Hay un secreto a voces en la comunidad minera o lo que tecnocráticamente llamamos ´sector minero´: y es que en el Ecuador no existe minería sin abogados. Los abogados son inseparables de la actividad, ya sea para los mineros artesanales, como para los grandes mineros; ya sea para la alcaldía de cualquier cantón generalmente remoto del país, a donde ningún médico recién graduado se quiere ir de rural; o para la planta central del ministerio sectorial, el de minas, que en nuestro país, por cierto, hasta ayer era el de energía y minas.
Los abogados son la parte, diríamos, víctimas colaterales de la guerra por las concesiones, por los derechos, por las interpretaciones legales de la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los códigos y ordenanzas tributarios, las incontables normas nacionales que rigen la actividad. Es un sector tan necesitado de defensa legal, que prefiero llamarle comunidad, la comunidad minera del Ecuador. Que no es tal sin sus abogados.
¿Qué porcentaje de los gastos de operación, de exploración, de producción, de los OPEX, de los CAPEX se van en abogados? En realidad tal vez alguna inteligencia artificial con vocación de hacker lo podría contestar, porque no aparece en los informes publicados, o no los hemos visto. Pero sabemos que algunas empresas tienen abogados en sus directorios corporativos, osea entre quienes deciden, no solo entre quienes hacen lo que les piden y cobran por la labor.
Abogados de la República. Abogados de los estudios jurídicos. Abogados de recursos naturales. Abogados petroleros devenidos a mineros. Abogados de estudios nacionales. Abogados de las grandes ligas o estudios internacionales. El vicepresidente del gremio de las empresas de exploración o junior extranjeras, es abogado.
Abogados que, de tanto saber, dejaron su condición de expertos en derecho constitucional y se hicieron abogados de la compañía equis. Que dejaron su vocación para el derecho ambiental y se hicieron abogados de la minera ye. Y acaso miembros destacados y visibles de su Directorio.
No hace falta poner nombres. ¿Para elevarlos sobre los demás? ¿O para jerarquizarlos en público, cuando excepcionalmente dejan el bajo perfil? Solo cuando entran a las lides políticas, en casos. No hace falta. Todos los conocen. Entre todos se odian o se admiran. Se envidian y se respetan. Se consultan y se ocultan. Información. Experiencia. Si la información es poder, la experiencia en minería en este país es cotizadísima.
La confidencialidad abogado-cliente. El blindaje profesional. El secreto comercial. La discreción por modestia. Con todo, todos se conocen y todos forman parte de una red invisible paralela, que permite la existencia de esa como motogüadaña de papel, que va abriendo puertas, o como el invisible reino fungi bajo nuestros pies permite la existencia de la vida.
Están ahí y entre todos se conocen y se distribuyen todo ese 7% de superficie concesionada del territorio ecuatoriano. Y son tan ordenados o caóticos como la comunidad minera. Son el reflejo de ese sector, que tiene de todo. Creería que desde patriotas hasta mercenarios. Pero eso es así en todas o casi todas las profesiones, incluida la nuestra, la de unos tranquilos periodistas.
Hemos encontrado ese mundo de los abogados mineros, que está por todas partes. Por ejemplo, en el cargo de “analista de minería industrial 2” hay una abogada, o, y sobre todo en los cargos de asesores del ministerio o de gerentes de la empresa nacional minera o incluso de ministros. Seis de doce viceministros de minería en los últimos 8 años, abogados. Como si en Ecuador no hubiera más ingenieros, mineros, geólogos, geotécnicos, geofísicos, vulcanólogos, matemáticos, petroleros, eléctricos, mecánicos, ingenieros civiles, administradores, economistas, tributaristas, investigadores, planificadores… Son superprofesionales los abogados en el Ecuador.
Pero nos preguntábamos ¿cuánto de los gastos de la industria se va en abogados? Desconocemos. Pero ya podemos hacernos una idea de cuánto se va en abogados en un arbitraje minero. En el caso Llurimagua porque, por esas cosas de la vida, el último y reciente laudo final completo sobre este caso, ha llegado a nuestras manos.
El capítulo es “Costas”, página 205: La Corporación Chilena del Cobre (Codelco) solicitó al tribunal de arbitraje que condene a las demandadas, la República del Ecuador y la Empresa Nacional Minera (Enami EP) al pago de todas las costas y gastos en los que ha incurrido en relación con este arbitraje.
Concretamente, un monto total de US$ 20´029 496,09, correspondientes a los siguientes conceptos:
– Honorarios legales: US$ 14´843 322,8.
– Honorarios de peritos: US$ 3´718 570,69.
– Avances sobre costas a la Cámara de Comercio Internacional (CCI): US$ 787 500.
– Gastos de traslados, alimentación y alojamientos: US$ 422 008,14.
Y gastos de soporte: USD$ 258 094,46.
¿Cuál es el monto de las costas de la defensa? Osea, lo que nos costó a los ecuatorianos el arbitraje, aparte de los US$ 25,3 millones que ordenó el tribunal que paguemos a la estatal chilena.
El monto total es US$ 5´257 945,03, correspondientes a los siguientes conceptos:
– Honorarios legales: US$ 3´351 926,21.
– Honorarios de peritos: US$ 1´085 750,30.
– Avances sobre costas a la CCI US$ 787,500.
– Gastos de traslados, alimentación y alojamientos: US$ 29 781,59 y,
– Gastos de soporte US$ 2986,93.
Y así como no existe minería sin costos de abogados, en la actualidad una inmensa parte de las concesiones de ese 7% del territorio concesionado, está sujeto a las no necesariamente justas, de Justicia, sino a los actualmente volubles tribunales. Al menos un 30% de las concesiones del registro minero, están siendo parte de procesos legales. Sí, en esos juzgados en los que gran parte del país no confía (una encuesta de Ipsos en 2023, indica que la confianza en el sistema de justicia y los jueces en Ecuador es extremadamente baja: solo el 15% de los ecuatorianos confía en el sistema de justicia y solo un 12% de la población expresa confianza en los jueces).
Los concesionarios que quieren que se les extiendan sus plazos por cualquier pretexto, solicitan acciones a jueces. Los que quieren que se les otorgue concesiones aunque no cumplan con los requisitos, los que no presentaron a tiempo, los que no completaron los requisitos, los que etc… consiguen jueces que los amparen. Y abogados que les representen.
Por eso hay superposición de concesiones, hay concesiones no metálicas sobre áreas metálicas, más de un titular sobre algunas concesiones, en fin, y sin entrar en los casos de resistencia comunitaria a la minería, lo que en nuestro ejercicio periodístico nos hemos topado ha sido, sin exagerar, escandaloso. Como si un tsunami hubiera pasado por el catastro minero. Y sálvese quien pueda… pagar más abogados, o un juez.
Las autoridades evitan explicar por qué la “depuración” de los procesos pendientes durante el cierre del catastro minero nunca pasó del 80%, el 20% de las concesiones con irregularidades es de las intocables. Ni el ministerio, ni la Arcom pueden aplicar la ley de minería, porque están sujetos a las voluntades de jueces. En muchos casos, en manos de “jueces de familia, niñez y adolescencia”, como en el emblemático caso de las supuestas concesiones de los banqueros Isaías, que caen en las áreas que hacen parte del riquísimo proyecto de oro Muyuyacu. O en manos de jueces de lo “contencioso administrativo” como en el caso del polígono Cumbaratza: ¡30 años sin aplicarse una sentencia de casación!
Entre los últimos casos que hemos topado, un protagonismo ya normalizado de los abogados. Ahí está, el letrado Diego Ocampo Lascano presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de la tasa de fiscalización minera, “por sus propios derechos”, y hace no mucho fue viceministro de Minería, por cuatro meses de 2024. Con una disposición como el artículo 153 de la Constitución ecuatoriana, que regula las inhabilidades de los servidores públicos tras cesar en sus funciones, está complicado.
El texto del artículo 153 establece lo siguiente: «Las servidoras o servidores públicos, durante los dos años posteriores a la cesación de sus funciones, no podrán desempeñar cargos, representaciones, asesorías ni actividades remuneradas en instituciones privadas sujetas a la regulación o control del organismo en el que hayan ejercido sus funciones, cuando estas actividades estén vinculadas directamente con el ámbito de su gestión anterior.»
Al respecto dice el inteligente Grok: Este artículo busca prevenir conflictos de intereses, garantizando que las autoridades no utilicen información privilegiada o su influencia para beneficio personal en el sector privado inmediatamente después de dejar su cargo público. El plazo establecido es de dos años posteriores a la cesación de funciones.
En otras palabras: evitar las “puertas giratorias”. Pero ¿habrá quien lo aplique, quien lo haga respetar? Lo desconocemos.
Ahí está una abogada que funge de representante de una empresa minera, Sultana del Cóndor SA, que a los pocos días de ser autorizada por su estudio para esa defensa, empezó sus labores como asesora del MEM: la jovencísima María Emilia Limongi Izaguirre, de Coronel & Pérez. Por cierto, el mismo estudio jurídico que defendió a Codelco en el arbitraje.
Uno de ellos, porque a Codelco también lo defendieron, de acuerdo al laudo final arbitral: los abogados de Sullivan & Cromwell LlP, domiciliado en Nueva York.
Al Ecuador y a la Enami EP, lo defendieron en el proceso arbitral francés, los abogados de la empresa nacional minera y los de la Procuraduría del Estado, además del estudio jurídico Wordstone Dispute Resolution AARPI, domiciliado en París, y el doctor Santos Burbano de Lara, domiciliado en Cumbayá, Quito DM.
El arbitraje inició el 21 de agosto de 2021, demoró cuatro años. En entregas posteriores hablaremos sobre las inversiones declaradas por Codelco en Llurimagua y las negociaciones del pacto de accionistas, que no llegó a firmarse.
Fé de errata: En nuestra nota del 20 de julio de 2025 titulada: “Laudo arbitral deja sin información técnica a Enami EP” https://www.viaminera.com/#Llurimagua:%20Laudo%20arbitral%20deja%20sin%20informaci%C3%B3n%20t%C3%A9cnica%20a%20Enami%20EP cometimos un error imperdonable:
En el subtítulo “Las negociaciones entre 2016 y 2020”, escribimos que:
“Aquí cabe recordar que estas etapas de negociación llevaron a las partes a una versión de un Pacto de Accionistas firmada del 4 de septiembre de 2020 que fue cuestionado…”, pero la realidad es que ninguna versión del Pacto de Accionistas fue firmada. Precisamente, esa fue la razón por la cual Codelco interpuso el proceso de arbitraje. Ofrecemos disculpas a nuestros apreciados lectores.
