Alrededor de 300 trabajadores fueron despedidos el 15 de abril de la empresa Green Valley, subsidiaria de la canadiense Core Gold Inc., recién comprada por Titan Minerals, compañía australiana que apenas estaba completando su papeleo para hacerse cargo de la operación total de sus subsidiarias en el país.
La empresa usó la figura de fuerza mayor para deshacerse malamente de sus obreros, administrativos y técnicos, algunos con más de diez años de trabajo, abriendo una brecha en la sensación de que minería responsable y solidaridad frente a la pandemia de coronavirus son compatibles en el Ecuador.
Los perjudicados por esta desafortunada decisión de la transnacional son más de 20 ingenieros, 10 empleados administrativos y alrededor de 220 obreros, 25 de ellos nativos de la comunidad de Mullunamá, que ya bloqueó el acceso a la mina Dynasty ubicada en Celica, provincia de Loja; la mayoría restante proviene de Portovelo y Zaruma. Otros 60 despedidos pertenecen de la empresa de seguridad Segume, del mismo grupo empresarial.
Entre los despedidos hay una docena de personas con capacidades distintas, como el señor Jorge Feijoó, hombre con varios años de trabajo y mucha dignidad quien rechazó la dádiva que le ofrecieron telefónicamente para que firme su carta de renuncia. A él le dijeron que su indemnización ascendía a 48 dólares pero que la empresa, que va a cerrar definitivamente y salir del país, le quiere regalar 1000 dólares si firma su “renuncia voluntaria”.
Entre los despedidos y despedidas se encuentran varios a quienes no se les había terminado de pagar las indemnizaciones pendientes por la liquidación de otra empresa del grupo Core Gold, la minera Elipe S.A. que fue asumida por Green Valley en 2018.
Una saludable presencia empresarial
Entre los activos de Core Gold en Ecuador se tiene el proyecto emblema Dynasty Goldfield y otros prospectos con gran potencial como Linderos, Copper Gold, Copper Duke y Copperfield, en la provincia de Loja, zona de Macará frontera con Perú.
La mina Dynasty a cielo abierto fue por muchos años la mayor productora de oro del país pero mantiene recursos inferidos en el orden del millón de onzas de oro con unos 28000 metros de perforación, según el ingeniero geólogo Henrri Sánchez, quien laboró hasta el 14 de abril dando la bienvenida y mostrando la casa al jefe de geología de Titan.
En los últimos tres meses Sánchez y Travis Schwertfeger planearon cómo empezar la geofísica para conocer mejor el pórfido de oro y cobre de Dynasty. Eran las primeras actividades de Titan al tomar el control de Core Gold.
La mina estuvo produciendo hasta el 18 de marzo unas 750 toneladas al día para la planta de procesamiento ubicada en Portovelo, que es el segundo activo más conocido del grupo, con capacidad de procesamiento de 1000 a 1500 toneladas al día. De las labores entre 2018 y 2019 Green Valley registró utilidades y en ventas de oro y plata casi US$ 24 millones durante 2019, datos que fueron entregados a la Arcom en el informe anual de producción presentado el mes pasado. “En los últimos cuatro años no se habrán gastado más de un 10% de los recursos medidos de Dinasty”, opina Sánchez.
Los activos de Core Gold en el país, además, son unas 24 concesiones en Loja, otras 20 en El Oro y algunas en Zamora Chinchipe; la mayoría en etapa de exploración inicial, y algunas con perforaciones y hallazgos que todavía no se han cuantificado. Una de esas concesiones contiene el proyecto Jerusalen que incluye la mina ubicada en Chinapintza, dentro del cinturón metalogénico de la Cordillera del Cóndor en el que se ubican las minas Fruta del Norte y Mirador.
La carta de despedida
En una carta firmada por Mark Bailey a nombre de Green Valley Resources, lamenta anunciar a todos los trabajadores la decisión “cuidadosamente meditada” de dar por terminadas todas las relaciones laborales. Señala que las medidas tomadas por el Presidente de la República, las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia nacional, las prefecturas y municipios, durante la extendida emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19 han causado la paralización total de las actividades y procesos de minería de la compañía.
“La forzosa suspensión de operaciones, más la incertidumbre acerca de cuándo se levantarán las restricciones al transporte y los suministros, han conducido a una situación irreversible que nos impedirá reiniciar operaciones”, reza el comunicado. Indica también que pagará las remuneraciones que legalmente corresponden por la terminación de relación laboral por fuerza mayor y su remuneración hasta el día 15.
Acto seguido -como también indica la carta-, los representantes de la compañía se han comunicado con cada uno de los trabajadores para “absolver cualquier duda”. Según se sabe, se trata de aprendices y abogados del Estudio Paz & Horowitz.
Esta decisión ha generado el rechazo de trabajadores obreros y profesionales que no aceptan que se les deje sin el derecho a indemnización ni desahucio. La empresa está en condiciones de regresar al trabajo cuando se normalice la situación y “sus bodegas están llenas de insumos”, aducen. En el marco de la emergencia nacional el Ministerio sectorial declaró en los sectores estratégicos la prohibición de interrumpir la producción y las autoridades de Trabajo, con la finalidad de proteger el empleo y el pacto social a través del diálogo laboral, habían extendido las resoluciones 77 y 80 que ofrecen a los empleadores opciones como la suspensión de la jornada laboral y acuerdos entre las partes para la recuperación.
También hay personas que casi inmediatamente aceptaron firmar su renuncia porque creyeron en la promesa de ser nuevamente recontratados.
Obviamente, esta promesa viene sembrando la división entre los despedidos pues carecen de sindicato o comité de empresa para ejercer sus derechos de una manera consensuada.
Al optar por la fuerza mayor como causal de terminación del trabajo, la empresa no tiene que liquidar como despido intempestivo a sus trabajadores y la nueva operadora puede reiniciar sus actividades con trabajadores sin antigüedad; a una fracción del costo que le hubiera representado cambiar de plantilla en condiciones normales. Por otro lado, si cambia la razón social y Green Valley sale del país como dicen quienes efectúan llamadas intimidatorias a los trabajadores, la búsqueda de justicia quedará en el aire.
La legislación laboral ecuatoriana establece que si una empresa que ha cerrado por motivos de fuerza mayor regresa y reabre el negocio tiene que recontratar a todos los despedidos. Y hay abogados que afirman que la fuerza mayor se aplica para el caso de una imposibilidad permanente de retomar el trabajo, aspecto que el actual Ministro de Trabajo no clarificó en una entrevista virtual sobre el tema del 30 de marzo, ni siquiera aclaró si la emergencia del Covid 19 puede considerarse fuerza mayor.
Core Gold gana terreno ante tribunales
Recientemente la subsidiaria de Core Gold, Elipe S.A., logró vencer en un reclamo contra la Procuraduría y el MRNNR por la concesión de la mina de oro Jerusalen que le había retirado el ministerio en junio de 2017.
En efecto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil anuló la caducidad de la licencia de explotación y dio la razón a la empresa que adujo que había dejado de cumplir sus derechos en la concesión “por fuerza mayor”, es decir, debido a la presencia de mineros ilegales.
Este es un caso sin precedentes, según Lexlatin y va a sentar jurisprudencia acerca de las circunstancias en las que las compañías mineras pueden aplicar la figura de fuerza mayor bajo la legislación ecuatoriana.
