El siguiente es un breve análisis técnico jurídico de los efectos del laudo arbitral de 10 de julio en el arbitraje planteado por Codelco al estado ecuatoriano, caso CCI No. 26178, en la concesión minera Llurimagua al no contar con la información técnica que la empresa estatal chilena debía entregar a Empresa Nacional Minera, Enami EP.
El Laudo está dictado y el Estado ecuatoriano, a través de Enami EP, actualmente mantiene el 100% de los derechos sobre la concesión minera Llurimagua, pero ¿cómo afecta esta parte del laudo en la administración y cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Minería en el proyecto?
Los acuerdos con Codelco definitivamente no han cumplido su objetivo asociativo, y han pasado 16 años; entonces, es importante centrarse en mantener vigente la concesión hasta que el Enami EP pueda determinar, con el liderazgo del Presidente de la República en el Directorio, cómo se desarrollará el proyecto minero. Sin embargo, existen varias interrogantes a partir de la nota de prensa de Vía Minera del pasado lunes 21 de julio del 2025, sobre el laudo arbitral donde señala que:
“(…) Enami EP también presentó una demanda reconvencional, en la cual solicitó al tribunal que declare que la demandante ha incumplido el Convenio de 2011 y Adenda 2019 al no haber entregado a Enami trimestralmente, la información técnica del proyecto Llurimagua; Declare que Enami tiene derecho a recibir toda la información técnica del proyecto LLurimagua; y ordene la entrega, libre de todo gravamen o limitación, de la información técnica del proyecto a Enami dentro de los 30 días siguientes a la notificación del Laudo y declare esta entrega como condición previa al cumplimiento de cualquier otro apartado de Laudo favorable Codelco (quod non).(…)”
“(…) Nuestra síntesis del laudo arbitral sería esta: (…) 4. El laudo no obliga a Codelco a entregar toda la información técnica generada, salvo que se constituya una empresa conjunta. (…)”
Al respecto, el comunicado de prensa de la Procuraduría General del Estado, no dice nada.
Vale la pena analizar el efecto, en la aplicación de la Ley de Minería y sus reglamentos, del hecho de que Codelco no haya sido obligada por el tribunal arbitral a entregar toda la información técnica generada.
En ese orden, se conoce que la concesión minera Llurimagua se encuentra en la fase de exploración avanzada concluida y ha solicitado su paso a la evaluación económica del yacimiento. Según lo determina el Art. 27 literal b) de la Ley:
Exploración: consiste en la determinación del tamaño y forma del yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él existente. La exploración podrá ser inicial o avanzada e incluye también la evaluación económica del yacimiento, su factibilidad técnica y el diseño de su explotación, es decir, las fases de la actividad minera necesariamente se sustentan en la información técnica que genera la exploración y sobre la cual se estructura la factibilidad y se justifica la explotación.
En este contexto, entonces, las únicas fuentes de información con la que el estado ecuatoriano a través de Enami EP cuenta serían:
Los resultados de la exploración de Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y a la Metal Mining Agency of Japan (MMAJ) de los años 90 (1991 y 1997) que estimaron aproximadamente 318 millones de toneladas de mineral con un contenido promedio de 0,71 % de cobre y 0,026 % de molibdeno. Pero dichas estimaciones no cuentan con las certificaciones internacionales de reservas de Crisco u otras similares pues a esa fecha todavía no existían.
Los informes de exploración anuales entregados por Enami EP a la autoridad minera en cumplimiento del Art. 38 de la Ley de Minería, pero habría que verificar si dicha información, que seguro fue entregada por Emsaec (filial de Codelco en Ecuador), ha sido o no validada por Enami EP y si además cuenta o no con los sustentos técnicos.
Dicho lo anterior, Enami EP no cuenta con la suficiente información técnica de sustento para levantar la factibilidad y menos el diseño de explotación para la evaluación económica del yacimiento y pasar a la fase de explotación, peor aún, no podría iniciar un proceso de certificación de las reservas sobre la base de la exploración de JICA.
Solo con una actual evaluación del yacimiento acorde con los requerimientos que las grandes compañías interesadas en el desarrollo del proyecto minero, el estado ecuatoriano podrá tener una posición de negociación en firme de su participación asociativa, sin caer en la mala experiencia que tuvo con Codelco.
Sin perjuicio de lo anterior, el tiempo o plazo que se requerirá para armar un repositorio de información técnica y sus certificaciones, será lo determinante para la vigencia de la concesión minera Llurimagua, puesto que la Ley de Minería establece que:
Art. 37. (…) el concesionario minero tendrá un período de hasta dos años para realizar la evaluación económica del yacimiento y solicitar, antes de su vencimiento, el inicio a la etapa de explotación y la correspondiente suscripción del Contrato de Explotación Minera. El concesionario minero tendrá derecho a solicitar al Ministerio Sectorial la extensión del período de evaluación económica del yacimiento por un plazo de hasta dos años,
En caso que el concesionario minero no solicite dar inicio a la etapa de explotación en los términos antes indicados, la concesión minera se declarará extinguida por parte del Ministerio Sectorial.
En estricta aplicación de esta disposición, los plazos con los que Enami EP cuenta para tener la suficiente información técnica para solicitar pasar a la fase de explotación, será de 4 años máximo a partir de la resolución que aprueba el cambio a la evaluación económica de yacimiento. De no cumplir dentro del plazo el cambio a la explotación, se declarará la extinción de la concesión minera y por tanto, estaríamos ante un vacío de gobernanza operativa.
Ante este posible escenario, para cumplir con estos plazos Enami EP necesariamente debe contar con los recursos financieros que, seguramente el Estado no podrá proporcionar, entonces, viene la decisión de requerir un financiamiento o iniciar un nuevo proceso asociativo, que seguramente tomará tiempo para hacerlo bien.
Si no se da lo uno ni lo otro, el riesgo es inminente de que la concesión minera se declare extinta, con el agravante, establecido en el Art. 118 del Reglamento a la Ley de Minería, de que Enami EP quedaría con Inhabilidad para solicitar la concesión Llurimagua por tres años.
Si la extinción de la concesión es una posibilidad, entonces, Enami EP debe tomar una decisión emergente, un plan de acción B urgente, para proteger la zona de interés del proyecto, sincerando su capacidad para cumplir con los plazos para el inicio de la explotación.
Frente a la incertidumbre, se abre la posibilidad de que el Estado renuncie a la concesión minera y declare la zona como Área Minera Especial (Art. 24 de la Ley de Minería). Luego del plazo máximo de cuatro años, la Enami EP, o quien haga sus veces, podrá solicitar nuevamente la concesión.
Ahora bien, también existe la posibilidad de que Enami EP ya no la solicite nuevamente y el área quede libre para la entrega a un privado en virtud de la excepcionalidad de la delegación a la iniciativa privada que permite la Constitución y la Ley de Minería.
Este análisis, nos pone frente a la necesidad de tomar acciones inmediatas para que las futuras decisiones sobre la concesión minera Llurimagua y la viabilidad del proyecto sean mejor analizadas y que realmente se ajusten a las prácticas internacionales y a la transparencia para que representen un verdadero beneficio futuro para nuestro país, sin dejar de mencionar que no se debe dejar cabida a las presiones diplomáticas o políticas sobre aspectos técnicos.
Elisa Morán Maldonado, doctora en leyes, especializada en Derecho Minero.
AQUÍ EL ANÁLISIS DE ELISA MORÁN QUE INCLUYE LOS ARTÍCULOS DE LA LEY
