El uso de artillería pesada y bombardeos por parte del Ejército de Ecuador en zonas como El Chical y el Parque Nacional Podocarpus representa una ruptura total con los protocolos de seguridad interna. Bajo el gobierno de Daniel Noboa, esta estrategia ha dejado de ser una persecución del delito para transformarse en una operación de guerra interna que ignora los límites del derecho penal convencional.
De la persecución del delito al estado de guerra interna
Desde una óptica jurídica, se observa un desplazamiento alarmante: el Estado ya no busca procesar criminales, sino aniquilar objetivos. Al bombardear «a diestra y siniestra», las Fuerzas Armadas están operando bajo una lógica de guerra total donde no existe un límite para matar. Como se ha denunciado, se está ejecutando una pena de muerte de facto sin sentencia previa, lo que constituye una violación flagrante a la tutela jurisdiccional y al derecho a la vida. No se trata de una respuesta a una agresión directa o un ejercicio de legítima defensa, sino de una ofensiva proactiva que utiliza armamento de guerra contra personas cuya identidad y rol específico en las operaciones mineras no han sido verificados.
Disparos a mansalva y posibles crímenes de lesa humanidad
La táctica de disparar «a mansalva» y realizar ataques aéreos en zonas de selva, sin saber con certeza quiénes se encuentran en los campamentos, eleva el riesgo de configurar delitos de lesa humanidad. El uso desproporcionado de la fuerza, al no mediar una provocación armada inmediata, rompe con los principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Al tratar el territorio como un campo de batalla sin restricciones, el Estado asume el riesgo de eliminar tanto a actores criminales como a civiles o trabajadores forzados, eliminando cualquier rastro de proporcionalidad y justicia.
El dilema ecológico: Destruir para conservar
Resulta paradójico que el combate a una actividad depredadora se realice mediante métodos que generan un impacto ambiental irreversible. El bombardeo de maquinaria libera combustibles y químicos tóxicos en ecosistemas frágiles, vulnerando los Derechos de la Naturaleza. Al final, el uso de armamento convencional no solo ignora la dignidad humana, sino que aplica una «política de tierra quemada» que puede ser tan devastadora como la minería misma.
