El día de hoy debe realizarse de manera telemática la audiencia pública para determinar si es constitucional o no el Decreto 754, que regula la consulta ambiental, luego de que la jueza constitucional Alejandra Cárdenas dijera no al pedido formulado por la Conaie para que la audiencia sea presencial y en el territorio de los pueblos afectados.
El movimiento indígena también había solicitado se difiera la realización de la audiencia, pero la jueza rechazó el pedido porque “las partes, terceros con interés; y, los amicus curiae han confirmado su participación” y “la agenda jurisdiccional de la Corte Constitucional impide que las juezas y jueces puedan trasladarse a los territorios señalados y realizar una audiencia presencial”.
A principios de la semana pasada, los dirigentes de la Conaie explicaron a la Corte que el intento de aplicar el Decreto 754 había generado graves hechos de violencia en Las Naves, provincia de Bolívar, y en Palo Quemado, provincia de Cotopaxi, localidades cuyos pobladores tienen una cultura y costumbres poco familiarizadas con los medios digitales que forman parte de la vida cotidiana en las ciudades.
“Para los líderes indígenas y campesinos que realmente están interesados en el desarrollo de la audiencia del presente caso porque la decisión que tome la Corte Constitucional afectará directamente su vida y su territorio, la participación a través de medios telemáticos resulta extraña, poco accesible, difícil de entender”, argumentaron los dirigentes.
“Por lo expuesto, solicitamos que la audiencia se realice de manera presencial en la capital de la provincia de Cotopaxi o de la provincia de Bolívar a fin de que la justicia constitucional se acerque a la ciudadanía de los sectores en donde surtirán efectos directos sus decisiones en el caso”, pidieron.
El pedido de inconstitucionalidad del Decreto 754 se ha convertido en un asunto de vida o muerte para el sector empresarial ecuatoriano. Aproximadamente un centenar de “amicus curiae” han llegado a la Corte Constitucional movilizando no sólo a las compañías mineras sino a gremios y asociaciones de otras ramas de la producción e inclusive a las cámaras de comercio binacionales solicitando se dé pase al decreto presidencial.
Dos de las empresas que debieron suspender el proceso de consulta, Adventus y Salazar, destacaron que el 7 de septiembre de 2023, en un auto de seguimiento, la Corte declaró prioritario el proceso y fijó la audiencia pública para el día de hoy.
Entretanto, el 11 de septiembre, el juez multicompetente de Las Naves, Segundo Holger García Benavides llamó a juicio a seis activistas de Las Naves, provincia de Bolívar, luego de dos días de audiencia a quienes acusaría de asociación ilícita de acuerdo a acusación de Curimining, por sus métodos de oposición a la aplicación de la consulta ambiental.
