El sector minero y la ciudadanía en general se vieron sorprendidos en los últimos diez días porque el Gobierno Nacional autorizó el bombardeo aéreo de campamentos de minería criminal y, unas fechas después, anunció que impondrá tasas a la industria minera, como parte de un paquete de medidas económicas que afecta a todas las industrias.
Además, causó revuelo un nuevo encargo del presidente Noboa al señor José Julio Neira Hazeb, como delegado permanente del Presidente ante la Agencia de de Regulación y Control Minero (Arcom), porque el funcionario acumula nueve cargos públicos diferentes relacionados con las agencias de control y con las entidades anticorrupción.
Se recuerda a Neira por, indirectamente, haber parado la reapertura por fases del catastro anunciada por la viceministra de Minería, Rebeca Illescas, para abril, cuando el funcionario como presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero, Conim, el 20 de marzo «recomendó» a la ministra del ramo, Inés Manzano, que suspenda momentaneamente el otorgamiento y la graficación de proyectso y áreas mineras «para la prevención de conflictos de intereses».
Los fondos recaudados a través de la nueva contribución de los mineros, según el gobierno, se estiman en US$ 229 millones anuales.
Sin precisar los montos de la contribución todavía, sino solo un cronograma de aplicación de la medida., el Ministerio de Energía y Minas, en un boletín de prensa informó que: “El Estado ecuatoriano implementará por primera vez una tasa de supervisión y control minera. Esta herramienta permitirá a la Arcom fortalecer su capacidad operativa en todo el país”, señaló. Su recaudación se utilizará exclusivamente para mejorar los procesos de supervisión, ampliar el número de operativos en territorio y garantizar el monitoreo continuo de las concesiones mineras, con cobertura en las 24 provincias.
El esquema se aplicará de manera diferenciada según el régimen de minería (pequeña, mediana, gran escala y régimen general), la fase del proyecto, incluidas las licencias de comercialización. La minería artesanal está exenta de la tasa.
La implementación de esta tasa está respaldada por la Constitución, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley de Minería, el Decreto Ejecutivo N.º 256 y el Acuerdo Ministerial N.º 0204 del Ministerio de Economía y Finanzas, que facultan a la Arcom a establecer tasas por la prestación de sus servicios, afirmó. Los recursos recaudados permitirán mejorar la presencia del Estado en zonas estratégicas, fortalecer la supervisión técnica y ambiental, y ejercer una vigilancia efectiva sobre más de 1,6 millones de hectáreas concesionadas a escala nacional.
De acuerdo a la hoja de ruta planteada para poner en marcha la medida, las tasas se cobrarán semestralmente, la primera vez hasta el 31 de julio de este año y la segunda hasta el 31 de enero del 2026. Extraoficialmente se conoció que el Directorio de Arcom aprobó el fin de semana los montos de la tasa, que van de los 15 a los 50 salarios básicos unificados y serían los siguientes:
FUNDAMENTO FÓRMULA DE CÁLCULO Y PERIODICIDAD
Este anuncio opacó otro que se refiere a la apertura gradual del catastro minero, de manera que hasta el 16 de este mes se iniciará con el régimen de la pequeña minería no metálica y avanzando por fases, el gobierno ofreció que hasta diciembre estará abierto el catastro para todos los regímenes.
La reapertura del catastro, cerrado desde enero de 2018, continuará en septiembre con la minería metálica. “La decisión de abrir el Catastro Minero por fases garantiza eficiencia, transparencia y sostenibilidad operativa”, señaló la vocera del gobierno Gabriela Jaramillo.
Bombardeo histórico en respuesta a criminales
El 31 de mayo, las Fuerzas Armadas anunciaron mediante redes sociales que han regresado a realizar operaciones de control de la minería criminal en la zona alta del río Punino, zona de la provincia nororiental de napo en la que el pasado 9 de mayo fueron asesinados 11 militares, en un hecho sin precedentes en la historia nacional.
Captura de video difundido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
En un video publicado en X se observan al menos dos aviones disparando bombas que impactan en maquinaria y en un campamento con varias construcciones e incendian suelos que aparecen en medio de vegetación.
En Ecuador, la destrucción de maquinaria y campamentos utilizados en actividades de minería ilegal está respaldada principalmente por la Ley de Minería, promulgada el 29 de enero de 2009. Esta ley, en su artículo 57, establece que los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos utilizados en actividades ilegales o no autorizadas de explotación, beneficio o transporte de minerales pueden ser decomisados por las autoridades competentes.
Además, el Reglamento General a la Ley de Minería, publicado el 16 de noviembre de 2009, detalla en su articulado que el uso de maquinaria para fines no autorizados constituye explotación y comercialización ilegal, lo que puede llevar al decomiso y, en ciertos casos, a la destrucción de dichos equipos para evitar su uso reiterado en actividades ilícitas.
Por otro lado, el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador también aborda este tema. En particular, el artículo 260 tipifica como delito la extracción, explotación o exploración de recursos minerales sin autorización, y las fuerzas del orden, en coordinación con la autoridad administrativa, pueden proceder con medidas como la destrucción de campamentos y maquinaria para frenar estas actividades, siempre bajo el marco legal y con la supervisión correspondiente.
Es importante destacar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúan en operaciones conjuntas, como se ha visto en casos recientes en la Amazonía ecuatoriana (por ejemplo, en Alto Punino), donde se han destruido campamentos y maquinaria desde el aire o en tierra, amparados por estas disposiciones legales y bajo la dirección de las autoridades competentes.
Si bien no existe un decreto específico mencionado en las fuentes que autorice exclusivamente la destrucción desde el aire, las operaciones se enmarcan en la normativa existente y en la necesidad de proteger el medio ambiente y los recursos naturales, especialmente en zonas sensibles como la Amazonía incluída la Cordillera del Cóndor.
