Si el Gobierno realmente quiere luchar contra la criminalidad en la minería tiene que tomar acciones, que todavía no ha tomado como: control financiero, profesionalización, introducción de tecnología, medidas de trazabilidad del mineral y certificación anticorrupción pública y privada.
Una medida que llevaría a un verdadero éxito sería un ministerio sectorial con una ISO 37001 y que exija a las plantas de beneficio esta certificación en sus operaciones. Esto impediría que se contamine el procesamiento de las plantas con oro de origen ilegal, porque es una ISO que asegura la trazabilidad en todo el proceso.
Esto lo propone Nathaly Logroño, abogada, especializada en criminología y en seguridad, quien lleva años dedicada a estudiar e investigar el fenómeno de la criminalidad en minería.
Ella logró acceder a la estimación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que consiste en que el 47% de la pequeña minería está contaminada, es decir, cooptada, extorsionada, vacunada, explotada, por la economía criminal.
En primer orden, afirma que desde que el gobierno de Guillermo Lasso declaró a la minería ilegal como la quinta amenaza a la seguridad nacional, la criminalidad ya presente en la extracción ilegal, empezó a diversificarse cooptando las empresas mineras estructuradas. E ahí que en el país, el lavado y la recuperación de fondos para actividades criminales está concentrada en la pequeña minería, la minería de libres aprovechamientos y la artesanal.
“Ha sucedido, de hecho, que muchas concesiones tienen que pedir permiso al crimen organizado para poder sacar sus productos. Esa es la diferencia que existe entre la minería ilegal y la minería criminal”, explica.
Se refiere a las acciones militares ordenados por el Gobierno en supuestamente importantes focos criminales de minería. “Bombardeando montañas, haciendo este tipo de cosas no puedes creer que estás combatiendo la minería criminal porque es algo mucho más profundo, la corrupción es desde adentro. Se catalogaba en más menos US$150 000 un permiso ambiental que se demoran más menos 12 años en entregártelo. Existe una gobernanza criminal bastante profunda”, manifiesta.
“Si es que el Gobierno tiene la intención de combatir a la criminalidad, parte del dinero que gasta en los movimientos de las fuerzas del orden, que nos cuesta alrededor de US$ 12000 al año, lo podría gastar en prevención y tener la ISO 37001 es una medida de prevención que va a reducir los gastos operativos más adelante”, afirmó. La cifra es del Informe de la Paz, presentado en febrero en la Asamblea Nacional.
Estas acciones preventivas engloban una verdadera reforma institucional para erradicar la corrupción en las instituciones públicas que gestionan y controlan el sector y exigir a las empresas medidas internas anticorrupción.
Medidas que ya existen en Canadá
La certificación ISO 37001 es una herramienta con la cual se traza las matrices de riesgo desde la primera hasta la última fase de un proyecto. Y forma parte del compliance de las mejores empresas. En el ámbito corporativo, el compliance (o cumplimiento normativo) es el conjunto de políticas, procedimientos y buenas prácticas que implementa una empresa para garantizar que todas sus operaciones se ajusten a las leyes, regulaciones del sector y estándares éticos.
“Un profesional criminólogo corporativo puede armar esas matrices de riesgo y diseñar las prevenciones. Y sería ideal que el Estado también maneje estos criterios: tener una oficina antilavado o de compliance dentro del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), sería un logro muy grande”, asegura.
Las matrices de riesgo deben enfocarse también en el análisis económico, que permitan trazar la compra y venta del oro, porque se requiere una trazabilidad económica.
Las matrices de riesgo de compliance y anticorrupción las tiene Canadá, es la licencia anticorrupción y hace parte de un gobierno transparente.
Crear la necesidad y “vender” la solución
Por otro lado, es enfática en señalar que antes que mejorar la producción mineral, hay que agilizar los permisos, “en especial las licencias ambientales y reducir todos los requisitos porque eso lo que hace es crear la necesidad y vender la solución”.
“A veces tienes un funcionario que se está haciendo millonario porque las licencias no pasan si él no lo firma. Con un salario mensual de 1200 tienen tarjetas de crédito triple A”, observa.
Hay una serie de cargos con poder de decisión que dependen de los técnicos o analistas que llevan años en el cargo, y pueden estar trabajando para el crimen organizado, y son quienes les enseñan e inciden en la decisión, porque los funcionarios políticos desconocen la materia minera. Por eso deben profesionalizarse las instituciones.
Además, entran personas a cargos de confianza que no le rinden cuentas a nadie sino directamente a los viceministros o a quien les hizo acceder al cargo. Un director nacional, por ejemplo, de Pequeña Minería, no tiene documentos por firmar ni autorizaciones que otorgar, porque los directores zonales son los que otorgan, administran y extinguen derechos mineros.
Por todo ello, lo obvio es introducir tecnología, para que simplemente el gerente o la empresa minera pueda incluir todos sus documentos para que sean calificados en una plataforma tecnológica para evitar la mano humana que se preste a una discrecionalidad. Porque, de la manera actual, a su parecer, las empresas nacionales y extranjeras tienen destinado un presupuesto para la corrupción y para la vacuna. “Es una pena, una realidad interna de las empresas”.
Por eso, medidas como la tomada por el Gobierno de aplicar el polígrafo a los funcionarios del jerárquico superior y algunos analistas del Ministerio y la Arcom, son buenas iniciativas pero quedan incompletas. Algunos no pasaron el polígrafo y se les pidió la renuncia, pero rotan y se diversifican como parte de la criminodinámica, el crimen organizado están tres pasos delante.
Y dentro de la gobernanza criminal existen los delitos de cuello blanco y los de cuello azul, continúa explicando. Hablamos del azul, cuando se trata de los delitos técnicos. Los técnicos y analistas no toman decisiones pero inciden en quienes sí. Por ejemplo, en el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad), tiene más poder el del archivo que el propio director.
La apertura del catastro para no metálicos de 2025: un pescar a río revuelto
Cuando se abrió el catastro para no metálicos (en 2025) una de las dinámicas criminales fue que ya habían pedido esas mismas áreas, con idénticas coordenadas, para metálicos, cuando se cerró el catastro minero y quedaron pedidos pendientes de respuesta. “De unas 50 solicitudes más menos había unas 25 solo de un mismo concesionario. La misma persona pedía 20, 25 o 15 con los mismos datos, con las mismas coordenadas”.
Quizá por eso, la entrevistada considera que ser director o directora de Pequeña Minería y Minería Artesanal es un cargo muy importante en la lucha contra el crimen organizado, porque siempre es parte de su trabajo ser miembro del Conim, en el que participan obligatoriamente la Policía Nacional, la Armada, la Secretaría de Inteligencia, el Comando Conjunto, la UAFE, el Ministerio del Interior, la Enami EP, el MAE y la Arcom.
