El Presidente Noboa, que ahora preside el Directorio de la Empresa Nacional Minera, Enami EP, tiene entre sus manos el destino del proyecto Llurimagua, que corre el riesgo de caer en caducidad y que fue objeto de un arbitraje internacional que, sin pena ni gloria, ha dejado a la Enami EP huérfana de la información clave para su desarrollo y al Estado ecuatoriano una deuda de US$ 30 millones.
De ese monto, US$ 25,4 millones debemos los ecuatorianos a la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, y en costas arbitrales, los otros 5 y pico millones de dólares.
Aunque fracasó el objetivo de Codelco de obligar mediante el arbitraje a Enami EP a firmar las condiciones onerosas de un pacto de accionistas mal negociado, el caso llegó a su fin con el único beneficio para la Enami EP de haber recuperado el control total de la concesión. Pero en el laudo arbitral, el tribunal se permitió dejar sin efecto el derecho de Enami EP a la información generada en la fase de exploración avanzada.
¿Quiénes son los responsables del incumplimiento de Codelco? ¿Quiénes los responsables de haber dado argumentos al Tribunal para que considere validado el pacto de accionistas?
El ex ministro de energía Carlos Pérez ordenó a la Enami EP firmar el “pacto”, el ex viceministro Fernando Benalcázar, aseveró que sí había el dinero para que se cumpla, el ex ministro René Ortiz llegó al cargo expresando la voluntad de firmar, pero su predecesor el ex ministro José Agusto había pedido un análisis exhaustivo y ahí le pusieron su estate quieto.
La ex asesora de Agusto, doctora Elisa Morán dejó su informe a Ortiz en el que advierte de un posible peculado. Ni siquiera se había conformado un “equipo negociador”. Hayan o no hayan conocido el informe de Morán, ningún gerente de Enami EP de la época se atrevió a proponer al Directorio que firme el pacto.
Fue entonces, cuando Codelco vio frustradas sus intenciones de someter a la Enami EP, mediante el uso de una adenda modificatoria del acuerdo de 2019, a ser marginada del proyecto si no invertía lo mismo que la estatal chilena, con la famosa cláusula del “deadlock”. E inició su perdida batalla internacional.
Cualquier estrategia que escoja el Presidente Noboa para que la Enami EP pueda reiniciar el desarrollo del proyecto, tiene como marco el cumplimiento de la Constitución, los marcos legales de la administración pública y la Ley de Minería.
Ya sea que cierre el capítulo y deje caer en caducidad a la concesión o encuentre una solución para que el proyecto cumpla con los plazos de ley y retome la exploración avanzada u obtenga la información geológica de alguna manera, la Enami EP requiere concluir su relación con Codelco o retomar la negociación desde cero, lo cual no parece muy probable para la doctora.
Como conocedora a fondo del proceso, le entrevistamos sobre el curso que debería tomar el Estado en esta fracasada negociación.
La participación de Codelco, quinta productora de cobre en el mundo, era interesante en un proyecto con un potencial considerado gigantesco. ¿Se puede retomar la negociación?
Dudo mucho que Codelco quiera volver a participar en un proceso asociativo con el Ecuador, porque el arbitraje ya es un rompimiento. Desde la expectativa de negocio, del desarrollo de un yacimiento, el preacuerdo era super ventajoso para Codelco en cuanto a mantener un activo internacional, para apalancar su mina Chuquicamata subterránea.
Además, Codelco hizo un uso desleal de su posición dominante en el mercado mundial de cobre, y, tampoco creo que tenía la intención de explotar Llurimagua a corto plazo. Por todo eso, ya no es un actor relevante en el proyecto.
Sin embargo, para futuros nuevos actores que eventualmente surjan, deben mantenerse los candados en procesos asociativos que generan la Constitución y la ley de empresas públicas en cuanto a la distribución accionaria. El estado siempre tiene que tener la mayoría accionaria.
Justamente, viendo la política con la que está llevando este gobierno hacia lo privado, podría constituirse una sociedad anónima, pero si va a haber un diferenciador este es la valoración y evaluación del yacimiento. Eso es fundamental porque ese fue el entrampamiento con Codelco, el transferir a una figura societaria una concesión minera a costo cero.
Eso es lo que ahora se tiene que corregir.
Entonces, necesariamente el Estado ecuatoriano tiene que generar acuerdos que nos permitan levantar la información geológica suficiente para poder evaluar y determinar los recursos inferidos al menos y, si es posible, la certificación de reservas para que a base de eso se haga una distribución justa de los beneficios del Estado ecuatoriano y del paquete accionario.
Es el punto medular en cualquier negociación.
¿Hay responsabilidades en las gestiones que han derivado en esta pérdida para el Estado?
Luego de un análisis jurídico de la concesión y de trabajar en un plan estratégico, porque todos ya sabemos que es un yacimiento sumamente importante, como tercer elemento, hay que determinar los responsables. ¿Por qué?
Porque ahora todo el mundo está feliz mientras que en ese entonces se generaron falsas expectativas y se alargó mucho tiempo en una toma de posición como Estado con Codelco.
Es importante identificar aquellas personas que actuaron desde la presión política o desde la presión diplomática pero que al final alargaron este proceso y que ahora tiene este costo. Porque probablemente en la exploración inicial, que era a costo y riesgo de Codelco, se podía tomar una decisión como Estado, pero se siguieron alargando las cosas.
Segundo, generaron documentación de aceptación de que el estado ecuatoriano sí tiene la plata para invertir, y que ya está todo prácticamente acordado. Se apartó de las decisiones a los que dijimos que no era procedente.
Porque esto no puede seguir pasando se les tiene que aplicar la acción de repetición a los responsables, para que otras personas ya no puedan seguir jugando con falsos ofrecimientos para, probablemente, beneficio de intereses propios. No lo sabemos, pero sí queda la duda.
Y donde efectivamente dieron el paso para comprometernos y ponernos en la silla del arbitraje es en la modificación del acuerdo del 2019, que establece cómo se va a llevar la controversia en caso de incumplimiento.
No podemos jugar con los bienes del Estado, los funcionarios públicos son responsables. Además, son actores que siguen opinando en el sector minero.
Gracias por su valentía, doctora.
Informe de análisis legal del proceso de negociación…
Hanrine se queda en Ecuador,
con todo y tasa de fiscalización
Fe de errata:
En la nota del número 250 de Vía Minera, con fecha 3 de agosto, Hanrine se queda en Ecuador, con todo y tasa de fiscalización dijimos que Carlos de Miguel III no regresaba al país desde 2018 y eso constituye un error. Un colaborador de Hanrine, nos llamó a aclarar que el director ejecutivo de Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining vive fuera del país pero ha regresado al Ecuador regularmente desde el 2018. Ofrecemos nuestras disculpas por el error.
