El director ejecutivo para América Latina de Hanrine Ecuadorian Exploration & Mining, el estadounidense Carlos de Miguel III, estuvo en Quito en julio, coincidiendo con las Fiestas de Guayaquil, días que utilizó para dar entrevistas en medios digitales sobre la tasa de fiscalización minera y los beneficios de la inversión en exploración minera, la más impactada por dicha tasa.
De Miguel es uno de esos empresarios residentes estacionales entre Ecuador y Estados Unidos. En 2020 fue detenido por orden de una ex ministra del Interior, por supuestamente haber mantenido un arsenal en su casa, cargos que fueron desestimados en meses por un tribunal. “Ahí estaban personas como María Paula Romo que lo que hicieron fue una represalia porque no les gustó que yo haya ofrecido 400 millones por el proyecto Llurimagua, porque ahí tenían intereses”, discurrió en una de las entrevistas.
Aclaró que pese a la tasa minera, a la que considera desmesurada y sin lógica en una política para la industria, Hanrine permanecerá en el país porque “continúa con el compromiso nuestro con Ecuador y con nuestros proyectos”.
Si la tasa sigue en firme, explicó, “para no estar tan expuestos, tendríamos que inmediatamente evaluar como aceleramos, reducir nuestras concesiones, porque si no, nos están casi duplicando el gasto en exploración”.
Afirmó también que por su participación en el proyecto Linderos, en Loja, y por las concesiones Imbas, en Imbabura, Hanrine tendría que pagar por la tasa en enero de 2026, un total de 3,7 millones.
Reconoció que la compañía invirtió en diez años US$ 131 millones en exploración sin precisar en qué proyecto. “En nómina tuvimos hasta 200 personas y contratamos cientos de comuneros”, afirmó también.
Dijo que la compañía participa en una asociación en cuatro concesiones en el sur del país. Se trata del proyecto Linderos, con la empresa australiana Titan Minerals, ubicado en Macará, provincia de Loja. “A medida que nosotros gastamos en exploración, ganamos patrimonio en el proyecto”, explicó.
Y también que cuenta con un acuerdo comercial para un compromiso de inversión firmado en 2024 con la Empresa Nacional Minera (Enami EP), para seis concesiones más, por 120 millones de dólares.
Ahí además, recordó que Hanrine empezó en Ecuador adquiriendo títulos mineros de las seis concesiones que conforman el proyecto Imba, en un proceso de subasta y remate de áreas en 2017. Al referirse a las perspectivas de este, afirmó que el promedio mundial de leyes de cobre es de 0,8% y hace quince años era de 1,2%. “Necesitaríamos unos 5 ó 6 años para seguir definiendo y de ahí viene un estudio de prefactibilidad altamente costoso”, destacando que es vecino del tan valorado proyecto Cascabel.
La tasa de fiscalización minera impuesta por el Gobierno está en manos de la Corte Constitucional, que no ha dado paso a los pedidos de suspensión de sus efectos pese a que las cuatro demandas de inconstitucionalidad solicitaban esa medida cautelar.
“Hay que entender que el dinero que entra por exploración minera genera automáticamente impuestos como el 15% de iva, el 5% de retención en la fuente en promedio y el impuesto a la renta de los empleados y proveedores, entonces, en diez años por los 131 millones que hemos gastado en Ecuador, el fisco ha recibido directamente 25 millones”, explicó. “Esta inversión es muy importante y no se debe castigar”, acotó.
En su opinión la tasa tiene carácter de impuesto, como la patente de conservación que pagan todos los concesionarios, porque se calcula de forma similar a como se calcula la tasa. Si la patente tuvo que ser aprobada por la Asamblea Nacional, la tasa máxime si es diez veces más alta que la patente, debía haber seguido ese método de aprobación.
La tercera razón para él, es la falta de claridad sobre el servicio que pretende dar la tasa porque apenas ha visto un listado de equipos que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), pretende adquirir. Y señaló la contradicción entre recortar 5000 puestos en el sector público, como ha procedido en Gobierno en la última semana, mientras presuntamente la Arcom pretende añadir 600 personas.
En ningún país se pide a la industria legal que haga una aportación para controlar lo ilegal, manifestó, “o ¿se puede cobrar a las farmacias por el control a la venta ilegal?”.
