La experiencia peruana demuestra que el perímetro más eficaz para proteger una concesión minera no es físico, sino social: una alianza estable con las comunidades del área de influencia (directa e indirecta), basada en trato horizontal, beneficios económicos claros, transparencia social y responsabilidad ambiental.
Con ese respaldo —y una coordinación fluida con autoridades— las incursiones no autorizadas de terceros —sean mineros ilegales, traficantes de tierras u otros grupos— encuentran una barrera legítima y persistente.
Hay, además, una razón contable para invertir en esta arquitectura: el costo del conflicto.
Estudios sobre el sector extractivo han estimado que un proyecto minero de clase mundial puede perder en el entorno de US$20 millones por semana de producción retrasada, principalmente por ventas perdidas y ventanas operativas perdidas; incluso en exploración, los costos diarios se acumulan con rapidez. En ese contexto, la licencia social no es filantropía: es gestión de riesgo patrimonial y operativo.
La amenaza a las concesiones ya no se enfrenta solo con planes de seguridad y cercos. Se derrota con legitimidad. Cuando una empresa convierte a su entorno en socio estratégico —informado, partícipe y beneficiario—, la comunidad opera como radar, alerta temprana y primera línea de protección del territorio frente a ingresos no autorizados. No hablo de armar a nadie: hablo de construir una licencia social fortificada —una relación que la propia comunidad quiera defender porque le conviene y la respeta.
Trasladado al presente, la ecuación es simple: cuanto más horizontal es el trato (asambleas legítimas, intérpretes cuando corresponde, reglas claras de representación), más creíble el beneficio económico (empleo digno, compras locales, empresas comunales competitivas y pagos previsibles), más transparente la gestión social (deber de informar, auditorías sociales, línea de quejas con respuesta medible) y más serio el estándar ambiental (monitoreo participativo de agua-suelo-aire con publicación de datos), mayor es el compromiso comunitario con la protección del área de concesión. Ese respaldo social no sustituye al Estado, pero lo hace presente todos los días.
La ley peruana reconoce un andamiaje para esa convivencia: las Rondas Campesinas —organizaciones comunales autónomas— contribuyen a la seguridad, la paz social y la resolución de conflictos dentro de su jurisdicción. Integrarlas a convenios claros (con mecanismos de quejas, reglas de representación y coordinación con autoridades) —gestionando las inevitables tensiones internas y reconociendo su representatividad legítima— ayuda a transformar al “vecino” en aliado con funciones de vigilancia social y cuidado del territorio.
Existe, además, una lección histórica que no debemos olvidar. Durante el conflicto interno (1980–2000), miles de campesinos organizados en Comités de Autodefensa (CAD) —una forma específica de rondas para la lucha contrasubversiva— cooperaron estrechamente con las Fuerzas Armadas y la Policía. Está documentado que recibieron armamento y entrenamiento básico y que participaron en patrullas mixtas. Ese dispositivo cívico-militar fue clave para cerrar el paso territorial a Sendero Luminoso. Hoy no se trata de replicar el componente armado, sino de rescatar el principio operativo: la comunidad organizada y coordinada con el Estado resiste mejor cualquier incursión ajena al orden, ya sea de economías ilícitas o grupos violentos.
¿Cómo se materializa el “perímetro social” que blinda una concesión? Con protocolos de vigilancia comunitaria (no armada) concertados con rondas y autoridades; rutas de alerta y canales de comunicación documentados; tableros compartidos de indicadores (tiempos de respuesta a quejas, patrullajes comunitarios, incidentes ambientales verificados, intentos de ingreso frustrados); y cláusulas de co-gobernanza en los convenios. Allí donde existen formas de monitoreo comunitario del territorio (como las experiencias de administración comunal en áreas protegidas amazónicas), se observa mayor capacidad para reportar y disuadir actividades ilegales, al activar rutas administrativas y penales con evidencia trazable.
Finalmente, volver a la experiencia de los ronderos no implica militarizar la relación empresa-comunidad. Implica entender que el territorio se protege desde adentro: con dignidad en el trato, beneficios que se vean, información que circule y un estándar ambiental que se cumpla. Si la comunidad reconoce a la empresa como un buen socio, tenderá a cerrar filas frente a terceros. Y cuando eso ocurre, el mejor cerco de una concesión deja de ser el alambre: es la alianza.
* César Reyna trabaja como consultor en temas económicos, políticos y sociales; asesora a empresas mineras de exploración y se especializa en gestión social y relaciones comunitarias, con amplia experiencia en el sector extractivo. cesarreyna78@gmail.com
