Tres altos ejecutivos de Rio Tinto debieron dimitir por las tremendas críticas que han recibido tras la destrucción de dos cuevas australianas donde habían restos de pueblos aborígenes de hace casi 50 mil años.
El director ejecutivo, Jean-Sébastien Jacques, que ha dirigido Rio Tinto desde 2016, dejará el cargo el 31 de marzo del próximo año. Otro que sale es el jefe del área de mineral de hierro, Chris Salisbury, y Simone Niven, jefa de relaciones corporativas, la unidad responsable de tratar con las comunidades indígenas.
Los pueblos Puutu Kunti Kurrama y Pinikura, habían advertido que allí se encontraban restos y obras de sus antepasados y, en consecuencia, no debían ser afectados por la explotación minera.
Sin embargo la minera continuó con las voladuras, accediendo a mineral de hierro de alta calidad por valor de 135 millones de dólares. Ello provocó la condena internacional y la reputación de Rio Tinto está por los suelos ante los ojos de los grupos indígenas en todo el mundo.
Para el ministro australiano de Asuntos Indígenas, Ken Wyatt, la destrucción del patrimonio aborigen es «extremadamente decepcionante» e «incomprensible», si bien agregó que la gigante minera le «ha expresado remordimiento» por este incidente que parece ser «un error genuino».
Otro ataque a campamento minero en Buenos Aires
Agosto 30 de 2020.- Casi doscientas personas asaltaron y quemaron maquinaria y dos campamentos de la empresa Hanrine Exploration & Mining del Ecuador que realiza actividades en el sector conocido como Santa Lucía, en la parroquia de La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí en la provincia de Imbabura.
Del grupo humano que realizó el ataque, algunos dicen defender al agua, la naturaleza y la vida mientras otros reclaman que las zonas mineralizadas sean explotadas por ecuatorianos.
Eso pasó el martes 25 de agosto. El primer ataque ocurrió al promediar las nueve de la mañana y el otro fue por la tarde. Ambas acciones fueron difundidas en una serie de videos por las redes sociales. La emisora Ecos Culturales de Urcuquí fue de las primeras en dar a conocer el hecho.
Casi diez días antes, el alcalde del GAD del Cantón San Miguel De Urcuquí, Tyrone Oscar Vega Gaybor, quien se encuentra al frente del COE cantonal, había dispuesto la paralización de las actividades de SolGold y Hanrine en las parroquias La Merced de Buenos Aires y Cahuasqui “hasta la verificación de los documentos habilitantes de autorización a las empresas”.
Lo hacía por razones sanitarias. A los dos días le respondió el Coordinador de la Zonal Norte del MERNNR, Alfredo Mauricio Almeida Navarro; una carta extensa y rica en referencias legales, citas y concordancias con dispositivos que remarcan la competencia exclusiva del gobierno central respecto del manejo de los recursos naturales.
“El artículo 68 de la Ley de Minería designa que la entidad competente es la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr)”, decía la carta del coordinador.
Pero una vez más las leyes se quedaron en el papel. La dinámica que genera la necesidad de aprovechar las riquezas mineras y la ausencia de una visión compartida sobre el sector extractivo y su rol en el desarrollo sostenible es la madre de los conflictos.
Nada pudieron hacer las fuerzas policiales. Según medios de la región, Pablo Vinicio Dávila, comandante de la Subzona Imbabura informó que resultó difícil controlar a una tromba de personas que llegó hasta este apartado lugar.
Entre ellas la policía ha identificado a personajes que en algún momento contactaron con la empresa minera para pedir un espacio en las áreas concesionadas. Esas mismas personas después pidieron a la autoridad que reviertan las concesiones otorgadas a las mineras y se las entreguen.
Se organizaron para realizar un “congreso minero” con pequeños empresarios de otras regiones en el que pidieron se les adjudique las cinco mil hectáreas que, según ellos, habían sido adjudicadas a SolGold y Hanrine. Incluso el asambleísta por la provincia de Imbabura, Marcelo Simbaña, de las filas de CREO, les ofreció apoyo.
INV Metals plantea acuerdo de beneficios mutuos al Concejo de Cuenca
Agosto 30 de 2020.- La minera INV Metals, operadora del proyecto Loma Larga, alcanzó al Concejo Municipal de Cuenca una propuesta de trabajo conjunto para identificar la forma de reactivar la economía local, superar la pobreza y terminar con las profundas brechas en salud y educación que existen en el cantón.
“Con el objetivo de garantizar que Cuenca maximice los beneficios potenciales del desarrollo de Loma Larga, y como señal de buena fe, INV Metals solicita respetuosamente al Concejo iniciar conversaciones con nuestro equipo” dice la carta y, a continuación, señala como puntos a tratarse: la creación de un acuerdo de beneficios para la ciudad y la colectividad; la continuidad del Acuerdo de Cooperación con Etapa, las universidades de Cuenca y del Azuay y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
Puntos adicionales no menos importantes para el diálogo serían: la creación de un Concejo de Desarrollo de Loma Larga compuesto por tres miembros del Concejo Municipal de Cuenca y tres miembros del equipo de desarrollo de INV Metals y un sistema de monitoreo.
Se apunta en la carta que, en virtud del mencionado Acuerdo con Etapa, firmado en 2017 y que se encuentra vigente, la ciudad ya tiene un acuerdo y un mecanismo para monitorear la calidad del agua y otros posibles impactos de Loma Larga, monitoreo que sería en tiempo real independiente público y accesible.
La misiva destaca que “el público, el Concejo y otros grupos de interés tienen serias preocupaciones sobre la preservación de las fuentes y la calidad del agua”, que la empresa comparte y por las cuales ha invertido recursos humanos y financieros en estudios científicos y técnicos que están disponibles al público.
La carta dirigida al alcalde Pedro Palacios y a los miembros del Concejo está firmada por Candance McGibbon, directora ejecutiva; Mark Thorpe, vicepresidente de responsabilidad corporativa; Jorge Barreno, gerente general y Fernando Carrión, gerente de responsabilidad social de INV Metals.
En su carta niegan enfáticamente que la compañía o la mina, en su construcción y operación, vayan a provocar impactos negativos en el agua, los páramos, la vegetación y los sistemas de agua de páramo. Sustenta estas afirmaciones en los resultados de investigaciones científicas que INV Metals ha liderado por más de 15 años y en investigaciones independientes.
Apunta como hechos adicionales, que la huella de Loma Larga y el sitio del proyecto son menos de 65 hectáreas “mucho menos que la mayoría de operaciones mineras a gran escala” en las cuales se revegetará y rehabilitará, al cierre de las operaciones, la vegetación que sea removida tal como se viene haciendo en las zonas intervenidas. Para esto, la compañía ha creado una estación experimental y un vivero que cuenta con más de 50000 plantas nativas.
En relación a la explotación, la carta hace puntualizaciones sobre el proceso de producción de concentrados que hacen relación a la gestión de químicos y de relaves. La mina Loma Larga no usará cianuro, afirma, y además, más del 55% de los relaves se colocarán de nuevo bajo tierra.
La mina Loma Larga producirá relaves filtrados por un método que elimina el exceso de agua para su conservación, reciclaje y ahorro. El material que irá a las relaveras con apariencia de suelo o arena, se colocará en un cubeto con revestimiento impermeable y geotectónicamente estable.
“El uso de una instalación de relaves filtrados con soporte estructural elimina las preocupaciones relacionadas con las recientes fallas catastróficas que han ocurrido con las instalaciones convencionales de relaves”, afirman los ejecutivos de la compañía.
Luego de invitar a las autoridades locales a visitar el área del proyecto, para que conozcan “in situ” los detalles técnicos del cuidado ambiental y protección y conservación del agua, esperan que esta muestra de buena fe demuestre su voluntad de ser abiertos y transparentes “a medida que avanzamos hacia el desarrollo”.
La carta de INV Metals al Concejo provocó la reacción de grupos ambientalistas que respondieron con otra carta a las autoridades cuencanas, felicitándolos por aprobar el proyecto de Consulta Popular impulsado por el denominado Cabildo por el Agua de Cuenca sobre la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.
“Si aceptamos o no actividades mineras en nuestros páramos es una decisión que los cuencanos-as tenemos que tomar”, afirman ocho grupos que firman el comunicado.
