Presentamos nuestro resumen de la entrevista del portal Código Vidrio, a la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, publicada el pasado 9 de febrero.
Consideramos que en sus expresiones hay importantes temas que merecen titular, por lo que felicitamos a Arturo Torres por haber llevado a cabo las preguntas.
La comunicación de Manzano es muy selectiva y lo entendemos, el que tiene poder hace lo que quiere con él y nosotros no tenemos.
A continuación, el resumen de la entrevista. Lo subrayado amerita para nosotros por sí solo un titular:
La minería ilegal es una fuente de financiamiento de grupos delictivos.
Las plantas no han tenido controles de los gobiernos y han lavado la minería ilegal.
Los ilegales utilizan mercurio.
Cerraron 10 plantas en Portovelo por contaminar. Otras 15 que estaba previsto cerrar, obtuvieron rápidamente documentos que no tenían.
Se cierran las plantas con la causante de contaminar, no por procesar mineral ilegal.
En el país hay 208 plantas de beneficio. Hay plantas legales que son las que no contaminan. Las que contaminan y lavan mineral ilegal son las ilegales.
“Para ellos ha sido fácil obtener todos los documentos corrompiendo a los funcionarios en las zonales de Arcom y el Viceministerio”.
“Lo de Portovelo es un golpe directo a las mafias de la minería ilegal, a los grupos criminales que trabajan con ellos y a los funcionarios que han sido sus cómplices.”
“El oro ilegal no tendrá por donde salir porque, automáticamente, con los controles que estamos haciendo solo podrán sobrevivir las empresas que cumplan los planes de acción.”
“En las plantas todo se basa en la presentación de documentos, que no se han verificado por las autoridades en el terreno”.
Las plantas solo podrán procesar oro legal o desaparecerán.
Hay recursos para hacer los estudios de una planta de beneficio de oro del Estado, de Enami (la Empresa Nacional Minera). El Gobierno quiere una o varias “grandes” “refinerías” para procesar al menos mil toneladas al día de mineral.
También se lava en exportación de concentrados de oro.
Hay US$ 75 millones de la Corporación Andina de Fomento, del proyecto llamado Fogapri, para agua potable, saneamiento y riego en comunidades rurales. “20 comunidades se han presentado”. “Se le puede abrir un espacio a (la comunidad) Capirona”.
“Desde el Estado lo ilegal se hizo legal porque tenemos unos procesos súper engorrosos heredados, porque no hemos podido ser ágiles y entender que el dinero, el presupuesto del Estado, tiene que estar en estas cosas”.
La empresa china Terraearth tiene 130 hectáreas en Napo y sus operaciones están paradas completamente ahí, desde el año pasado. Tiene unos cinco contratos de operación para seguir actuando en otras concesiones. “Yo no quiero contratos de operación”.
El Estado sacó de Muyuyacu a los ilegales que eran socios de Enami EP que no pagaron un centavo y en Río Blanco intervino para sacar a los grupos criminales que hacían minería ilegal desde 2018.
Han emitido una normativa sobre la maquinaria amarilla, excavadoras.
Y la normativa para que el procesamiento de minerales decomisados que ya estaba a cargo de la Enami EP.
Están depurando las instituciones porque tienen adentro el enemigo y pronto la Arcom hará algo extremo.
Sacaron el 40% del personal del viceministerio de Minas luego de las pruebas de confianza, con el empleo del polígrafo, comenzadas el año 2025.
“Si todo sale bien”, harán lo mismo que en Portovelo y Napo, que es un plan piloto, en otras zonas del país.
“Napo no debería de tener nada de minería aluvial. Nada. Porque es prohibido hacer minería al lado del río”.
“Si todo sale bien en Napo debemos llevar la intervención a cierta zona de Zamora Chinchipe, hacia el sur, en la frontera con Perú.”
Las empresas de gran minería no han pagado la tasa minera. Han acumulado concesiones en donde no han hecho las inversiones, han pedido que se redefinan sus proyectos iniciales para quedarse con las hectáreas en las que puedan trabajar y revertir al Estado las demás áreas. No se ha alcanzado la meta de US$ 120 millones anuales esperada.
Centralizaron el proceso de registro de concesiones en Quito porque los registradores de la Arcom en las zonales no cumplían lo que se les ordenaba y tenían demasiado poder.
En la Arcom también fueron separados jefes “que no quería acatar nuestras disposiciones para controles específicos”.
“Eso ocurrió cuando ya tuvimos señales de problemas con el abuso de los registradores mineros, que tenían excesivo poder para inscribir concesiones y contratos en las provincias, así decidimos normar claramente esas atribuciones que están centralizadas en la Arcom en Quito».
«Cambiamos el tema del registrador minero porque en Zamora Chinchipe había uno que decidía que él se iba a su casa con el libro de inscripción de concesiones y contratos escrito a mano, debajo del brazo. Nada podía hacerse en las provincias si él no estaba».
Sobre la desgraficación del polígono Cumbaratza
«Un día tuve que yo personalmente decirle (al registrador minero de Zamora) que desgrafique el área y saque lo de Cumbaratza que estaba perjudicando al Estado, pero no lo hizo porque se sentía inmune, protegido por los jueces. Hoy está fuera. La regulación se hizo para que los registradores controlen todo. Tenían más poder que sus jefes, en las direcciones zonales.”
Sobre el seguimiento a la suspensión de la minería en Napo
“Vamos a hacer varias cosas con diferentes entidades. La Arcom debe ir al territorio para aplicar y verificar el cierre de todas las operaciones, que están suspendidas completamente. Simultáneamente la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, Arcsa, y el Viceministerio de Ambiente harán los análisis de los sedimentos y la calidad del agua del río y sus afluentes. Se aplicará también una protección hídrica, que toma alrededor de 90 días, pero le hemos dado 30. Así podremos verificar el uso del suelo con la participación de los gobiernos locales y nuevamente de las comunidades”.
