Casi de manera secreta, es decir, sin la publicidad ni socialización usual, entraron en vigencia las dos normativas que anunciamos en nuestro último número: la primera para que el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) pueda negociar contratos de explotación con el Estado y la segunda, para que la Empresa Nacional Minera (Enami EP) pueda asociarse, hacer acuerdos comerciales, ceder y transferir concesiones.
Cabe anotar que en los últimos tres gobiernos, los ministros sectoriales, que llegan con cada nuevo viceministro de Minas, les encargan una cruzada de actualización de la norma, por lo que, se desconoce si el nuevo Secretario de Estado, Juan Carlos Blum, tiene intenciones de aplicar estas normativas o también las pondrá en maduración. Sin embargo, consideramos toda nueva reforma hace parte de la seguridad jurídica, que se esgrime para justificar cualquier cosa en la gestión pública del sector, por lo que las reseñamos aquí y en la nota consecutiva.
“Ambos habían estado firmados el 30 de abril y el 1ero. de mayo, se los guardaron, herméticamente, hasta que fueron publicados, tres semanas después, en el Registro Oficial del 20 de mayo. Ha causado mucho nervio al sector privado el contenido de estos acuerdos, les tomó por sorpresa”, nos comentó una fuente minera muy acreditada.
Probablemente porque es evidente que el contrato firmado con la subsidiaria de CMOC por el proyecto Cangrejos, pocos días antes, se hizo omitiendo estos lineamientos, específicamente en el aspecto de la falta de un estudio de factibilidad definitivo y de la licencia ambiental. Estos, como veremos más abajo, en el nuevo instructivo hacen parte de la verificación de consistencia económica y ambiental.
En iguales condiciones, en el gobierno anterior, el ex ministro sectorial, Fernando Santos, firmó el contrato de explotación del proyecto Cascabel, y cuando le consultamos cómo era esto posible, respondió “si no es rentable ellos (Solgold, dueño de Cascabel en ese entonces) son los que se friegan”.
El Instructivo MAE-MAE-2026-0056-AM (publicado en el Segundo Suplemento No 288 del Registro Oficial del 20 de mayo de 2026) establece lineamientos y parámetros mínimos obligatorios para la estructuración y contenido de los contratos de explotación minera en Ecuador. Su objetivo principal, según dice, es orientar la negociación, aprobación y ejecución bajo criterios técnicos, económicos y jurídicos, garantizando los intereses del Estado como propietario de los recursos no renovables.
Aspectos económicos clave
Para el cálculo de la inversión se excluyen tributos, arrendamientos financieros (considerados como capex, es decir, costo de construcción básicamente) y montos de la etapa de exploración. Esto asegura que las obligaciones económicas se centren en la fase de explotación.
Verificación de consistencia económica: Antes de la firma, la autoridad debe verificar la alineación entre el estudio de factibilidad, el plan general de trabajo e inversiones, el modelo financiero y las condiciones contractuales. Se requiere un expediente administrativo integral con trazabilidad para auditorías.
Beneficios y participaciones para el Estado: El instructivo refuerza el marco constitucional y legal (Constitución arts. 408, 317; Ley de Minería), priorizando regalías, participaciones empresariales y otras contribuciones no tributarias. Los contratos deben incorporar mecanismos que garanticen al Estado beneficios no inferiores a los del concesionario, con énfasis en progresividad según volúmenes de producción, tipo y precio de minerales.
Estructura contractual económica:
Plazo determinado (no mayor a la vigencia del título de concesión).
Obligaciones de inversión, producción y reportes financieros.
Cláusulas sobre regalías (generalmente 3-8% sobre ventas del mineral principal y secundarios, pagadas semestralmente), impuestos y participaciones.
Mecanismos de ajuste, garantías financieras y penalidades por incumplimiento (incluyendo caducidad por evasión de regalías).
Alcance y obligatoriedad: Aplica a todos los concesionarios en etapas precontractual, contractual y de ejecución (incluyendo adendas, modificaciones o cesiones). El incumplimiento de los parámetros mínimos impide la suscripción del contrato. Incluye evaluación de sostenibilidad económica, riesgos financieros y consistencia con el interés público.
En resumen, el instructivo no introduce cambios radicales en las tasas impositivas existentes, pero impone controles más estrictos en la negociación y verificación.
Aspectos ambientales clave
Intenta reforzar la sostenibilidad ambiental, alineado con la Constitución (arts. 408, 317 y principios de precaución, prevención y responsabilidad intergeneracional), la Ley de Minería y el Código Orgánico del Ambiente.
Obligatoriedad de autorizaciones ambientales: Los contratos deben incorporar y subordinarse a las autorizaciones administrativas ambientales previas emitidas por la autoridad competente (Licencia Ambiental, Registro Ambiental, etc.). No se puede suscribir el contrato sin el cumplimiento de estos requisitos.
Integración de instrumentos de gestión ambiental:
El estudio de impacto ambiental (EIA), plan de manejo ambiental (PMA), plan de contingencias y otros estudios deben alinearse con el plan general de trabajo e inversiones, y el modelo financiero.
Se exige verificación de consistencia técnica, económica, ambiental y social antes de la firma del contrato.
Fases del proyecto y cierre de mina: El contrato debe estructurarse por fases (construcción, operación y cierre), con obligaciones específicas de remediación ambiental, rehabilitación de áreas afectadas y monitoreo post-cierre. La terminación del contrato (por cualquier causa) no exime al concesionario de estas responsabilidades.
Los contratos deben incluir cláusulas que garanticen la minimización de impactos negativos ambientales, culturales y sociales.
Obligaciones de prevención, mitigación, monitoreo continuo y reporte de incidencias.
Mecanismos de garantía financiera para el cumplimiento ambiental (fondos de rehabilitación, seguros, etc.).
Incumplimientos ambientales pueden derivar en sanciones, suspensión de actividades o caducidad.
Expediente integral y trazabilidad: Toda la documentación ambiental generada se integra en un expediente administrativo para auditorías y control posterior por parte de las autoridades (MAE, Arcom, Contraloría, etc.).
