Segunda entrega
En esta parte de nuestra reseña, recogeremos los escasos datos que permiten identificar los flujos de pagos de la industria extractiva y su producción, exportaciones, y un tema muy actual para la Iniciativa EITI, la divulgación pública de los beneficiarios finales.
Entonces, continuamos con el resumen del segundo lnforme Ecuador dentro de los parámetros de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), publicado recientemente y anunciado por la red social X el pasado 17 de diciembre (https://x.com/RecNaturalesEC/status/1869052974733070685/photo/1).
En cuanto a la producción minera, el Informe tampoco aporta mucho, solo los datos de las dos minas a gran escala, la pequeña minería es invisible. Pero hay que considerar que de las 30 compañías más “significativas del sector minería” enlistadas en la página 38, solo las empresas Lundin Gold y Ecuacorriente, están adheridas a la Iniciativa.
En una tabla con datos del Banco Central del Ecuador (BCE) se incluye: producción de mena en toneladas, oro doré en onzas troy, concentrado de cobre en toneladas y las cifras globales de “minerales de oro y concentrados” en millones de dólares. Con lo que no se puede diferenciar cuánto concentrado de oro produjo la mina Fruta del Norte (Lundin Gold) ni cuánto concentrado de cobre produjo la mina Mirador (Ecuacorriente).
De 651 millones de dólares en 2022 a 684 millones de dólares en 2023, son las cifras globales de producción.
Algunas cifras e ítems de exportaciones
En relación a las exportaciones, el Informe también recoge los datos del banco central, que según se indica, se basan en los datos de la Agencia de Regulación y control Minero, Arcom.
El oro, dice, es el que más se exportó: aumentó del 68,1% (sic) en valor entre 2022 y 2023, “debido a un aumento en el precio unitario”. Después se lee que el dato corresponde solo a la pequeña minería, pasando de 751 millones de dólares en 2022 a 1,26 mil millones en 2023. Las exportaciones de la minería a gran escala en 2022 constan a US$ 2020 millones y en 2023 alcanzan US$ 2070 millones.
Ahí figuran los precios promedio, del oro, no de los concentrados. El precio internacional de la onza troy de oro en 2022 consta a 1,80 dólares y en 2023 a 1,94 dólares. En 2023, los minerales con mayor exportación fueron el oro en doré (US$ 1.391 millones), el concentrado de cobre (US$ 1.238,3 millones) y los minerales de oro y concentrados (US$ 684,1 millones).
En particular, señala, “ese año se exportaron 874 mil onzas troy de oro doré, lo que representa un incremento del 53,5% en comparación con el volumen de 2022. Este aumento del 68,1% (sic) en valor se debe al incremento en el precio unitario de comercialización de este mineral. Cabe resaltar que el oro ecuatoriano mostró un crecimiento anual positivo, a pesar de que a nivel mundial hubo una disminución en la demanda de oro (-11,8%), influenciada por una menor compra por parte de los bancos centrales”.
También constan las exportaciones de plata, concentrados de plomo y cobre, concentrado de zinc y otros productos mineros, en millones de dólares.
En otra tabla en la página 102, se reúnen las Exportaciones por producto y país de destino, 2022 y 2023 (en toneladas y miles de US$). Ahí constan los pesos netos y valores FOB de: oro, plata, concentrado de cobre y plomo (sic), concentrado de zinc y otros productos mineros.
En esta sección tampoco aparecen las exportaciones de la pequeña minería, pese a que es la generadora de aproximadamente un tercio de las cifras del sector en valor. Sin embargo, sí constan con sus activos y patrimonio en la página 38, entre las 30 empresas más significativas del sector, solo que tampoco están adheridas a EITI. Por favor, ver la tabla 5.
Flujos al fisco de la minería
En cuanto a ingresos fiscales productos de la actividad minera, entre 2022 y 2023, los ingresos totales incrementaron en US$ 92 millones (13,7%), pasando de US$ 671 millones a US$ 763 millones, considerando impuesto a la renta, IVA, participación de utilidades, patentes de conservación, ISD y otros rubros.
En cuanto a los ingresos no tributarios, el incremento fue del 2% con base en un crecimiento de las regalías: de US$ 100 millones en 2022 a US$ 102 millones en 2023.
Se anota también por un lado que: de acuerdo a la ley le corresponde al Servicio de Rentas Internas, SRI la recaudación “del ´ajuste soberano´, pero no se encuentran registros específicos de este gravamen”. Luego se anota también que el “impuesto soberano no se ha pagado todavía ya que el flujo acumulado de beneficios traídos al valor presente aún no es superior al 50%”.
A continuación, en cuanto al requisito 4.10 de EITI: la información sobre los costos de producción e inversión, no existe información alguna y apenas señala el informe: “La información sobre los costos de producción e inversión es limitada y no está desglosada por proyecto”. En relación con una parte de las inversiones, Vía Minera publicó recién una corta nota: https://www.viaminera.com/recientes.html/#S%C3%B3lo%20el%2025%%20de%20los%20compromisos%20de
En cuanto al registro minero, que sería parte de los requisitos EITI números 2.2 y 2.4, el Ministerio de Energía y Minas tiene una herramienta para visualizar las concesiones mineras vigentes en Ecuador y cierta información sobre los titulares en formato de tabla de atributos. Esto constituye precisamente la base de datos del Catastro Minero que no solo que está cerrado desde enero del 2018 (no desde el 2019), sino que no se descarga.
Cabe anotar que en este portal, y esto no es nuevo pero sí ha sido reconocido como muy positivo para la transparencia por estándares como EITI, es posible encontrar información parcial sobre la ubicación de las concesiones mineras. Allí se puede encontrar la siguiente información en un mapa interactivo: código catastral; nombre la concesión; titular como persona natural o jurídica; fase del recurso natural; fecha de inscripción; plazo en meses; Ubicación desagregada por provincia, cantón y parroquia; mineral de interés; estado actual; superficie; tipo de mineral, sea metálico o no metálico; y régimen.
Cabe anotar que se advierte que no se puede asegurar la calidad de la información que se encuentra en el portal pues la última actualización fue en 2020, agrega el Informe.
Ausentes los beneficiarios finales
Finalmente, con la última esperanza de que algo sustancial se haya transparentado en este Informe país: fuimos a ver lo que corresponde al requisito N° 2.5, que se refiere a la transparencia de los beneficiarios finales de las empresas extractivas. Si bien es cierto que esta vez las definiciones en el Informe se ajustan al estándar, cabe anotar que todavía se queda en definiciones y ninguna data.
Este es un requisito fundamental en estos tiempos ya que permite conocer los propietarios reales de las empresas, un conocimiento que al transparentarse “ayuda a prevenir la corrupción, el lavado de activos y otras prácticas ilícitas”.
Los beneficiarios finales, nos dice el Informe, son las personas naturales que, directa o indirectamente, poseen o controlan más del 10% del capital social de una empresa extractiva o tienen la capacidad de ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones.
Agrega que, según las normas internacionales (del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI), un beneficiario final puede ser quien tenga el control de una empresa, no solo por participación accionaria, sino también por otros mecanismos.
Y pasa a animarnos a buscar en el portal de la Superintendencia de Compañías la información disponible no sin antes advertirnos que “el marco de beneficiarios reales de esta entidad no se alinea plenamente con el Requisito 2.5 del Estándar EITI, ya que no aborda los mecanismos de control más allá de la participación accionarial, tampoco parece considerar los umbrales de propiedad y las obligaciones de presentación de informes para las personas políticamente expuestas”. Pero además, sin el nombre local de una empresa, ahí no es posible encontrar información. En caso de sospecha, por ejemplo, sobre conflictos de interés de funcionarios, no es posible encontrar una empresa a través del nombre de un posible accionista.
Sin embargo, cabe destacar que el capítulo incluye los cambios normativos en distintos organismos para avanzar en la transparencia y acceso público a la información sobre los beneficiarios finales, con sus limitaciones: el Servicio de Rentas Internas, página 86; la Superintendencia de Compañías y el Servicio Nacional de Contratación Pública, página 87. Las condiciones del Servicio Nacional de Aduanas (Senae) son otras, página 102, ya que la Declaración Aduanera de Exportación es restringida, excepto para el SRI.
Otro dato muy interesante que compartimos con nuestros lectores interesados en la transparencia: “Se ha identificado a https://wallmine.com como una fuente de información para conocer a los principales ejecutivos de las empresas del sector extractivo que cotizan en bolsa. Esta plataforma, con un interfaz en español e inglés permite buscar compañías por su nombre o código bursátil facilitando la identificación de sus líderes. No obstante, para maximizar su uso, es necesario disponer de un directorio completo de empresas y sus respectivos códigos en diferentes bolsas”.
Participación en la aprobación del Informe
Como se ha señalado, la Iniciativa EITI se basa en un modelo de múltiples partes interesadas reuniendo a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas del sector extractivo: petróleo, gas y minería. En junio de 2020 se creó el “grupo multipartícipe” y en octubre 2020 Ecuador fue aceptado como país implementador del estándar.
Los miembros del grupo, según el Informe son cuatro representantes del Ejecutivo, seis de fundaciones quiteñas y ocho de las industrias con sus suplentes. Los grupos de industria y de la sociedad civil tienen lo que llaman grupos ampliados que les apoyan y en el caso de la sociedad civil son una facultad de Ciencias de la Tierra de Quito y dos oenegés internacionales.
Uno de los gremios de profesionales del campo de las ciencias y tecnologías que se incorporó hace poco en el Grupo, el Colegio de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Zona Norte, no participó en la aprobación.
Por otro lado, el tema del Catastro Minero fue uno de los motivos para que la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma) que consta en el Informe como suplente en el grupo de sociedad civil, decida su salida de la Iniciativa EITI. En boletín de prensa del 3 de marzo, ellos afirmaron como una falla estructural en el documento: “Opacidad en el catastro minero: Desde el cierre del sistema en 2020 (sic), el 92% de las concesiones mineras operan sin coordenadas verificables, lo que infringe el derecho constitucional al acceso a la información ambiental (Art. 398)”.
Y así dan por terminada su participación en EITI: “Ante la verdad irrefutable de la profundización de la minería en el Ecuador, pese a las graves violaciones de derechos humanos y de la naturaleza, Cedenma ha tomado la decisión en Asamblea de salirse públicamente como miembro de EITI, al estar en desacuerdo con el Informe presentado”.
Las dos páginas de recomendaciones finales de este segundo informe país, más bien parecen dilucidar el arduo e interdisciplinario camino por recorrer, sobre todo si consideran dejar de lado la descripción y pasar a revelar los datos reales y relevantes de los procesos extractivos. Si solo les falta marcar la ruta para que avance en transparencia la iniciativa EITI en Ecuador, será para el próximo informe. EITI internacional ya dos veces les extendió los plazos que antes eran estrictos, una de las características que hizo muy conocido y respetado a este estándar entre muchos en el mundo.
