El Concejo Cantonal de Cuenca, al sur del Ecuador, solicitó que la comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional sesione en la ciudad sobre el tema del proyecto Loma Larga, operado por Dundee Precious Metals (DPM), en una convocatoria que compite con la comisión de Garantías Constitucionales que ha iniciado una fiscalización del proyecto.
El posible inicio de la fase de explotación del proyecto de minería a gran escala ubicado en la provincia de Azuay, ha saltado de las protestas de las comunidades locales a la esfera mediática, política y legislativa, y los aspectos ambientales están en el centro del debate que ha cobrado cierto carácter nacional.
En el mes de julio, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, de la Asamblea Nacional, dirigida por la asambleísta de oposición, Verónica Íñiguez, aprobó iniciar un proceso de fiscalización y control político, sobre la entrega de la licencia ambiental por parte del ex Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) a la empresa DPM. Para ello, según la resolución, solicitó al Maate entregar en el plazo de ley la información completa correspondiente en torno a la sentencia de la Corte Constitucional 51-23-IN/23, al proceso de consulta previa, libre e informada en la comunidad de Escaleras y al proceso de entrega de la licencia ambiental.
La Comisión tiene a su cargo desarrollar la elaboración, una ley de consulta previa, libre e informada, sobre la base de todos los proyectos y aportes existentes. En comisión general, esta comisión recibió a Cecilia Alvarado, representante del Cabildo de las Mujeres del Azuay, Tarquino Orellana, representante de la ciudadanía de Cuenca, Román Carabajo, concejal de Cuenca y Roberto Guerrero, subgerente de Gestión Ambiental de Cuenca.
Dos comisiones legislativas por un mismo tema
Hasta el cierre de esta edición se conoció que, por su lado, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, pospuso para el viernes 12 de septiembre, y a realizarse en Cuenca, la convocatoria originalmente para el miércoles 10 a una comparescencia a la que convocó a las ex ministras de Ambiente (Maate) y de Energía y Minas (MEM) y dos académicos, a dos representantes de la empresa DPM, y al director de catastros de Cuenca, para hablar sobre los posibles impactos ambientales que el proyecto podría causar en el páramo de Quimsacocha.
Días antes, la presidenta de esa segunda Comisión, la asambleísta gobiernista, Camila León, y Diego Matovelle, también asambleísta por Azuay, fueron declarados personas non gratas por el Encuentro Provincial por el Agua y la Vida, integrado por siete organizaciones sociales, tras votar en contra de que el Pleno de la Asamblea vote la convocatoria a la ministra de Ambiente para que informe las razones técnicas del otorgamiento de la licencia.
«El cabildo cuencano considera fundamental que esta importante sesión se realice en territorio local para garantizar la participación ciudadana y recoger aportes técnicos, científicos y académicos que permitan esclarecer las razones del rechazo al proyecto que pretende ejecutar la empresa minera Dundee Precious Metals», sostiene el pronunciamiento del cabildo.
La posición del presidente Daniel Noboa sobre el caso se conoció en el marco de una entrevista para la cadena Univisión donde, sin ningún detalle ni relación, se refirió al riesgo de la minería ilegal, el lavado de dinero por parte de las organizaciones delictivas y la contaminación ambiental.
También se observó a la ex ministra de Energía y Minas y ahora ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, pronunciarse el miércoles 3 de septiembre a través de un video titulado PRONUNCIAMIENTO LOMA LARGA.
Ahí manifestó que Loma Larga es “una realidad ineludible” para los cuencanos, que “no se trata de escoger entre la gente, el agua o la minería, sino que “se trata de hacer las cosas bien” y que el proyecto “sería el único camino para enfrentar a la minería ilegal”. Y agregó que el Estado será garante del cuidado del Ambiente y de las fuentes de agua.
En el mismo video, aseguró que el proceso de emisión de la licencia ambiental ha cumplido con los requisitos técnicos estipulados en la normativa y con el proceso de consulta previa, libre e informada por primera vez realizado en el país con presencia de la Organización Internacional del Trabajo.
Agregó que “convertir la minería responsable en un tema político e ideológico es parte de la vieja política” y que el gobierno no cae en “sus juegos”, con lo que trató de deslegitimar a la amplia oposición al proyecto que se ha hecho manifiesta a través de distintos pronunciamientos.
En el video, Manzano bajó el tono confrontativo y apeló al respeto. Previamente, el 31 de julio en cambio, en una entrevista radial había calificado de “mentirosa” y de “brazo político del alcalde” a la empresa municipal de Cuenca, Etapa EP, y le había advertido con retirarle la administración del Parque Nacional Cajas. Etapa EP presentó un informe desfavorable a la Corte Provincial de Justicia dentro de la acción de protección que se sigue en contra del Maate y del MEM, para que el proyecto no se ejecute.
De su parte, Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, también prohibió la publicidad y advirtió a las empresas que colgaron vallas de DPM en tres calles principales: «He pedido elaborar una resolución al Concejo Cantonal para que quien anteponga los billetes al interés colectivo (consulta popular por el agua) le sea revertido los permisos de manera indefinida».
La Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay rechazó los pronunciamientos oficiales del Primer Mandatario como de la ministra. Las organizaciones sostienen que la licencia ambiental es fraudulenta.
En una carta abierta a Noboa, la organización puntualiza que «le recordamos que no existe tecnología capaz de garantizar que la minería en páramos y humedales no afecte al agua” y concluye pidiendo que se derogue la licencia ambiental y ratificando una convocatoria a una marcha el 16 de septiembre.
Como periodistas reiteramos nuestra solicitud a DPM que responda a nuestro cuestionario. Mientras tanto, la compañía, anunció que completó la adquisición de Adriatic Metals el 3 de septiembre, obteniendo el 100% de su capital social y la operación minera subterránea Vareš en Bosnia y Herzegovina, que produce plata, plomo, zinc y oro. La adquisición, aprobada por un tribunal del Reino Unido, también incluye la inclusión de Adriatic en el índice bursátil ASX, y DPM cambiará su nombre a DPM Metals Inc. tras la operación, según Junior Mining Network.
Por otro lado, además de colocar propaganda en la ciudad cuya mayoría de población le rechaza, colocó en su portal de Internet un link a su estudio de impacto ambiental del proyecto Loma larga en fase de explotación y beneficio, de más de mil páginas y lo está remitiendo a través de oficios a los concejales de la Cuenca.
