La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) de Perú condenó este domingo el «cruel asesinato» de 13 trabajadores de la mina de oro Poderosa, en la provincia norteña de Pataz, cometido presuntamente por «redes de la minería ilegal» que, según la Sociedad, han desatado «una ola de terror». El gremio empresarial advirtió que, hasta el momento, el Gobierno no ha aprobado el plan de lucha contra la minería ilegal y menos aún su presupuesto.
La Snmpe expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas de «esta asonada delictiva promovida por las redes de la minería ilegal» y demandaron a las autoridades a que identifiquen a sus autores y que sean sancionados con todo el peso de la ley para que no haya impunidad esta vez.
En una nota de prensa, la Sociedad agregó que «el secuestro y asesinato de estos trabajadores evidencia que las economías ilegales buscan intimidar a la sociedad peruana y tomar por asalto la propiedad pública y privada, como es el caso de concesiones y operaciones mineras formales».
La agremiación señaló igualmente que no basta con declaratorias de estados de Emergencia, como se ha aplicado en Pataz desde hace más de un año, para hacer frente a las actividades ilícitas, ya que «ha quedado demostrado que no tiene resultados efectivos».
La Sociedad exhortó al Gobierno y al Parlamento a enfrentar la minería ilegal y poner fin a las continuas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que ha servido para «encubrir» las ilícitas actividades de los mineros ilegales.
La compañía minera Poderosa, que explota el yacimiento de oro atacado, confirmó este domingo el asesinato de 13 trabajadores (de uno de sus operadores autorizados, ndlr) que habían sido secuestrados hace una semana. La minera se quejó de que, en total, 39 mineros y trabajadores han sido asesinados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz, «convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente».
En la misma provincia de Pataz, una emboscada de presuntos mineros ilegales contra los trabajadores del campamento minero Aracoto, el sábado 3 de mayo, dejó ocho heridos, entre ellos dos policías, que fueron evacuados en helicóptero.
La Policía Nacional reportó que los trabajadores y los agentes fueron emboscados en sus vehículos cuando ingresaban a la planta procesadora de la minera Caravelí, ubicada en el Centro Poblado de Jucusbamba, en el distrito de Tayabam.
En respuesta, el Ministerio del Interior anunció que la Policía enviará a un equipo élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado a la zona. EFE
