Cientos de mineros se movilizarán este jueves para denunciar, ante la población y las autoridades de “la Ponce Enriquez”, el peligro en que quedarían si se confirma que siete concesiones de Enami revierten a manos de sus antiguos dueños, los hermanos Isaías.
Se trata de Guadalupe (código 30.1), Fermín Bajo (código 101405), Río Villa 2 (código 100961), Villa Sur (código 101558), Río Tenguel Este (código 102875) y Río Negro (código 102891), que fueron incautadas en 2013 por la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad (Ugedep), como parte de los bienes de los hermanos William y Roberto Isaías, deudores del Estado en la crisis bancaria de 1998.
Posteriormente, las concesiones incautadas pasaron a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) y luego de su liquidación al Banco Central del Ecuador (BCE) y finalmente fueron asignadas a la Enami EP.
Si revierten a los Isaías, serían administradas por empresas panameñas y pondrían en riesgo las fuentes de trabajo que pequeños mineros han mantenido por 15 años con inversión propia, generando empleo y riqueza a la zona minera ubicada al sur del Ecuador.
Los mineros potencialmente afectados han decidido realizar demostraciones el próximo jueves 17 de septiembre desde las 10h00. Harán una rueda de prensa, una marcha hacia Ponce Enríquez y una reunión pública de información a la población.
Ese cantón y zonas aledañas como La Independencia, San Alfonso, Santa Martha y barrio Buenos Aires tienen su economía atada a la cadena de provisión minera. Unos 1000 trabajadores entre socios de las asociaciones, miembros de 44 labores mineras regularizadas y otros grupos que realizan mano de obra están vinculados a las operaciones. Ellos esperan contar con el apoyo de las fuerzas vivas del cantón, los comercios, el transporte, los mercados, bodegas de víveres que proveen a la actividad minera y de la población en general.
Señalan que, por lo pronto, la reversión de las concesiones le ha costado el puesto a Danilo Icaza, gerente general de la Enami EP, a quien se le solicitó que presente su carta de renuncia la semana pasada.
En respuesta a la Asociación 12 de Octubre, en oficio ENAMI-ENAMI-2020-0420-OFC, el doctor Icaza informó que el doctor Ricardo Noboa Bejarano, abogado de Guadalupe Mining, Oromining y Gaby Panamá Corporation, presentó por email del 22 de julio una hoja de ruta y propuesta de ejecución de la sentencia denominada “Propuesta para cumplimiento de la sentencia constitucional sobre Guadalupe Mining Corporation y su modulación a favor de Gaby Panama Corporation”, la misma que fue reenviada por la Dirección Jurídica del MERNNR a la Enami.
El texto del email dirigido a:
rodrigo.aguayo@recursosyenergia.gob.ec; cesar.zanafria@recursosyenergia.gob.ec y pedro.fernandez@recursosyenergia.gob.ec, en su parte pertinente indica:
“Buenas noches: de acuerdo con lo acordado en la reunión mantenida con el señor Ministro, con el asesor doctor Fernando Santos y con los doctores Pedro Fernández y Rodrigo Aguayo, adjunto una propuesta de hoja de ruta preparada por Oromining a fin de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria pronunciada por la jueza constitucional en favor de Guadalupe Mining Corporation y su correspondiente modulación, con el objeto de ser discutida en la reunión de la referencia”.
Guadalupe Mining, Oromining y Gaby Panamá Corporation son las empresas a cuyo nombre retornarían las concesiones que tenía Enami y han probado que tienen conexiones al más alto nivel.
La historia reciente
Fue la jueza Nelly Parrales Córdova, de la Unidad Judicial Penal Norte 2 Guayaquil, quien aplicó un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un proceso de Acción de Protección contra el Banco Central del Ecuador (BCE), el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (lnmobiliar) y la Empresa Nacional Minera (Enami EP), solicitada por la empresa Guadalupe Mining Corporation y su apoderada la empresa Oromining, con la finalidad de recuperar concesiones que le fueron incautadas.
En la sentencia del 4 de abril del 2019, ratificada por tres conjueces de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas el 28 de junio de 2019, la jueza ordenó la reversión de la incautación de las concesiones mineras Guadalupe (código 30.1), Fermín Bajo (código 101405), Río Villa 2 (código 100961), Villa Sur (código 101558), Río Tenguel Este (código 102875) y Río Negro (código 102891).
El dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aplicado por la jueza se refiere al Mandato 13 de la Asamblea Constituyente publicado en el Registro Oficial N° 378 del 10 de julio de 2008, el cual sirvió como base para las resoluciones de Ugedep. Ese mandato establecía la destitución de cualquier agente legal o juez que admitan a trámite algún reclamo sobre los procesos de incautación de bienes de los Isaías.
Según la Jueza Parrales, “el mandato 13 fue cuestionado y censurado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, el cual emitió el 30 de marzo del año 2016 un dictamen que determinó que el proceso seguido por la AGD en el que determina las obligaciones de los hermanos Isaías, (…) fue violatorio de sus derechos humanos, bajo el artículo 14 del Pacto (de San José, nota de la redacción), a un proceso con las debidas garantías…”.
Sobre el mencionado dictamen de Naciones Unidas, el abogado de Inmobiliar, Ronald Baidal Barzola, manifestó en la audiencia del 4 de abril de 2019, que “está en un proceso de seguimiento, el Estado Ecuatoriano incluso ha pedido recursos sobre este dictamen tales como unas medidas interpretativas y otras similares”.
Resuelta a restituir derechos, mediante resolución del 1 de junio de 2020 la jueza extendió los beneficios de la sentencia a otra empresa también domiciliada en Panamá, la Gaby Panama Corporation, mediante la figura jurídica de “modulación de sentencia”, disponiendo como reparación integral la restitución del 55% de los derechos de propiedad sobre la concesión Muyuyacu (código 3622).
Los dueños de las empresas Guadalupe, Gaby y Oromining, Carlos Efraín Flores Cárdenas, colombiano, y Carlos Enrique Huerta Araujo, peruano, lograron la sentencia, exhibiendo documentación de la auditora internacional Davidson & Company LLC, de la Bolsa de Valores de Toronto, de los contratos de operación de la Guadalupe Mining Corporation, entre otros.
“…de lo expuesto, esta juzgadora observa que en ninguno de estos esquemas societarios antes mencionados consta el nombre de los hermanos Isaías Dassum”, señala la jueza en la sentencia.
En la actualidad, el proceso de Acción de Protección con N° 09286-2019-01409 que consta de 10 cuerpos y 1006 fojas, se encuentra en la Corte Constitucional por un recurso de Acción Extraordinaria de Protección interpuesto por el Banco Central del Ecuador desde el 5 de agosto. El 2 de julio, mediante providencia la jueza determinó que sea la Defensoría del Pueblo la entidad encargada de la ejecución de la sentencia.
Enami y los perjudicados
La Enami EP informó al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR) en un informe jurídico mediante memorando N° ENAMI-CJU-2020-0207 del 18 de agosto, que con el cumplimiento de las sentencias perdería la titularidad de las concesiones mineras Río Negro, Río Tenguel Este y parte de la concesión unificada Muyuyacu.
La Enami EP, debidamente autorizada por el Ministerio y con registro en la ex Arcom ahora Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, mantiene tres contratos de operación en las áreas que actualmente componen la concesión Muyuyacu. Los contratos que, entre otras fuentes, le han permitido llegar a un autofinanciamiento del 80%, se mantienen con la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre, con la Asociación de Producción Minera Ponce Enríquez, Asopromipen, ambas de la economía popular y solidaria, y también con la empresa de pequeña minería Minervilla.
El desenlace que podría tener este proceso ha causado la preocupación de los miembros de la Asociación 12 de Octubre que escribieron el oficio N° AMA-2020-0341 del 17 de agosto de 2020 al Presidente de la República, con copia al MERNNR, para solicitarle que “se abstenga de dar cumplimiento a lo dispuesto dentro del proceso judicial”.
La suerte, sin embargo, parece echada a favor de los hermanos Isaías.
