Distintas instituciones de la sociedad ecuatoriana están realizando diversos esfuerzos para contar con observatorios que monitoreen lo que viene ocurriendo en el sector minero ecuatoriano.
La intención no es nueva. Hace muchos años que la Universidad Técnica Particular de Loja formó un Observatorio de Conflictos Ambientales que, básicamente, trató de seguir de cerca los conflictos que provocaba la minería en el sur del país. Es dirigido por la abogada María Beatriz Eguiguren y sus publicaciones dejaron de salir el año pasado.
Algo parecido sucede con el Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador, una iniciativa que nació en la Maestría de Investigación en Estudios Socioambientales del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de Flacso Ecuador. La mayoría de conflictos identificados estaban relacionados con la minería y un par con la extracción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Sus informes también están descontinuados.
Algunas personalidades conocidas por el papel protagónico que tuvieron en la minería ecuatoriana vienen tratando de armar sus observatorios con el apoyo de las empresas del sector. Han tocado las puertas de embajadas con asiento en el Consejo Consultivo Público Privado constituido al amparo del Decreto 151 y si consiguen los fondos que buscan, seguramente pronto empezarán a publicar sus primeros reportes.
Otras ONG -una con mediana presencia en Ecuador y otra sin muchos conocimientos pero con mucha audacia y más dólares- también procuran conformar observatorios de la minería ecuatoriana.
Un equipo multidisciplinario de profesionales de las ciencias sociales y del espacio acaba de constituir Mining Context Ec, una institución que ha generado ya un informe sobre el impacto que tendría la minería en uno de los cantones del Azuay.
Existe además el Observatorio Ciudadano de la Política Pública Contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo Minero vigente; una instancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que desde su creación es dirigido por el ingeniero Oswaldo García, en su momento presidente del Colegio de Ingenieros Químicos que a fines del año 2019 consideró indispensable que el país cuente con el observatorio.
Vía Minera conversó con él en torno al trabajo realizado en este tiempo y sus planes para el tiempo que le queda al frente del observatorio.
“La primera dificultad que tuvo el observatorio fue que cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocó al ministerio sectorial a sentarse con quienes conformaron el Observatorio no obtuvo ninguna respuesta. Ni siquiera se excusó, simplemente no asistió, casi declarándose en rebeldía porque estaba siendo convocado a un proceso oficial por el órgano oficial. Fruto de ello ha sido muy difícil conseguir información desde el lado oficial, manifiesta García.
Desde su perspectiva, el Observatorio tiene que poner especial énfasis en romper la opacidad de la información oficial en temas de minería y facilitar que cualquier ciudadano tenga igualdad de acceso a la información. El rol del Estado es generar plataformas informativas para que todo ciudadano tenga igualdad en el acceso a la información del sector minero, sostiene.
Opina que propuestas como el EITI están muy bien como punto de inicio, pero en temas de transparencia deber hacerse más. Indagar, por ejemplo, qué sucedió en el tiempo que estuvo cerrado el catastro minero.
Sostiene además que dado que las propuestas del Observatorio no tienen carácter vinculante, ellos pueden hacer solicitudes a la Contraloría, por ejemplo, pero dicha entidad tiene facultades para decidir si las toma en cuenta o no.
Y respecto de los ejes de acción que va a impulsar en adelante, señala que es fundamental rescatar el Consejo Ciudadano Sectorial de Minería que estipula la Ley de Participación Ciudadana.
Otro tema pendiente es la profesionalización del sector, entendida como un mecanismo que asegure que las autoridades que toman a cargo el sector sean profesionales probos, con experiencia y conocimiento de la realidad. “Un segundo factor a tomar en cuenta es la no existencia de conflictos de intereses”, enfatiza el ingeniero García.
