A tres días de la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga a cargo de la minera canadiense DPM Metals, rápidamente se viralizó una reacción jurídica en contra de la figura de “revocatoria” escogida por la ministra del Ambiente y Energía, Inés Manzano, para el acto administrativo. Los autodenominados defensores del agua, sostienen que se trata de un error de procedimiento que beneficia a la empresa operadora.
La revocatoria debía hacerse por medio de una solicitud a un juez de lo Contencioso Administrativo, dice el doctor Juan Pablo Aguilar, porque de esa instancia es la competencia de revocar. Lo que correspondía al Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), en caso de “ilegalidad” era anular la licencia, sostiene.
Mientras tanto, DPM Metals confirmó haber recibido del MAE la notificación de revocatoria y estar profundamente preocupada por la decisión. «Estamos evaluando todas las opciones disponibles para preservar el valor y mantener la opción de nuestros accionistas», indicó en un comunicado.
Señaló además, «Los estudios hídricos realizados por expertos independientes, DPM y los organismos reguladores demuestran sistemáticamente que el proyecto no tendría un impacto negativo en el suministro de agua».
La resolución ministerial de revocatoria
El 3 de octubre, mediante la Resolución Nro. MAE-MAE-2025-0008-RM, firmada por la ministra Manzano, revocó la licencia ambiental a favor de la empresa DPM Ecuador S.A. fundamentando la decisión en los artículos 73 y 396 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 9 numeral 7 del Código Orgánico del Ambiente, en un documento de resolución ministerial con 22 páginas de considerandos.
Del mismo Código también incluye el artículo 9, que contempla los principios ambientales autónomos de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, citando el principio In dubio pro natura, que señala: “Cuando exista falta de información, vacío legal o contradicción de normas, o se presente duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, se aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la naturaleza. De igual manera se procederá en caso de conflicto entre esas disposiciones (…)”
La resolución dice que el acto administrativo se funda en los elementos presentados por el Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado de Cuenca y el Gobierno Autónomo Provincial Descentralizado de Azuay, dentro del ámbito de sus competencias, en documentos que se encuentran en el link: https://nextcloud.ambiente.gob.ec/index.php/s/E62GkXKwzAcTfow
Los informes remitidos por el Municipio y la Prefectura, señala, “hacen referencia a las dudas documentadas sobre los posibles impactos irreversibles, indicando que el proyecto minero Loma Larga es incompatible con las actividades permitidas en la Reserva de Biósfera del Macizo del Cajas, así como en el Área Nacional de Recreación Quimsacocha, en tal razón, el Estado debe aplicar la protección Constitucional, referida en el Principio de Precaución”.
Actuando dentro de sus competencias exclusivas, previstas en los artículos 263 y 264 de la Constitución y desarrolladas en los artículos 42 y 55 del Cootad, “han identificado y advertido posibles riesgos para el recurso hídrico y los servicios ecosistémicos asociados al páramo de Quimsacocha, así como posibles afectaciones a sistemas de riego y al abastecimiento urbano de agua”.
“A partir de dichas advertencias técnico-institucionales se evidencia una falta de certeza científica absoluta sobre la magnitud y alcance de los posibles impactos potenciales. En este escenario, y atendiendo a la prelación del agua establecida en el artículo 318 de la Constitución y a la obligación estatal de proteger la naturaleza y los ciclos ecológicos (artículos 73 y 392), corresponde orientar el accionar institucional bajo el principio de precaución (artículos 73 y 396)”, señala también.
La Coordinación General Jurídica del MAE en su criterio jurídico concluye lo siguiente: «es obligación estatal respetar y ejecutar el modelo de descentralización previsto en la Constitución, que reconoce a los GADs como actores fundamentales en la protección de los recursos hídricos y en la garantía del derecho al agua y a un ambiente sano”.
En cuanto a la motivación, dice que la resolución se ajusta al artículo 76 numeral 7 literal “l” de la Constitución en armonía con el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo.
De este Código, cita el inciso 2 dice lo siguiente: “La aplicación del principio de confianza legítima no impide que las administraciones puedan cambiar, de forma motivada, la política o el criterio que emplearán en el futuro.”.
Los documentos remitidos al MAE por el municipio y la prefectura fueron recopilados en el informe técnico Nro. MAE-VAG-SRH-DACRH-2025-002 de 03 de octubre de 2025, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Un surtido de considerandos jurídicos y no jurídicos
En los considerandos, la resolución que revoca la licencia ambiental cita también:
* La opinión consultiva Nro. 23, párrafo 59, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
* Los artículos 263, 264 y 395 de la Constitución de la República.
* De la Corte Constitucional, la sentencia Nro. 32-17-IN/21 de 9 de junio de 2021, párrafos 59 y 60.
* Nueve páginas de opiniones del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y cuatro páginas de opiniones del prefecto del Azuay, Juan Lloret, expresadas en entrevistas y redes sociales.
Incluye dos acciones del Alcalde de Cuenca
La resolución incluye también entre los considerandos la denuncia hecha por el Alcalde sobre la existencia de un informe de la Zonal 6 del MAE que fuera “dado de baja desde el escritorio de Quito”, presumiblemente porque, “debe ser muy similar con el informe de Etapa EC”. El informe de Etapa EC sobre el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Loma Larga, reúne los argumentos técnico científicos y legales en contra del proyecto.
Asimismo, en el documento consta la reacción del burgomaestre frente al denunciado incremento del hectareaje del área, de 140 a 280 hectáreas, del predio de Dundee Precious Metals en Quimsacocha. “(…) tampoco se hicieron las inspecciones de rigor para “actualizar” el catastro como se requiere”, afirmó. Luego revocó el registro catastral de la compañía debido a irregularidades técnicas y de procedimiento detectadas luego de que se descubriera que el catastro aprobado por la administración anterior, en 2020, incluía una superficie significativamente mayor a la que consta en la escritura de compra-venta del predio.
La Prefectura solicitó la nulidad de la licencia ambiental
En la resolución también se considera que mediante oficio Nro. GPA-GSG-2025-5949-O de 10 de septiembre de 2025, el prefecto del Azuay, Juan Lloret, solicitó la nulidad de la licencia ambiental y, consecuentemente, que se revoque la misma. En ese oficio pide que se arbitren las medidas provisionales cautelares consagradas en el art 309 numeral 1 del Código Orgánico del Ambiente en concordancia con lo establecido en los artículos 180 y 229 del Código Orgánico Administrativo, para disponer la inmediata suspensión de todas las actividades de la minera.
Dicho oficio enviado a María Luisa Cruz Riofrío, entonces ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, tuvo como anexo el informe técnico No. GPA-DGACC-2025-196-INF-CA, y un CD que dice contener “Informes Técnico Legales – Kimsakocha”.
Según también consta en la resolución, la Subsecretaría de Recursos Hídricos afirmó que “resulta también pertinente tener en consideración las observaciones realizadas respecto del Certificado de No Afectación al Recurso Hídrico como acto administrativo previo en actividades mineras, no ha sido obtenido de conformidad con la normativa aplicable”.
En conocimiento de la Unesco
Entre los considerandos, consta también que el 16 de septiembre, el alcalde Zamora y la gerente de la Etapa EP, María Verónica Polo Avilés, dieron a conocer a la Dirección de Asuntos Culturales, Patrimoniales y Turísticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, una carta remitida a la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, “expresando su preocupación por la situación de la Reserva de Biósfera Macizo del Cajas, reconocida por la Unesco, y por la posible implementación del proyecto minero a gran escala Loma Larga, ubicado en la zona de amortiguamiento y colindante con el área núcleo de la Reserva de Biósfera -Área Nacional de Recreación Quimsacocha-“.
En la citada comunicación solicitaron el envío de una misión técnica de observación, que evalúe la situación en terreno y emita las sugerencias y criterios técnicos sobre la incompatibilidad del proyecto minero con la Reserva de Biósfera, asegurando que se mantengan los principios de sostenibilidad y conservación que fundamentan esta designación. “Se precisa que el proyecto minero además está emplazado en la naciente de los ríos que abastecen de agua a la población del cantón Cuenca”, dice el documento.
“El regalo envenenado de Inés Manzano”
Con este título, el doctor Juan Pablo Aguilar, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, escribió un artículo que rápidamente se hizo viral. Allí afirma que la ministra Manzano, en lugar de ejercer su competencia y anular la licencia ambiental, prefirió ignorar la ley y asumir una competencia que no tiene para producir un documento con un único beneficiario: la compañía minera.
“La licencia ambiental indebidamente concedida para el proyecto Loma Larga es lo que los abogados llamamos un acto administrativo. Como este último otorga derechos a los particulares, la ley busca proteger esos derechos y, por eso, un acto administrativo solo puede quedar sin efecto por razones y siguiendo los procedimientos legalmente establecidos.
“Hay solo dos motivos para hacerlo. El primero es la legalidad; si un acto administrativo es ilegal, como la licencia que nos ocupa, la propia entidad que lo expidió puede anularlo. La segunda es la oportunidad, y se aplica cuando el acto, siendo legal, no conviene al interés público y debe ser revocado.
Pero, en este caso, la revocatoria no es competencia de la entidad que dictó el acto, sino que esta tiene que presentar una demanda para que el tema sea resuelto por los jueces contencioso administrativos.
“En resumen, cuando un acto es ilegal se anula y si es inconveniente, se revoca. Aquí viene la cereza del pastel envenenado: si lo que se hace no es anular, sino revocar, el Estado está obligado a indemnizar a quien fue beneficiario del acto administrativo, por los daños producidos con la revocatoria. Solicitaremos la versión del MAE sobre este criterio que circuló en redes sociales al cierre de esta edición.
