Cada vez que la autoridad ha hablado de “apertura del catastro minero” en el Ecuador, una de las supuestas causas de la demora en tomar una decisión a todas luces política, ha sido que hay que depurarlo porque adolece de muchas irregularidades y desactualizaciones.
Cómo es costumbre en este país de afirmaciones sin pruebas o fundamentos basados en data factual, inclusive en cualquier instancia administrativa, en lugar de exponer las pruebas de los casos irregulares, seguir los debidos procesos, corregir las fallas y actualizar el registro, se han barajado innumerables pretextos.
Que la antigüedad del sistema de gestión de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, que la corrupción de los mandos intermedios zonales, que la interferencia de la función judicial en los procesos de otorgamiento de concesiones, incluso una diferencia de sistema de coordenadas entre el ministerio sectorial y la Arcom…
Al parecer, todos se equivocaron y el problema ha sido que las instituciones encargadas del control de los procesos de titularidad mineros, no han hecho su trabajo de supervigilar, controlar, dar seguimiento, actualizar, dar la pelea en casos judicializados, intercambiar información, en fin, cumplir con su trabajo legal para controlar que los titulares de concesiones, empresarios y operadores naturales, cumplan la ley y sus innumerables normativas correlacionadas.
Una resolución que afecta a unas 600 concesiones, pero no afecta
Al cabo de ocho años de pretextos y de una apertura del catastro temporal fracasada por una planificación antitécnica, que se llevó a cabo en el año 2025, en la que se recibieron unas 300 solicitudes de áreas de concesión para proyectos no metálicos en zonas geológicas conocidamente metálicas, resulta que una autoridad saliente descubre el agua tibia y deja ordenando que la institucionalidad del Estado haga su trabajo.
Es decir que las instituciones del Estado a cargo de la gestión del sector minero realicen la depuración del catastro.
Pero como esta institucionalidad no funciona, tendrán que ser los propios concesionarios los que demostrarán con papeles la situación administrativa y la legalidad de sus concesiones, pues de lo contrario tendrán que perder concesiones o suspender actividades ¿o ya las autoridades tendrían que haberles llevado al orden y llevado a la caducidad sus concesiones? Porque no pagar patentes o regalías es causa de caducidad. Y no tener licencia ambiental es causa de suspensión de actividades.
Pues así lo hubiera querido la ex ministra Manzano, pues como regalo de despedida dejó a los concesionarios la resolución MAE-MAE-2026-0011-RM-2:
ordenando a las direcciones zonales del Ministerio iniciar los procesos de caducidad de las concesiones que incumplen sus obligaciones de pago de regalías (Anexo 4: 351 concesiones) y de pago de patentes anuales (Anexo 3. 292 concesiones), y
declarando el abandono de los trámites de regularización ambiental en las concesiones que no haya “impulsado” en dos meses (Anexo 1: 206 concesiones) el trámite desde su registro; y
declarando el incumplimiento (Anexo 2: 257 concesiones) de la obligación de obtener licencia ambiental al no haber iniciado el trámite y ordenando a la Arcom que haga efectiva la suspensión de actividades en esas concesiones. Los titulares de derechos mineros a los que se les haya suspendido deberán, en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación que fue el 8 de mayo, iniciar el proceso de regularización ambiental.
¿Otra resolución ministerial que nadie cumplirá?
El regalo de despedida a los empresarios mineros, según afirman varios pequeños mineros a los que hemos consultado, incluyó en la resolución a justos y a pecadores, lo que aparte de evidenciar el lamentable estado de actualización de las labores de control de la autoridad, muestra una vez más que la Arcom, incumple sus atribuciones institucionales tanto como el Viceministerio de Minas.
Por lo tanto tampoco se han cumplido los deseos de la renunciada ex ministra que “no iría de embajadora a ningún país”, porque los mineros han hecho su interpretación de la orden:
– Los que no han pagado que se preocupen, como nosotros sí hemos pagado no nos pueden iniciar procesos de caducidad y como sí hemos cumplido lo ambiental, no suspenderemos actividades. Aunque estemos en las lista, que vengan a vernos (las autoridades) y les enseñaremos los papeles de que pagamos y/o cumplimos.
Máxime lo que han hecho los mineros, ha sido ponerse al trámite de solicitar certificados de pagos, y copias certificadas de “recibidos” a solicitudes y documentación entregada a las entidades de control: SRI, Arcom, ministerios de Ambiente y Finanzas, Banco Central del Ecuador y compradores privados de oro, exportadores de minerales…
Por lo tanto ¿no ha pasado nada? ¿serán o no los propios mineros los que realicen la depuración del catastro minero? Pues la institucionalidad del Estado reducido a su mínima expresión, no tiene capacidad para recorrer ágilmente alrededor de 600 concesiones que se encuentran incluidas en los cuatro anexos, con un total de 1106 inobservancias de la ley.
Resolución ministerial para que todo el mundo cumpla lo que ya está escrito en la ley
Para sustentar el documento MAE-MAE-2026-0011-RM-2, la ex ministra incluyó el informe con memo ARCOM-ARCOM-2026-0198-O del 24 de abril de 2026, denominado “Informe de Concesiones de Régimen Especial de Pequeña Minería y Régimen General Metálica sin Regularización Ambiental”, del 24 de abril de 2026.
Y así mismo, en su resolución, dijo que el ex viceministro de Minas, Guillermo Flores, ya defenestrado por el nuevo ministro Juan Carlos Blum, había hecho un informe (SMAPM-SMI-2026-002-IT) “Estado de Cumplimiento de Obligaciones Normativas y Regularización Ambiental de las Concesiones de Pequeña Minería Metálica y Régimen General Metálico” de incumplimientos ambientales: un total de 257 concesiones de las cuales 251 pertenecen al Régimen Especial de Pequeña Minería y 6 a Régimen General, particularmente, relacionados con la ausencia de regularización ambiental habilitante.
Este informe incluyó también el listado de concesiones que registran la falta de pago de patentes de conservación y/o de regalías mineras, un total de 404 concesiones de las cuales 348 pertenecen al Régimen de Pequeña Minería y 56 a Régimen General.
Las recomendaciones de los informes:
La asesoría jurídica del MAE debe evaluar la procedencia del instrumento jurídico necesario para iniciar dichos procesos, garantizando la depuración del catastro y el estricto cumplimiento del régimen minero aplicable.
“La Arcom debe realizar un proceso de verificación técnica integral de los informes de exploración y producción conforme los determina la normativa legal vigente a fin de minimizar riesgos de incumplimiento de regularización ambiental. Priorizar la identificación y seguimiento de las concesiones activas que no disponen de licencia ambiental vigente, en ambos regímenes, con el fin de iniciar procesos formales de regularización ambiental y control.
“Para ello, la Arcom y el MAE deben coordinar un cruce sistemático de información que permita detectar actividades en operación sin regularización ambiental, establecer alertas tempranas y definir acciones correctivas o sancionatorias según lo establece la normativa minera y ambiental aplicable.
“Se conmina a la Coordinación General de Asesoría Jurídica realice un análisis de los posibles incumplimientos establecidos en el informe de la Arcom, a fin de que determine las acciones correspondientes, conforme lo determina la Ley de Minería y su Reglamento General.
Además, es de Rypley, pero en Ecuador esto es perfectamente real: de acuerdo a los informes, hay 65 concesiones que aún permanecen indebidamente registradas bajo el extinto Régimen General por lo que el Viceministro de Minas recomienda “que el Viceministerio de Minas a través de las Direcciones Técnicas Zonales o quien haga sus veces (sic), inicie de manera inmediata la reclasificación que ya se ordenó ¡en 2020! en el acuerdo ministerial MERNNR-MERNNR-2020-0029-AM.
“Este proceso debe considerar la verificación documental de cada concesión para determinar si corresponde su reubicación en Mediana Minería o Gran Escala, según la etapa de exploración en la que se encuentren. La ejecución de esta medida permitirá depurar el catastro minero, corregir las inconsistencias detectadas y restablecer la integridad operativa del registro minero nacional, ejerciendo un control técnico adecuado sobre las concesiones mineras”.
Es decir, las autoridades “recomiendan” a todos sus subordinados o adscritos: que hagan su trabajo, cumplan y hagan cumplir la ley. ¡Increíble!
Ecos de Expominas 2026
