Con la mejor voluntad de promover el entendimiento entre pensares distintos, entrevistamos a Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, FOA. La entrevista fue hecha a fines del 2024, en la sede de radio Kimsacocha, una FM de la FOA con cobertura de 5 kilómetros, ubicada a un kilómetro de la parroquia Tarqui.
Fue antes del último intento de realizar una consulta previa, libre e informada a la comunidad San Pedro de Escaleras, la única que el Gobierno reconoce como indígena. El intento falló, ya que con las fuerzas del orden presentes, los habitantes de las comunidades encabezados por el abogado, activista y político azuayo, Yaku Pérez, dijeron que no hacen falta más consultas. Días antes, en una asamblea realizada en el salón de la Ciudad, de la municipalidad de Cuenca, le habían dado 30 días a la empresa para que abandone la zona.
El señor Sigcha Vele consta como demandante en el proceso N°01371202200067 (acción de protección con medida cautelar de la Corte Provincial de Justicia de Azuay) junto a la comunidad Escaleras y el Directorio de Aguas de la Sociedad de Riego San Gerardo, de los cantones Cuenca y Girón. A continuación, la conversación.
¿Por qué no quieren la mina del proyecto Loma Larga, cuéntenos de donde sale tanta oposición en el cantón Cuenca?
Todo este territorio es la reserva de agua de todos, de aquí hasta la Costa. Es parte del macizo del Cajas, el cráter de Kimsacocha un gigante de millones de años. Hay más de 2000 lagunas, entre los 2000 y 4000 metros sobre el nivel del mar.
Aquí hay agricultura y ganadería. Se quiere hacer mega ganadería y también la tenemos que combatir porque esa no es la forma de proteger. Creemos que todo el Cajas, que incluye Kimsacocha, debe ser dedicado únicamente a la conservación.
Con ese motivo, ha habido múltiples estudios. En ellos se menciona los riesgos que acarrea hacer una megaminería en esta zona. Y hay un fuerte choque contra la minería.
Esa concesión nos ha traído mucha división y confrontación entre gente de aquí mismo. Llevamos años, tres décadas, yo me he hecho viejo en esto, discutiendo esto que al principio no era de mucha preocupación, se pensaba que era algo pasajero.
Pero se fue agravando con los estudios de exploración de la minera, trataban de cambiar a la gente, dándole regalos, donaciones, haciendo algunas inversiones. Y, claro, el problema ha ido trascendiendo a comunidades, a gobiernos locales y a todos los sectores de la provincia.
Se habla de extraer algunos minerales, pero la información de la empresa cuando proporciona es muy sesgada. Y ha buscado aliados en los gobiernos y en gobiernos locales.
¿Qué les ha dicho el Estado como, digamos, como un todo a su oposición?
Los gobiernos no hacen más que tratar de facilitar a que la minera cumpla con los requisitos que ellos ponen y no a lo que la gente dice.
Aquí ha habido tres consultas, que se han hecho buscando legitimidad. Una comunitaria que se hizo en el 2011 por la Junta de Aguas, que es la que organiza que el agua sea para todos. Con un reglamento interno y para que voten desde los 18 años. Ahí se preguntó si estarían de acuerdo en que en la zona del humedal de Kimsacocha haya proyectos mineros.
Luego se hizo la consulta comunitaria en Girón en el 2019, el 93% dijo que no. Y como esto fue creciendo, desde aquí hacia las comunidades y luego hasta el consejo cantonal de Cuenca, en donde se decidió hacer la consulta popular a nivel de todos los ríos de Cuenca. Después de siete años de insistencia se la hizo con el Consejo Nacional Electoral. En todas ellas hubo un apoyo mayoritario a la conservación del agua.
Adicionalmente, con esa legitimidad, se han hecho las acciones de protección y otras legales con sentencias que suspendieron la minería. Y hoy la empresa minera está queriendo cumplir las exigencias de la última sentencia, y de hacer nuevas consultas, obtener la licencia ambiental para arrancar con la explotación, habida cuenta que el presidente Noboa es el más importante aliado que tiene la empresa.
¿Cuál es el ambiente ahora que han logrado que no se entregue más concesiones pero sin que se cierre el proyecto?
Ahora se ha refrescado el tema de la resistencia por las intenciones de la empresa. Y más aún porque si este año subsistimos a la sequía es porque tenemos agua conservada arriba en los páramos. Y este río de aquí (muestra el cauce cercano) es el río Tarqui, que sí bajó su caudal pero de alguna manera se mantuvo a pesar de los cuatro meses de verano. Sufrimos bastante. Esto que está verde aquí estaba seco (señala el paisaje aledaño).
Entonces aquí, por ejemplo, si bien hubo cortes de agua fueron esporádicos, temporales. Sin embargo, tuvimos agua. Y eso nos ha hecho ver que la gente creció en su idea de que si no conservamos los páramos, esto va a ser muy crítico en el futuro, si es que destruimos las zonas de conservación.
A partir de ahí se toma la decisión de acogerse al artículo 98 de la Constitución y declararse en resistencia prácticamente, significa que si no se retiran hay un riesgo muy grande de enfrentamiento porque tienen instalaciones en los páramos, gente trabajando y hacen viveros.
Y ellos tienen ese respaldo y quieren ingresar a los territorios después de cumplir todos esos procesos y sin duda va a haber una intervención militar y con policía, porque quieren entrar como sea. No queremos que haya enfrentamientos pero así lo hicieron en Palo Quemado.
¿Pero usted dice una confrontación?
La mayoría de gente está dispuesta a enfrentarse con la policía, con el ejército y ya no les importa mucho a algunos que quieran entrar a toda costa, y dicen no habrá minería o habrá muerte. Esa es la tendencia aquí en este territorio. El otro día quisieron hacer una socialización aquí y les mandaron, les agredieron.
Y nosotros estamos muy convencidos de que si no sacamos ahora al proyecto vamos a quedar destruidos. Ya hemos visto, por ejemplo, lo que está pasando en el Cóndor Mirador, proyectos mineros en el Perú. De Cóndor Mirador, hay imágenes muy desoladoras de sus ríos, de todo lo que sin duda van arrasando porque acaban montañas.
Aquí estuvieron unas señoras de Cajamarca, en Perú no es como aquí que recién empezamos, allá tienen mucha experiencia con la minería. Vinieron a contarnos toda la vivencia, la contaminación y las enfermedades que provoca. La mayoría de empresas se lleva la mayor parte y dejan los pasivos ambientales. Y, en esa medida, pues vamos a defender lo único lo que nos queda aquí en este este territorio.
¿Y si la minería es una oportunidad de desarrollo económico para la región?
Es que aquí lamentablemente están en medio del páramo, en donde nacen dos ríos importantísimos para Cuenca. Y hay estudios, uno de una empresa colombiana Terrae, el estudio de Etapa (empresa municipal de Cuenca a cargo del manejo del agua y otros servicios públicos) que acaba de salir y otros. Eso se quería ocultar antes y ahora ha salido a la luz y con advertencias de que se va a contaminar.
La empresa dice que no van a afectar las fuentes de captación hídricas porque están debajo de donde están las recargas hídricas. Pero están en pleno páramo, el páramo no está arriba de ellos, ahí nacen tres ríos muy importantes, dos que van al Atlántico, al Amazonas, y uno que va al Pacífico. Entonces, de ahí baja el agua, o sea, a nuestros ríos y ahí nosotros captamos para el riego, para el consumo humano.
Solo en estas dos parroquias somos 12 000 personas que necesitamos el agua potable, también va a Girón, a San Fernando, y el 40% del agua que necesita Cuenca, que sale de allí.
Y si intervienen ahí, por más que dicen que van a ser perforaciones subterráneas, van a mover todo el material. Todo lo que está arriba va a bajar. Entonces, esa es una situación muy complicada. Es decir, la población no le cree a la empresa.
¿Los resultados de la consulta no son retroactivos dice la Corte, qué dice usted al respecto?
El sentido de estas consultas que se han hecho es que todavía estamos a tiempo de prevenir. Es justamente para preservar las fuentes agua. Si están de acuerdo en cuidar o no.
Estamos a tiempo de no dañar un área que hay que conservar. Si fueran unas montañas por dónde no hay reservas de agua…, aunque siempre hay aunque sean pequeñitos ríos.
¿Si el resultado de las consultas afecta a la seguridad jurídica, qué valor da usted a este concepto?
Estamos hablando de que aquí están férreamente unidos el Ministerio del Ambiente, de Minas, la Procuraduría, el de Agricultura, el mismo que otorga títulos a la gente. ¿no?
Aquí había, hay, por ejemplo, dos personas que tienen títulos en territorios comunales. Pero les han otorgado y así. A personas que luego les venden a las empresas y les facilitan los trámites. ¿Eso es seguridad jurídica?
La empresa dice que ha invertido ya 100 millones de dólares aquí en más de 20 años, a través de hacer obras, debe ser una inversión. En la parroquia que se llama San Gerardo, la más cercana a la minera les han dado cemento, adoquinado de las vías, un centro de salud y así.
Sin embargo, mucha gente de ahí mismo no está convencida en este momento de la minería. Porque, dicen, la prioridad es del agua con respecto al oro. Sabemos que el oro no va a quedarse, no va a servirnos aquí, pues se va fuera.
¿Y si la empresa sale y le demanda al país en tribunales internacionales o de arbitraje?
Lamentablemente ese es un error de los gobiernos, del Estado, que deberían ser remediados por quienes dieron posesiones de manera arbitraria, ilegal, sin consultas, a pesar de que hay territorios indígenas aquí. Se debió hacer antes las consultas.
Y si van a arbitrajes internacionales, pues el Estado tendrá que responder económicamente. Preferible eso que matar a la gente de contaminación.
