El subsecretario de Minería Industrial, Guillermo Flores, fue interpelado por representantes gremiales y de la academia en un foro sobre la tasa de fiscalización minera fijada por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Asistió como delegado del viceministro de minería, Javier Subía, quien estuvo en la inauguración del XII Congreso de Geología, Minas, Petróleos y Ambiente, el 3 de julio en Quito.
Los expositores afirmaron que la tasa es desproporcionada en relación con la capacidad productiva de las empresas, que sería “ilegal” para las empresas extranjeras pagar al Estado más que lo que invierten en exploración, que le deja al país fuera de competencia en la atracción de inversión para exploración, y que, aunque quieran pagar muchas pequeñas mineras nacionales no podrán hacerlo.
La presidenta de SolGold, María Albán, dijo que la compañía invirtió un promedio de US$ 37 millones al año en exploración en su proyecto Cascabel y la tasa le representa US$ 50 millones al año por todas sus concesiones de SolGold. Son como 300 000 hectáreas.
En su respuesta, Flores dijo que hace unos días, con el Fondo Monetario Internacional han analizado la necesidad de una normativa para el cierre y poscierre de minas, porque es necesario saber qué va a pasar dentro de 30, 50 ó 100 años. Que el gobierno tiene el propósito de potenciar la Arcom. Que el Viceministerio está abierto a colaborar y que el análisis de la problemática de la exploración pues, es necesario hacerlo de una manera conjunta.
“El estado entiende que somos socios, que solo cuando proyectos como Cangrejos, Cascabel y los pendientes en pequeña minería se explotan generan el mayor beneficio, en el empleo, la inversión, el impacto a las zonas de influencia directa e indirecta. Entonces, no es que desconocemos esa problemática”, afirmó.
Terminaré indicándoles que se lo está analizando, se lo está revisando justamente en función de todas estas opiniones, criterios que son válidos, afirmó. Y devolvió la interpelación con la siguiente frase: “El problema, y voy a ser muy franco, es cuando le dices al gobierno ´que es un vacunador´. No, eso no, hay formas y maneras”. Y reclamó respeto. (Vacunador es como se ha dado en denominar en la crisis de seguridad en el Ecuador a quien extorsiona a cambio precisamente de seguridad).
Pero no había terminado. A continuación afirmó: “Entonces, el objetivo de esto es poder avanzar y en el corto plazo, tenemos otro evento y podemos ir analizando, revisando los diferentes puntos como los contratos de explotación, el ajuste soberano, el tema energético y la autogeneración. Tenemos un universo sumamente amplio de temas que podemos conversar y estamos dispuestos a tener esta apertura”, finalizó.
Flores es ingeniero de Minas, profesor de la Escuela Politécnica del Litoral y hace una semana asumió el cargo, en el que ya se había desempeñado.
Mientras tanto, la Corte Constitucional recibió una acción pública de inconstitucionalidad de actos normativos en contra de la resolución de la Arcom, N° 003/25, mediante la cual quedó establecida la tasa de fiscalización minera. Carlos Miguel de Miguel III, gerente de Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A., subsidiaria de la gigante australiana Hanckok Prospective Pty, solicitó que se declare inconstitucionales por la forma y por el fondo los artículos 1 y 2 de dicha resolución.
La batalla legal recién empieza ya que varias empresas internacionales analizan la posibilidad de realizar un acto similar al que está registrado con el código N° 56-25-IN, asignado por la Secretaría General de la Corte. Y las cámaras mineras se preparan para apoyar a los afectados con los recursos legales de terceros denominados Amicus curiae.
Denunciamos manejo nada transparente
En la estrategia para afrontar la decisión del gobierno de instaurar la tasa aduciendo que la Arcom necesita recursos para enfrentar la minería criminal, algunas compañías al parecer han decidido incidir mediante la denominada sociedad civil. Así se evidenció la semana pasada cuando la ong quiteña Participación Ciudadana (PC) invitó a un grupo de periodistas a una reunión para una “Discusión sobre la tasa minera y sus implicaciones”.
Como agencia informativa denunciamos aquí la intención de un manejo nada transparente sobre el tema por parte de la conocida activista política, Ruth Hidalgo, directora de la ong. Ella decidió, antes de iniciar la reunión, expulsar a la representante de Vía Minera, María Eugenia Hidalgo, negándose a verificar con su propio equipo de comunicación que Vía Minera no solo estaba plenamente invitada sino que había confirmado su asistencia.
La presidenta de SolGold, María Amparo Albán, presente en el “almuerzo” no hizo nada para impedir el atropello, pese a que conoce bien a la periodista.
El atropello fue informado a los mecanismos de protección de periodistas por obstrucción al ejercicio de trabajo informativo y difamación, y al Ministerio de Energía y Minas, en la persona de Karla Herrera, encargada en Ecuador de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, de la que participa PC. Y será informado también al Secretariado Internacional de la iniciativa EITI.
Y hay un elemento adicional en este opaco hecho, que no podemos dejar de mencionar ante la inexplicable actitud de Ruth Hidalgo: enviamos a SolGold días antes un cuestionario de 17 preguntas de carácter técnico sobre el proyecto Cascabel, el mismo que todavía no ha sido respondido.
