Los derechos de la naturaleza y la posibilidad de realizar actividades mineras en el bosque protector Los Cedros siguen en debate al interior de la Corte Constitucional que aún no ha hecho conocer su sentencia en torno al Caso N. 1149-19-JP.
Ya se han presentado alrededor de medio centenar de amicus curiae, unos a favor y otros en contra de la actividad minera; y los escritos en torno a la riqueza biológica de esta zona siguen ofreciendo fuentes para enriquecer el conocimiento de la ciudadanía en torno a la importancia de conservar el bosque.
Los magistrados de la Corte, por su parte, también requieren más información de los protagonistas de este caso.
La semana que pasó le dieron 72 horas de plazo al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables para que entregue los expedientes íntegros de las concesiones Río Magdalena 1 y Río Magdalena 2.
El ministerio tuvo problemas para cumplir con el plazo. El director de Patrocinio Legal y delegado del ministro le informó del pedido al director jurídico de Minería que, a su vez, lo derivó al subsecretario de Minería Industrial.
Este funcionario no tenía el expediente y transfirió el pedido al coordinador de la Zonal Norte. Mientras tanto, corrían las horas, se vencía el plazo y el delegado del ministerio debió pedir a la Corte Constitucional “una prórroga razonable para la remisión de los documentos”. Vía Minera no sabe en qué terminó tanto papeleo.
Eso no es todo. A la Empresa Nacional Minera EP y al Ministerio del Ambiente y Agua, MAAE, les dieron también 72 horas de plazo para que justifiquen el cumplimiento de la sentencia de acción de protección No. 10332-2018-00640 emitida el 19 de junio de 2019 por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura.
Los abogados de Enami EP no justificaron nada y resolvieron el caso de otro modo. En su opinión la sentencia aludida no dispuso el cumplimiento de ninguna disposición o medida en particular.
Un caso parecido es el pedido de la Corte Constitucional al MAAE solicitándole que presente un informe documentado sobre la planificación y realización de la consulta ambiental, establecida en el artículo 398 de la Constitución, desarrollando como mínimo la forma cómo se desarrolló la consulta ambiental, cuáles fueron las comunidades consultadas, la indicación de las autoridades consultantes, las fechas en las cuales se realizó la consulta y los mecanismos de recepción y sistematización de criterios de las comunidades.
Los abogados del MAAE cortaron por lo sano y después de invocar acuerdos y dispositivos legales concluyeron que las leyes señalan que solo las actividades de mediano y alto impacto deben realizar el proceso social y como las actividades de bajo impacto no requieren de procesos sociales… En consecuencia, dijeron, como no se realizó el proceso de participación social no podían tener los expedientes que les pedían.
Al Ministerio del Trabajo los jueces le han solicitado se les indique el número de personas que trabajan para Comerstone y que laboran en las concesiones mineras ubicadas en Cotacachi.
Perjuicio económico
En el amicus curiae presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas se indica una valoración de lo que significaría no hacer minería en los bosques protectores. Dicen ellos que “se estima una falta de recaudación por conceptos de patentes de conservación, regalías mineras y utilidades mineras de alrededor de USD 183 millones anuales, sin considerar los impuestos establecidos en la normativa tributaria vigente, tales como el pago de IVA, del impuesto a la renta y el ISD.
Por patentes de conservación, USD 7 millones anuales; por concepto de regalías: USD 64 millones anuales y por utilidades Mineras: USD 112 millones anuales.
Ellos recuerdan que la ley dispone que el 60% de las regalías se destinen al financiamiento de proyectos sociales y que el 100% de las utilidades mineras que le corresponden al Estado tienen que destinarse al mismo fin.
Estiman afectaciones a las exportaciones mineras de alrededor USD 1.285 millones anuales, considerando el promedio de exportaciones de Fruta del Norte, Río Blanco, Loma Larga y la pequeña minería y que se eliminarían alrededor de 15 mil empleos adecuados directos e indirectos; “lo que significa un empobrecimiento de la población, menos aportaciones al IESS, menos consumo en negocios locales, menos pagos tributarios”.
