Dos estudios relacionados con la transparencia efectiva en las actividades mineras que se realizan en Ecuador fueron presentados en el transcurso de la semana que pasó. Uno fue elaborado por la red Tax Justice Network y concluye que en asuntos de registros de los beneficiarios reales somos un ejemplo… El otro se hizo por encargo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y en síntesis dice que la normativa no permite rastrear a las inversiones extranjeras.
En cuanto a la necesidad de saber la identidad de los titulares de empresas, fideicomisos, sociedades y fundaciones, existe ya consenso en cuanto a las consecuencias negativas que tiene la opacidad en el tema.
No sólo los miembros de Tax Justice Network Africa, Fundación SES y Tax Justice Network señalan lo desestabilizador que resulta ocultar quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas sino que la Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas, EITI, de la cual Ecuador es miembro, destaca este factor como uno de los puntos clave en la evaluación que se hace a los países.
En esa línea la red Tax Justice Network encargó a cuatro consultores elaborar el estudio “El estado actual de los registros de beneficiarios finales en América Latina” con el objetivo de “explicar la importancia de los registros de beneficiarios finales en la región, presentar un panorama general del estado actual de los registros de beneficiarios finales y analizar en detalle el marco legal y el proceso de implementación de los marcos de beneficiarios finales en tres países, Argentina, Costa Rica, y Ecuador”.
“Nuestro estudio indica que la mayoría de los países de la región han avanzado en la implementación de registros de beneficiarios finales”, explican en su documento y concluyen que “Ecuador es un caso clave en cuestiones de transparencia al ser el único país de América Latina que ofrece información similar a la de beneficiarios finales de manera online y gratuita”.
Argumentan que en el país “existen dos regímenes paralelos sobre beneficiarios finales: por un lado, el Anexo de Accionistas que se envía a la administración fiscal (y es confidencial) y por otro lado, la información sobre accionistas y beneficiarios finales que se envía a la Superintendencia de Compañías, que está disponible online de forma gratuita”.
Sostienen además que hasta el año 2022, la información que se enviaba a ambos organismos parecía ser similar, y se refería a los accionistas hasta llegar a una persona natural. Sin embargo, a partir de 2021 se aprobó una ley que establece un registro de beneficiarios finales en manos de la administración fiscal”.
“Sobre la base de esta ley, se aprobaron dos resoluciones de la administración fiscal que principalmente amplían el alcance de las entidades que deben registrar a sus beneficiarios finales (por ejemplo, se agrega a fideicomisos extranjeros con un fiduciario local) y se establecen más elementos en la definición para incluir también el “control por otros medios”.
“Sin embargo, continúan ciertas confusiones con respecto al acceso público a la información (la ley sugiere que el registro será público mientras que la resolución de la administración fiscal establece que será confidencial), afirman.
El informe puede leerse en: https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2023/03/The-State-of-Play-of-Beneficial-Ownership-Registration-in-LATAM-2022-Tax-Justice-Network.pdf
De otro lado, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) presentó el pasado 15 el informe “Transparencia en la Inversión Extranjera Directa en Ecuador: Una mirada al marco normativo y la capacidad estatal de revisión”, que estuvo a cargo de los consultores Mario Melo y Felipe Castro.
En el acto de presentación se habló de la necesidad de controlar las inversiones que pueden ser perjudiciales para el país, en términos democráticos, de derechos humanos o de seguridad nacional. Además, se destacó que la normativa ecuatoriana para la revisión de inversiones no está suficientemente desarrollada.
Los autores encontraron que el régimen ecuatoriano se preocupa principalmente de la entrada de inversores extranjeros mediante incentivos y ciertos controles a las actividades que pueden realizar cuando invierten en el Ecuador y después de una serie de consideraciones, concluyen que “en definitiva, la normativa ecuatoriana no desarrolla de manera adecuada (la) facultad estatal para revisar las inversiones extranjeras.
Añaden que ello “lo que garantiza es un ámbito de control que principalmente busca la atracción de inversiones y que las mismas cumplan su objetivo o realicen las actividades proyectadas en el país” y que “existen ámbitos de control que tienen relación con la revisión de inversiones de forma aislada, pero que necesitan articularse para que se puedan implementar buenas prácticas internacionales en esta temática”.
Este informe puede descargarse en: https://www.ciudadaniaydesarrollo.org/projects/TransparenciaEnInversionEcuador/
