Durante los primeros 10 años, con una inversión inicial de US$ 1500 millones, que alcanzará los US$ 4500 millones, operará solo el 18% de la mina que el contrato de explotación con el Estado ecuatoriano ha autorizado para un total de 33 años de vida del proyecto de mina de oro y cobre Cascabel. Y en este período “va a aportar al menos US$ 4000 millones al Estado”.
Lo dijo Amparo Albán presidenta de Solgold, durante el foro sobre la tasa de fiscalización minera en el Ecuador, que se realizó previo a la clausura del XII Congreso de Geología, Minas, Petróleos y Ambiente, efectuado la semana pasada en la escuela Politécnica Nacional de Quito.
Solo un 18% de la mina, aportaría US$ 400 millones al año, afirmó, sin especificar si en impuesto a la renta y regalías o también en todos los gastos que efectúan las mineras en general al estado central, gobiernos locales, patentes de servidumbre, iva, isd, utilidades a los trabajadores, etc. Y a eso se sumarían 500 millones por diez años de la tasa minera, si esta permanece vigente.
Esto porque en el mismo evento, la ejecutiva afirmó que el valor anual por la tasa minera que corresponde pagar a la compañía por todas sus concesiones en el Ecuador, es de US$ 50 millones. Esto habla de una suma promedio de US$ 450 millones anuales, sumando el Capex, o inversión en construcción, y el gasto en tasa de fiscalización para diez años y sin contar con el capital de operación anual.
Solgold, además del proyecto Cascabel, tiene derechos mineros en 72 concesiones en el Ecuador, que suman unas 320 000 hectáreas, repartidas entre Imbabura, Carchi, Loja, El Oro y Azuay.
