Desde la última entrega de concesiones para exploración en el régimen de gran minería, que significó más de 270 títulos y compromisos de inversión por más de US$ 1200 millones, apenas se ha ejecutado menos del 25% de esas inversiones, a manos de alrededor de 30 empresas internacionales que, en su mayoría, creyeron y siguen creyendo en el país como un nuevo y prometedor destino de inversión minera.
La cifra fue hecha pública por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en la presentación del Plan de Inversiones de los Sectores Eléctrico y Minero 2025-2030, realizado en Quito el 21 de febrero, no sin advertir que se están buscando opciones desde la gestión del Estado, para ofrecer a las compañías que han confiado en el país, opciones para viabilizar las inversiones.
Pese al tiempo transcurrido, ya que la última adjudicación de concesiones se realizó en los años 2016 y 2017, los plazos de los planes de trabajo por etapas de las distintas compañías, algunas de ellas en diversos proyectos, ya se hubieran cumplido pero no ha ocurrido así ya que la Ley de Minería permite ampliaciones de plazo por motivos justificados. Al menos no se conoce sobre incumplimientos injustificados y los respectivos procesos administrativos.
Al respecto, la viceministra manifestó: “Esto nos ha generado una alerta para, en principio, entender qué está pasando, por qué no se realizan esas inversiones, y desde una visión de gestión del Estado”, analizar si ha sido por problemas en los que se puede intervenir.
Por primera vez se está haciendo de forma responsable el levantamiento de información y verificación del estado de los contratos, y realizando controles para clarificar el panorama de las causas que explican esta baja ejecución, dijo, “porque sin información ordenada y clara, sin datos no es posible aplicar las mejoras normativas en otorgar nuevas áreas y concesiones”.
Y las inversiones autorizadas para explorar también significan información, conocer nuestro territorio y nuestro subsuelo y, nuevamente, generar grandes inversiones para poder investigar, todas realizadas por empresas privadas.
Por el momento considero que hay una responsabilidad compartida, señaló, entre la empresa privada y el estado. Hasta ahora hemos detectado que existen problemas relacionados con los permisos de agua, permisos ambientales, la obtención de las licencias ambientales, problemas sociales, minería ilegal, problemas con la burocracia, los cambios políticos “que sin duda también afectan”, señaló, recordando que hubo 25 viceministros de minería en 7 años. Pero también hay algunas empresas que no han logrado levantar el apoyo financiero para traer y realizar las inversiones, anotó.
Por mencionar algunos, el caso de la australiana Hanrine Exploration, que no ha podido invertir porque han existido invasiones de minería ilegal que no les ha permitido ingresar en el proyecto Las Imbas en Imbabura, al norte del país. El proyecto está suspendido.
Hay otros casos ya confirmados, como la filial de la australiana Fortescue Metals en el que la empresa tomó la decisión corporativa de salir porque ya no invierten tanto en minería sino en hidrógeno verde o litio y devolvieron las concesiones al Estado. Cornerstone Capital también dejó el país realizando cesión y transferencia de sus concesiones a SolGold. Lucky Minerals, canadiense, también anunció en el 2023 que dejaba sus proyectos pero todavía se desconoce el destino de sus concesiones.
Viceministra: Ecuador sigue siendo un destino de inversión competitivo
Solo que tiene por delante el desafío de hacer al país confiable y creíble a los inversionistas.
La viceministra Illescas, mencionó como ventajas del país para atraer nuevas inversiones mineras: la estabilidad de la normativa minera en los últimos años, la competitividad de la carga fiscal en relación a los países de la región (ver foto), la existencia de incentivos tributarios y ambientales y la geología privilegiada en la que se encuentra el Ecuador, todos factores que dan seguridad a las inversiones.
Más allá de esas ventajas, los proyectos industriales mineros trabajan a largo plazo por lo que necesitan estabilidad, son muy demandantes de inversiones de riesgo y a largo plazo, por ejemplo, más de quince años de exploración, pero los precios internacionales se han mantenido al alza y seguirán haciéndolo, afirmó porque hay demanda mundial de productos para la transición energética y escases.
En ese orden, señaló que están haciendo algunos importantes cambios. Entre estos, “estamos actualizando la normativa que permita tener mejores controles, lo que significa normas más claras y más seguras para renovar, otorgar y hacer nuevas concesiones. Estamos haciendo un instructivo de carga, empaquetamiento y transporte y mejorando el reglamento de control de las exportaciones, entre otros. Todo esto en el marco de ofrecer mejores condiciones habilitantes para las empresas”.
Por otro lado, señaló que el Estado ha respetado los acuerdos que han sido previamente establecidos con las empresas que han confiado en el país.
Además, para poder realizar ese trabajo es imprescindible la información depurada y actualizada del catastro minero, proceso que se está llevando a cabo con apoyo financiero del BID y mediate una empresa internacional contratada.
Pero las empresas se siguen preguntando cómo acceder a nuevas áreas de concesión y con ello realizar nuevas inversiones, desde el cierre del catastro minero en 2018, esta es la inquietud diaria de todos los mineros.
La viceministra también mencionó al respecto que, mientras se reabre el catastro, están disponibles herramientas para invertir a corto plazo en el país, en proyectos que tienen información levantada por las empresas, y se trata de los acuerdos comerciales con la Empresa Nacional Minera, Enami EP.
Sobre este tema, para aclarar los detalles de un nuevo instructivo de aplicación de la opción preferencial de Enami EP sobre el otorgamiento de concesiones, para que estos contratos se puedan volver realidad, se convocó a socialización informativa a periodistas para esta semana.
El PDAC 2025 fue el centro de atracción
de la inversión minera en el mundo
Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie en la cita en la Universidad de Toronto. (izq).
Tribunal “ético” acusa a la minería canadiense sin eco en PDAC
Un evento paralelo al PDAC 2025, se realizó el 1 de marzo en la Universidad de Toronto, sin eco en la Convención: El 6to Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que declaró culpables a empresas mineras canadienses por la violación de los derechos de la naturaleza en Sudamérica y Serbia. Se aclaró que se trata de un tribunal “ético”.
Cabe indicar la presencia de Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la influyente Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien presentó a los “jueces” siete casos denominados para el “tribunal”, como “críticos” de Ecuador: Las Naves, Kimsacocha ahora Loma Larga, Warintza, Nabón, Fierro Urco, Espíndola; y Palo Quemado y Las Pampas.
«Estos casos representan las realidades vividas y las experiencias de las comunidades que resisten al extractivismo en todo Ecuador. Estamos aquí hoy no sólo para denunciar, sino para exigir que se actúe», declaró, y advirtió de la “criminalización sistemática de los defensores indígenas de la tierra”.
En el comunicado final de prensa del Tribunal se indica que más de 200 personas han sido criminalizadas en diferentes territorios de Ecuador: «Somos perseguidos, amenazados y tratados como delincuentes por defender el agua y la vida».
El Tribunal instó a los gobiernos a detener los proyectos mineros en zonas ecológicamente sensibles, a poner fin a la criminalización de los defensores del medio ambiente y a garantizar una auténtica consulta con las comunidades afectadas.
Se indicó que en próximas sesiones del tribunal se tratarán la industria de hidrocarburos y la minera por considerarlas las principales amenazas a los Derechos de la Naturaleza y sus defensores, y las principales causas de la crisis ambiental y climática que enfrenta nuestro planeta. Los resultados de ambas sesiones se presentarán durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP 30 de la CMNUCC) que se celebrará en noviembre de 2025 en Belém (Brasil). Ahí tendrán su oportunidad de defensa las empresas, según los organizadores.
