La minería legal e ilegal en la provincia de Napo no se ha paralizado del todo desde la prohibición total de la Ministra Manzano, del 2 de febrero.
Para erradicarla, por ejemplo, señala un habitante del cantón, “al menos en Arosemena Tola necesitamos, por lo menos un año, para que la gente vaya saliendo. Van saliendo de a poco porque las Fuerzas Armadas están muy de a poquito interviniendo y haciendo los operativos en este cantón. De hecho esta semana hubo dos operativos, en los cuales se destruyeron cuatro maquinarias, pero van de a poco”.
Cuatro maquinarias, de 300 que habían sido reportadas por la sociedad civil en la provincia, sin duda es poco, pero la población se debate entre la esperanza y la fe limitada en las instituciones.
De acuerdo a la organización social Napo Ama La Vida, en sus redes sociales del 6 de marzo, a pesar de que la Resolución Nro. MAE-MAE-2026-0005-RM, continúa vigente, los operadores mineros continúan saqueando, destruyendo y contaminando las islas del río Napo, en las comunidades de Sindy, Atahualpa y San Carlos en la parroquia del cantón Tena.
Las comunidades alertaron de una reunión entre altos mandos de las Fuerzas Armadas y los operadores mineros ilegales en las comunidades antes mencionadas.
Los colectivos sociales de Napo insistieron en solicitar el estado de excepción focalizado y la declaratoria de emergencia ambiental para la provincia para frenar la minería.
´El 99% de las instituciones está contaminado´
22 de marzo de 2026.- Los propios trabajadores del ministerio del Ambiente les hablan de cómo está toda la institucionalidad contaminada: la Arcom, desde que era Arcernnr, Calidad Ambiental, todos los funcionarios. “Los alcaldes aquí son puestos por las empresas mineras”, señalan, y como ejemplo indican que el ex alcalde de Archidona es propietario con testaferros de la empresa Transconmi, que actuaba en las concesiones Huambuno.
Ni el prefecto, que es José Toapanta, del partido Pachakutik. Ni el alcalde de Tena, que es Jimmy Reyes, también de Pachakutik. Ni se diga Ligia Caiza Obando, alcaldesa de Arosemena Tola, de una alianza de tres partidos insignificantes, pero con vínculos al poder. Ella es una excepción, dentro del deber ser, porque está procesada por asociación ilícita para realizar minería ilegal. La investigación, a cargo del fiscal Luis Chipantiza, lleva ya cuatro años.
Ninguno de ellos ha brindado algún apoyo, ayuda o colaboración a la sociedad civil que ha mantenido las denuncias por años, ni tampoco un saludo o felicitación a la ministra Inés Manzano por haber ordenado parar la destrucción. La única institución que ha colaborado en las investigaciones y denuncias es la Defensoría del Pueblo de Napo.
Entrevistamos a un morador de Tena, que prefiere guardar su identidad por temor a represalias. «Nos lo han explicado los propios directores del Ambiente, de Arcom», afirma.
Pregunta: ¿La provincia de Napo está sitiada por la ilegalidad en la minería por la complicidad de las autoridades locales y nacionales?
Morador: «Más en el cantón Tena, el 80% de las instituciones que tienen que ver de alguna forma con el tema, están involucradas en la corrupción. Las voces del pueblo hablan de un 100% de contaminación. Por ejemplo en el Ministerio del Ambiente, en Arcernnr (ahora Arcom), en el ministerio de Minas.
«Los funcionarios de planta o los directivos que son colocados políticamente, son personas que defienden sus intereses. A veces es comprensible, porque son padres de familia y necesitan el sueldo. Pero para eso tienen que aceptar ciertos compromisos que ya están alineados con la institución.
«Todos los temas de corrupción están como normalizados.
«Por ejemplo, si le preguntamos a la Arcom, qué pasa en las concesiones de Black Pearl Mining que están en la zona de Shandia, las de nombre Cathy, en las riberas del río Zapallo, que estaban tomadas por un recién abierto frente minero, nos dicen que es prospección».
Pregunta: ¿Y el Gobernador?
Morador: «Normalmente en Napo como Gobernador colocan a una persona que sea un títere.
En esta ocasión hay un camisetero, antes fue un correísta y ahora colabora con ADN (el partido de gobierno). Todos los gobernadores que han pasado desde hace unos 10 ó 15 años, siempre, antes del principio les ponen en contexto lo que está sucediendo en Napo y que va a trabajar a favor de los mineros».
Entrevista pendiente al alcalde de Tena
Vía Minera solicitó hace un mes una entrevista al alcalde al cantón Tena, Jimmy Reyes, pero todavía no nos ha respondido. Aquí las preguntas:
1.- Siendo el turismo una de sus propuestas de campaña y habiendo inversiones turísticas muy afectadas por la minería ¿tiene usted algún plan de apoyo al respecto?
2.- ¿Cómo ha impactado al cantón económicamente la suspensión de la actividad minera ordenada el 2 de febrero por la ministra de Ambiente y Energía?
3.- ¿Cuál es su plan al respecto, se ha reunido ya con la Ministra u otras autoridades?
4.- La contaminación del agua, la deforestación, la destrucción irrecuperable de terrazas aluviales, por la minería ha desincentivado el turismo, ¿cómo compromete eso los resultados de su gestión al frente de un cantón turístico?
5.- Los gobiernos autónomos descentralizados, como el municipio, son autoridades rectoras en el uso y manejo del suelo, así como tienen competencia en la protección de las cuencas hídricas, por lo que cabe la pregunta : ¿por qué no actuaron y por qué dejaron llegar tan lejos la minería legal e ilegal? Gracias.
