Gobierno repite bombardeo, esta vez con tanques de guerra

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Foto referencial (Pexels)

El Ejército Ecuatoriano ejecutó un bombardeo en la zona de El Chical, en la provincia del Carchi, al norte de Ecuador, donde presuntamente operaban actividades de minería ilegal que generaban hasta US$ 300 000 diarios.

La operación, que duró cuatro días, según la institución permitió la destrucción de alrededor de 50 bocaminas mediante el uso de armamento pesado, morteros y apoyo aéreo.

Según el Ministerio de Defensa, la ofensiva forma parte de la estrategia del Gobierno de Daniel Noboa para combatir el crimen organizado en zonas fronterizas.

No es la primera vez que se ataca a la ilegalidad en minería en la parroquia de Chical. La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), informó que el 15 de octubre de 2024 que, “en conjunto con la Gobernación del Carchi, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (Unidcan y UPMA), ejecutaron un operativo de control y erradicación de minería ilegal en el sector del río Pablo, parroquia El Chical, cantón Tulcán, provincia de Carchi».

“Durante el operativo, se constató la presencia de varias bocaminas activas, utilizadas para la extracción de material mineralizado, presumiblemente oro. En el sitio se encontraron campamentos improvisados hechos de plástico y una planta artesanal de procesamiento donde operaban dos trituradoras (molinos de bolas) y varias piscinas de sedimentación. También, se hallaron generadores eléctricos, mangueras, poleas, canecas de ácido y decenas de bultos con material rocoso», dijo en un comunicado que agregaba:

Informe anual de Arcom del 2024. Ciertamente no señalaba a la localidad de San Pablo, en la parroquia Chical, como un sector peligroso.

“Luego de realizar el levantamiento de evidencias, el equipo especializado EOD de las Fuerzas Armadas procedió a inhabilitar la planta de procesamiento y clausurar las bocaminas detectadas en la zona”.

Al 31 de diciembre de 2024, la Arcom había identificado 387 puntos de minería ilegal en 16 provincias del país. En el informe anual de rendición de cuentas presentado en julio de 2025 por el ex Director, se identificaban 40 puntos “muy peligrosos” de control del delito.


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