Las comunidades del área de influencia del proyecto Río Magdalena y autoridades del GAD Parroquia Rural de García Moreno, consideran que la decisión de la Corte Constitucional que prohíbe las actividades del proyecto Río Magdalena toma en cuenta los derechos de la naturaleza pero no los derechos humanos de quienes habitan en el lugar.
En un recurso presentado ante la Corte, señalan que los jueces constitucionales hicieron un análisis sesgado de la situación.
“Hacen un amplio y extenso análisis de los derechos de la naturaleza, pero los escritos carecen de un análisis de los derechos humanos en los cuales nos sentimos vulnerados y quedamos en indefensión”, expresan.
La decisión de la Corte, según ellos, “no fue justa ni equitativa”.
“Somos los testigos y principales interesados en una sana gestión del bosque para conservar el futuro de la tierra, nosotros y nuestros hijos”, aclaran en el recurso que presentaron a la Corte.
Dicen que a ellos les consta “que no ha existido vulneración a los derechos de la naturaleza en el bosque protector Los Cedros”.
“Lo que sí nos consta es que los autodenominados ecologistas han vulnerado en varias ocasiones el bosque protector con infraestructura fija y móvil instalada y estamos seguros que no cuentan con permisos ni parámetros ambientales”, afirman.
Manifiestan además que son testigos de que en ningún momento ha sido afectado el derecho al agua y que tampoco se ha vulnerado el derecho a un ambiente sano de las comunidades.
“Son otras las causas que de una u otra forma están afectando el agua y la naturaleza”, explican.
Al respecto, dicen que el uso de químicos en la agricultura y las prácticas inadecuadas y tradicionales de la ganadería son las actividades que más afectan a la naturaleza.
“Además es muy preocupante que la explotación ilícita de minerales pueda avanzar hasta la zona como se hizo y todavía se hace en Buenos Aires, lo cual sí se constituirá en una vulneración grave”, sentenciaron.
