Como consecuencia del incremento del precio del diésel, el movimiento indígena del país, encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), convocó a un paro nacional que finalizará solamente con la derogatoria del decreto ejecutivo N° 126. Y entre sus peticiones, incluyó la anulación de las licencias ambientales de los proyectos Curipamba, que está en inicio de la construcción de mina, y La Plata, que recientemente obtuvo la licencia ambiental del flamante ministerio de Ambiente y Energía.
En todo el país se podría decir que existe una tensa calma ante los anuncios de la Conaie que hasta el momento han sido secundados por media docena de organizaciones sociales de carácter indígena, religioso, sindical, estudiantil y otros. Sin embargo, las movilizaciones no se han hecho sentir. La Conaie denunció que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de los líderes y también de las organizaciones que hasta donde se conoce son de tipo regional, provincial, y también por pueblos y nacionalidades.
Se desconoce cuál será la postura de líderes indígenas amigos de las empresas mineras que están presentes en varias provincias. Por lo pronto, en la provincia de Pastaza sus líderes se han negado a seguir la decisión de su organización matriz nacional. Otros, entre ellos asambleístas del partido político Pachakutic que nació como expresión política de la Conaie, han manifestado que rechazan la medida tomada por el Gobierno pero prefieren que se les convoque al diálogo.
Los ecuatorianos vivieron una semana de zozobra porque luego de emitir decreto 126 de eliminación del subsidio al diésel, el Ejecutivo se trasladó a la ciudad de Latacunga en la sierra centro del país. Después del pronunciamiento de la Conaie en la ciudad de Riobamba, el Presidente amplió el estado de excepción a ocho provincias y decretó toque de queda en cinco.
En los días siguientes, lanzó una solicitud de consulta popular al Consejo Nacional Electoral (CNE), saltándose el requisito legal de presentar la consulta ante la Corte Constitucional. Muchos creímos que se estaban reuniendo condiciones para un golpe de estado policial, militar y civil, pero la semana política concluyó el sábado con el CNE remitiendo el contenido de la solicitud a la Corte, para su análisis de constitucionalidad.
El día anterior en horas de la noche, la CC fue rodeada de policías y los jueces obligados a salir bajo el pretexto de una amenaza de bomba. El pasado 12 de agosto aparecieron en Quito vallas publicitarias no autorizadas con el rostro de los jueces de la Corte en las que se les señalaba por «robar la paz» a la ciudadanía, el mismo día en que el presidente Noboa, lideraba una movilización contra el alto tribunal. La CC ha puesto en pausa muchas leyes de iniciativa del Ejecutivo aprobadas por la Asamblea Nacional, y decretos, que son objeto de una lluvia de demandas de inconstitucionalidad.
