carlos Cante, presidente ejecutivo de la asociación carbonera Fenalcarbón y ex viceministro de Minería, al diario La República. Las exportaciones mineras se encaminan a registrar su nivel más bajo en siete años en 2025, con US$ 5.900 millones en los primeros siete meses del año.
Un punto clave de la propuesta es la formalización del sector minero y la situación de los miles de trabajadores informales, muchos de ellos de forma ilegal. En su intervención ante el Congreso al presentar el proyecto de ley, el ministro de Minería y Energía, Edwin Palma, afirmó que el modelo extractivista tradicional que ha seguido Colombia ya no es viable. “Esto abre un debate sobre la organización del sistema minero del país, la protección de los trabajadores y la reivindicación del trabajo de la minería tradicional y ancestral, distinta del extractivismo que ha prevalecido en Colombia”, declaró.
El proyecto de ley también incluye la prohibición del uso de mercurio, que ya estaba prohibido tras la ratificación por parte de Colombia del Convenio de Minamata sobre el Mercurio en 2019. El mercurio se sigue utilizando como agente de procesamiento entre los mineros informales e ilegales. La minería a cielo abierto también estaría prohibida y se buscaría el cierre de las minas existentes, como las grandes minas de carbón térmico en Cesar, La Guajira y Córdoba, operadas por Drummond y Glencore, y la mina de níquel Cerro Matoso de South32 en Córdoba.
El proyecto de ley exige la obtención de una licencia ambiental para la exploración, ajustes a las regalías estatales y los pagos de canon de superficie, así como pagos a la nación basados en las ganancias del mercado bursátil. “Todo el proyecto de ley es una locura. Es improbable que se apruebe”, dijo un ejecutivo minero. El presidente Petro tiene poco tiempo para impulsar el proyecto de ley, ya que el país se enfrenta a elecciones presidenciales en mayo de 2026 en las que no puede presentarse como candidato. Trsducción libre de Vía Minera.
