El reportaje de Franklin Vega (Bitácora Ambiental en asociación internacional con otros medios) publicado en mayo, denunció la minería ilegal de oro en la Amazonía ecuatoriana, impulsada por excavadoras que operan sin control ni matrícula, devastando bosques y ríos. El monto de las importadas legalmente representa un movimiento de más de 500 millones de dólares entre 2017 y 2024.
La falta de controles permite este «paraíso» de excavadoras ilegales. Una propuesta que incluye un Ecu 911 que rastree estos equipos sigue sin respuesta oficial. Sin acción, la Amazonía sigue siendo destruida.
Una masacre de 11 militares en la zona de Punino (específicamente Alto Punino, en la parroquia Dayuma, provincia de Orellana) ocurrió el 9 de mayo, durante un operativo contra la minería ilegal. El ataque fue una emboscada atribuida a grupos armados como disidencias de las FARC o «Comandos de Frontera», involucrando explosivos, granadas y fusiles. Once soldados murieron y uno resultó herido, con un civil armado también fallecido en el enfrentamiento.
En provincias como Napo (Tena) y Zamora Chinchipe (Yantzaza), la economía local florece con ventas de maquinaria pesada: concesionarias venden excavadoras fácilmente, con pagos en efectivo (mochilas de 50 000-80 000 dólares), crédito o incluso «chocolatinas» de oro. Muchas máquinas son importadas legalmente lo que se comprueba con un movimiento de más de 500 millones de dólares entre 2017 y 2024, pero otras son robadas en Colombia y Perú, con números adulterados.
compras a crédito, en efectivo o en oro. Lea el reportaje completo de Bitacora ambiental
En Napo, se estiman 275 excavadoras en 65 frentes mineros (datos de comunidades y drones).
Operan en ríos como Huambuno (cerca de El Ahuano, 42 máquinas en 21 frentes) y Yutzupino (a 5 minutos de Tena), usando zetas, bombas diésel y mercurio (5g por gramo de oro). En Punino (Napo-Orellana), hay unas 100 más; en Zamora, destrucción masiva en el río Zamora.
Los impactos, en síntesis consistían hasta mayo en: 1.400 hectáreas deforestadas en Napo (equivalente a 4 veces el Centro Histórico de Quito). Además, que para obtener 1 gramo de oro se remuevan antitécnicamente 6 toneladas de tierra, 1.060 litros de agua y mercurio tóxico.
Socialmente, la actividad genera violencia, inseguridad y desplazamientos. Denotan autoridades cómplices con maquinaria municipal usada ilegalmente, operativos fallidos (como Manatí 2022, donde decomisaron 148 excavadoras, sin detenidos, y la mayoría de máquinas se oxidan sin recuperar.
La fiscal general Diana Salazar habló de un «sistema permeado» por la corrupción. Posteriormente dejó el cargo sin ningún resultado de indagaciones ni investigaciones de presuntos responsables; los activistas señalaron que «con una semana de oro pagan la máquina». En Perú, decomisan excavadoras ecuatorianas.
La falta de controles (el Ministerio de Obras Públicas no matricula ni rastrea las excavadoras) permite este «paraíso» de excavadoras ilegales. La propuesta de las comunidades que obligar a la instalación de un GPS con monitoreo centralizado en el ECU 911. Sin acción, la Amazonía sigue siendo destruida y la intervención oficial es ineficaz por limitarse a la represión.
