En una asamblea provincial realizada el 10 de junio, resolvieron aceptar la tasa de fiscalización minera pero en un 5% de un salario básico unificado para la pequeña minería y sin dejar fuera a la minería artesanal para la que piden que sea del 3%, y también exigieron una serie de otras acciones como un nuevo censo de mineros y el derecho preferente de los dueños de tierras en la apertura del catastro.
La convocatoria la realizó Paul Pineda, presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, una de las cámaras que dicen existir desde hace unos 20 años además de en la ciudad de Zamora, en Loja, Piñas y otras, en El Oro.
Pineda dice que Zamora Chinchipe ha sido duramente golpeado porque la gran minería en la provincia porque han dejado sin acceso por el terreno a sus concesiones a pequeños mineros y artesanales. “Ellos están pagando solo por el cobre, pero se están llevando una ganga de minerales”, cree con seguridad.
Que Chinapintza es uno de los distritos mineros más grandes y fue descubierta por sus abuelos. Que él mismo defendió al país en esa línea de frontera en la guerra con Perú de 1995 cuando tenía 18 años y que reclaman legalizarse desde que se hizo la ley minera, pero solo se hizo un censo en 2010.
Que todos se conocen y por eso ahí no ha entrado la narcominería, pues los terrenos son de los mineros artesanales, afirma Paúl Pineda.
En la zona de Chinapintza, pone como ejemplo, se identificaron 182 concesiones mineras pero solo se regularizaron 36, mientras otorgaron otras al general en servicio activo, Ramiro Ricaurte.
Las entregaron a Odin Mining que era del general, dice, quien luego las vendió a Condor Mining, en un hecho del que nació un conflicto, pérdida de tranquilidad y persecución a los mineros que han terminado como ilegales porque el estado que no los regularizó.
A estos mineros, se les otorgó no concesiones sino 820 permisos excepcionales para 4 hectáreas por 10 años que caducaron en 2024 que el estado no les ha querido renovar pero no lo aceptan porque afirman: “Todos ahí vivimos de la minería”, afirma.
Afirma que, tienen muchos años trabajando en labores dentro de concesiones que, sin tomarles en cuenta, se entregaron a otras empresas transnacionales. “Pero es un reconocido asentamiento minero tradicional”, aduce.
El 80% de la provincia está concesionada y ya no existen espacios y nos están relegando, afirma y advierte que, “Mientras no se haga una auditoría al catastro y se elimine del registro minero, aquellos concesionarios acaparadores de grandes extensiones de tierra y que no han realizado minería, sino que las tienen por años, negociando en un presunto tráfico de concesiones”.
Además, solicitan descentralizar el Ministerio del Ambiente y la Arcom. “La minería ilegal no se la combate con impuestos. No se la combate metiendo preso a la gente. La minería ilegal se la combate con darle legalidad a quién a quién se la merece. Darle una oportunidad a un minero ecuatoriano, un minero zamorano.
«¿Cómo se combate? Primeramente, eliminando la corrupción que está enquistada en los mandos medios, enquistada por años en el cuerpo técnico dentro de Arcom, en la Alcaldía que lo que han hecho es extorsionarnos a nosotros», expresó Pineda en entrevista virtual.
