Los mineros de las empresas extranjeras y su gremio, la Cámara de Minería del Ecuador, cerraron filas con el Gobierno, coincidiendo en el sí en la consulta popular convocada para el próximo 16 de noviembre, una nueva constitución y en contra de la Corte Constitucional. Esto se pudo vislumbrar en un evento realizado en un hotel de Quito, con presencia de embajadores, representantes de organismos internacionales, empresarios, abogados y periodistas.
Antes que nada hubo un tranquilizador anuncio del dirigente David Larenas: en el contexto del paro nacional que iba por su décimo segundo día, por fin el gremio logró reunirse con “el Gobierno”, llegando a la feliz coincidencia de actualizar la normativa minera.
Acto seguido, el intercambio de opiniones sobre la “Asamblea Constituyente en Ecuador. Retos y oportunidades”, lo protagonizaron Diego Macera, del Instituto Peruano de Economía, y los abogados ecuatorianos, Andrés Ycaza, vicepresidente del Directorio de la Cámara, María Amparo Albán, de SolGold, y Sergio Núñez Dávila.
Mancera no opinó sobre constituciones. Los peruanos en general son serios y evitan lo que no dominan. Solo que omitió que toda la normativa minera y las privatizaciones de grandes minas se hicieron durante la dictadura de Fujimori. Y que la minería en Perú está en crisis porque tiene nueve grandes minas paradas, la emblemática zona de Cajamarca decayendo sin nuevas reservas y millones de kilómetros de concesiones sin inversiones. En engorde, como las hay por miles de hectáreas en Ecuador (el engorde es otra forma de especular). Además de que la minería ha calentado la economía más no ha contribuido a superar la pobreza en las zonas de influencia.
A continuación, los abogados ecuatorianos desecharon de un plumazo la posibilidad de proponer reformas o enmiendas a la actual Carta Magna, sin el menor análisis. Para ellos, la Constituyente es la oportunidad de un “nuevo contrato social” porque la actual permite la “gobernanza criminal” peligrando la existencia misma del Estado, en opinión de Albán.
Se opinó, sin ejemplificar, sobre el “excesivo reglamentarismo”, la “sobreregulación administrativa”, las “antinomias” y los derechos consagrados sin financiamiento, que caracterizarían a la Constitución de Montecristi. También se mostraron partidarios de que la empresa minera estatal no tenga privilegios y compita en iguales condiciones que las empresas extranjeras. Su proyecto, en definitiva, es una empresa que siga sin capacidad técnica propia.
Ycaza opinó que habría que eliminar de alguna manera la bicefalía de tener un ministerio que da los permisos y una agencia de control que los condiciona. Como no funciona la agencia de control minero, en lugar de arreglarla, mejor habría que borrarla.
Y sobre los derechos de la naturaleza, como si estuvieran entre los mayores frenos a la industria, creen que hay que reformularlos con este concepto: “la dimensión ecocéntrica del derecho humano a un ambiente sano” (sic). Según la opinión de Albán, así los definió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso La Oroya en Perú.
Ella también plantea que hay que adecuar el marco normativo para eliminar la “falsa dicotomía” porque “ha sido manipulada por intereses antimineros pues tanto el principio de precaución como los derechos de la naturaleza están en absoluta consonancia con la minería responsable”.
Opinaron también que se debe mantener la consulta previa, pero como una “propuesta técnica” (no sociotécnica) “para conseguir la gobernabilidad”, sin excesos como las consultas populares que acaban de tirar abajo Loma Larga, porque “la explotación de recursos es decisión privativa del Estado”.
De Albán conocemos su trayectoria como abogada ambiental y luego como ejecutiva de SolGold, compañía que no sabe dónde poner los relaves después de los primeros cinco años del proyecto Cascabel. Ella acusó a la Corte Constitucional de haber puesto candado a la posibilidad de que se le acuse de prevaricato, de haber hecho de sus sentencias “precedentes constitucionales” y de haber impedido el progreso del país con sus fallos a favor de las comunidades contestatarias.
Y reafirmó la necesidad de una nueva constitución donde “el Estado vuelva a recobrar el monopolio de la fuerza, donde no se aproveche el garantismo penal para favorecer a los delincuentes que hoy día se pueden tomar el país y para no generar instituciones que frenen el desarrollo del país”.
Los aplausos opinaron demasiado. Audiencia complacida. ¿También a la Cámara hay que darle tiempo?
El mitin fue moderado por un activista político que funge de periodista, siempre bien pagado por el oficialismo: Carlos Vera, que no tuvo empacho en dar consejos a las empresas extranjeras, como el siguiente: hagan política interna “con libertad porque pagan sus impuestos”.
Sería ocioso reseñar sus comentarios racistas e irresponsables, pero hizo notar algo relevante de lo que ni siquiera estaba enterado: que Ecuacorriente S.A. no es parte de la Cámara anfitriona. ECSA salió “temporalmente” en diciembre de 2020 y todavía no regresa.
Finalmente quedó flotando en el aire que el gremio debería proponer algo ante una eventual Asamblea Constituyente. Una Cámara con 40 años de existencia que nunca ha podido consensuar un solo proyecto de ley ni reforma ni normativa específica, con cero capacidad técnica de gremio, excepto para producir videos que nadie ve.
