Las primeras solicitudes de concesiones, con el catastro minero abierto desde el 30 de junio, para la pequeña minería no metálica de hasta 300 hectáreas por un máximo de 25 años, dejan sin solventar varios problemas que se arrastran desde el 2016, cuando se realizaron las últimas peticiones antes del cierre del catastro.
Más de 60 peticiones se han realizado, la mayoría para áreas ubicadas en zonas metálicas, incluidas las parroquias: Carlos Julio Arosemena Tola, Camilo Ponce Enríquez, Chilla, Chito, El Tablón, El Tingo, Guayzimi, Huerta, La Canela, La Maná, Lita, Los Encuentros, Machala, Membrillar, Nankais, Pasaje, San Juan de Cerro Azul, Paquisha, Sabanilla, San Rafael de Zharug, Santa Susana de Chiviaza, Santiago de Méndez, Tarqui, Tiwintza, Torata, Tundayme, Tutupali, Yantzaza, Zamora, 25 de Julio…
Están en provincias en donde tradicionalmente se han explotado y se encuentran las minas en producción de oro y cobre, y los más avanzados proyectos, Azuay, Cotopaxi, Imbabura, Zamora Chinchipe, El Oro.
Los minerales buscados, en las peticiones son: arcilla, barita, caliza, caolín, acillas silíceas, cuarzo y sílice, feldespato, zeolita…
El anuncio de una apertura progresiva del catastro, ha cumplido con proyectar al mundo un mensaje de que existe voluntad de fomentar la exploración de los recursos geológicos del país luego de un largo receso, y un llamado a la inversión en la etapa básica de la minería, así como una medida para poner un freno al avance de la minería criminal, con la presencia de actores capaces y debidamente autorizados en el terreno.
Sin informe, áreas metálicas, cambios de régimen
Sin embargo, en las primeras tres semanas se han presentado solicitudes que dejan serios motivos de preocupación en el conjunto de interesados, ya que las concesiones de pequeña minería no solo las pueden solicitar empresas con trayectoria en ese régimen minero, sino compañías nacionales y extranjeras de cualquier magnitud. Entre otros requisitos, deben demostrar que puede comprometerse a una inversión de 70 mil dólares en un plan de trabajo e inversiones.
En ese orden de cosas, el primer inconveniente de la nueva norma, que puede ser la fuente de posibles “vivezas”, es la inexistencia de una garantía de seriedad de la solicitud en la categoría de no metálico. Pues el instructivo dejó sin efecto el requisito de un informe del Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), y apenas incluyó la entrega de una muestra de material de interés extraída del área pedida. Vale señalar que la muestra es lo que está establecido en la ley.
Esto es rechazado por varias fuentes consultadas, mineros, abogados, gente de la mayor experiencia en la aplicación de la Ley de Minería. En parte, porque ni el Ministerio de Energía y Minas (MEM), ni la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que procesan el otorgamiento de concesiones, cuentan con laboratorios para analizar las muestras.
Entonces ¿cuánto tiempo demorará el proceso de otorgamiento si deben ser enviadas a laboratorios privados que brinden el servicio mediante licitación, quizá? ¿O al extranjero? Nada dice el instructivo emitido y vigente con número: MEM-MEM-2025-0023-AM.
El informe estaba en el proyecto
En fin. En el proyecto de reforma del instructivo de otorgamiento socializado, se incluyó como requisito el informe del Instituto, pero el artículo fue eliminado en el final. “Porque el IIGE no tiene el personal para atender todas estas solicitudes”, dijo la doctora Elisa Morán, en un webinar reciente.
Sin embargo, ella comparte el criterio de que un informe de viabilidad técnica en un requisito muy importante para demostrar que realmente es una concesión no metálica.
La importancia se acentúa porque no se ha concretado candado alguno a las intenciones de solicitar áreas en el carácter no metálico en zonas bien conocidas con vocación puramente metálica, caso que ocurrió con mucha frecuencia en 2016, luego generó problemas que en algunos casos persisten hasta ahora, y se está repitiendo. Hasta donde sabemos, por ejemplo, en las áreas mencionadas arriba.
Es decir, como en 60 peticiones, aprovechando el temprano período de peticiones para no metálicos, se pretende hacerse con titularidad de concesiones en áreas que luego van a ser cambiadas a la categoría de metálicas, haciendo uso de una disposición transitoria de la ley de minería de 2009, reformada en el 2016, que dice que aquellos que tengan concesiones no metálicas o de áridos y pétreos y que hayan encontrado metales, pueden solicitar el cambio de régimen. Lo cual no parece justo.
Por otro lado, sorprende el número de peticiones: “tengo entendido de manera extraoficial, que se han presentado muchas peticiones y el sector no metálico no es tan grande en el Ecuador como para que se hable de ese volumen”, comentó Moran.
En lo que coinciden el geólogo Arturo Éguez y el abogado Stevie Gamboa, es en que por lo menos deberían condicionar que si se piden las áreas en no metálicos, no se puedan transformar a metálicos.
Para Gamboa, “es una locura haber eliminado el requisito del informe del IIGE porque fue eliminado un medio para confirmar que sean zonas de no metálicos”.
Para Éguez, “se debería poder pedir no metálicos sobre metálicos, pero a los no metálicos no se debe permitir cambiarse bajo ningún concepto y el primer peticionario debe tener prelación si las actividades llegaran a estorbarse”.
Queda en evidencia que es necesario clarificar “cómo se llevará el control de las peticiones solicitadas como no metálicos, que luego pretendan cambiar a un régimen de metálicos”.
Como se ve, el consenso es complejo. Pero el vacío existe.
Los pendientes por 7 años ¿hasta cuando?
Otra deficiencia de la herramienta legal que se está aplicando para el otorgamiento de concesiones de pequeña minería no metálica, es que no dice una palabra sobre los trámites pendientes. Durante los siete años que el catastro estuvo cerrado, muchas empresas han esperado un pronunciamiento. “Lo contrario es un atropello a un debido proceso y a un derecho de petición”, según Morán.
En varias ocasiones los viceministros de minas dijeron que había un proceso de depuración del catastro y de procesamiento de las peticiones pendientes, incluso en dos ocasiones afirmaron que se había cumplido con el 80%. Pero se desconoce si a la final, se trata de solicitudes que han llevado los peticionarios a los tribunales o simplemente el proceso continúa. ¿Hasta cuándo?
Hemos solicitado información oficial sobre el estado de este proceso de otorgamiento, todavía no nos responden.
